0687/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0687/2019-S1 Sucre, 8 de agosto de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 25793-2018-52-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 10 de 31 de mayo de 2019, cursante de fs. 755 vta. a 760, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dolly y Enrique, ambos Rosales Montero contra Janeth Fernanda Quiroga Aparicio y Darwin Vargas Vargas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Marianela Severiche Daza, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta del referido departamento; Percy Fernández Añez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz; y, Emilene Menacho Gutiérrez, Presidenta de la Junta Vecinal del barrio "8 de Diciembre".

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 de agosto y 5 de septiembre, ambos de 2018, cursantes de fs. 215 a 234, y 237 a 249, los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la demanda ordinaria de reivindicación interpuesta por Laida Montero Melgar -de cujus de la parte impetrante de tutela- que concluyó en todas sus fases declarando probada la misma, el Alcalde del GAM de Santa Cruz -ahora codemandado- formuló incidente de nulidad, el cual, si bien fue rechazado por parte de la Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta del citado departamento -igualmente codemandada-; sin embargo, al constatar que la pretensión del incidentista estaba acompañada de documentos falsificados y fraguados, tenía el deber de denunciar dicho aspecto por el delito de uso de instrumento falsificado.

Interpuesta la apelación por parte del Alcalde del referido GAM contra el fallo de la autoridad judicial, se emitió el Auto de Vista 041/2017 de 29 de septiembre, revocando el rechazo y disponiendo la nulidad de actuados incluso hasta la admisión de la demanda; lo cual, afectó gravemente sus derechos como herederos de Laida Montero Melgar, incurriendo del mismo modo en la omisión de su deber de denunciar la utilización de documentos falsificados, por el contrario los Vocales ahora demandados al revocar la Resolución de la Jueza a quo, en base a dichos documentos, cooperaron y facilitaron su uso, omitiendo valorar las pruebas del proceso y habiendo determinado la nulidad del proceso sin que para el efecto se hubiese demostrado el derecho propietario sobre el objeto del litigio por parte del GAM de Santa Cruz; toda vez que, el registro anunciado por la autoridad edil correspondiente al Folio Real 7011050010910, que no fue presentado, tiene como antecedente dominial al propietario Agustín Gutiérrez Melgar con registro 7011050000204, cuya área restante de 369,34 m2 es la que se tenía para transferir, tradición de la que sí corresponde la expropiación, pero no respecto al área de Laida Montero Melgar cuyo antecedente dominial pertenece a Simona Galindo Rojas con Folio Real 7011050002855; en ese sentido, el Alcalde de la aludida entidad edil no demostró ser tercer interesado con interés legítimo; toda vez que, no presentó prueba alguna que evidencie que la Comuna es propietaria por expropiación del inmueble de Laida Montero Melgar.

Por su parte la Presidenta de la Junta Vecinal del Barrio "8 de Diciembre", basa su supuesto derecho en el Folio Real 7011060000790, el cual, no presenta ningún antecedente dominial, ignorándose su procedencia, indicándose simplemente que lo efectuaron como primer registro, sin demostrar este extremo.

Asimismo, los Vocales demandados no consideraron que respecto a la Ordenanza Municipal (OM) 23/81 de 23 de junio de 1981, que determinó la expropiación por causa pública; y, la Resolución Administrativa (RA) 101/85 de 12 de febrero de 1985, que ejecutó dicha expropiación previa indemnización de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) por m2, mediante la Sentencia de 3 de abril de 1997, se ordenó que al haberse incluido dentro de la indicada Resolución Administrativa los predios de Laida Montero Melgar, la misma habría sido fraguada; por lo que, dispuso que la "Alcaldía Municipal" no emita ninguna minuta respecto a los referidos terrenos; en ese sentido, al haberse procedido a la nulidad de actuados en base a esos documentos, el Tribunal ad quem no revisó los elementos probatorios pertinentes, incurriendo en una incongruencia citra petita al no valorar las pruebas del proceso, asumiendo su decisión en base a un derecho de propiedad inexistente, omitiendo de forma dolosa valorar las pruebas que demuestran la falsedad de los citados documentos utilizados en el incidente, aspecto que repercutió en la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista impugnado, cuando en atención a ello más bien debieron remitir actuados ante el Ministerio Público.

También sostiene que tanto el referido supra Alcalde demandado como la Presidenta de la Junta Vecinal del Barrio "8 de Diciembre", restringieron su derecho a la visación de planos y registro en el GAM de Santa Cruz, bajo el fundamento y utilización de instrumentos falsificados, aduciendo que a partir de la OM 070/99 de 23 de octubre, que a su vez se basa en la OM 23/81, no pueden dar curso a dicha visación e inscripción de la propiedad como herederos, pese a tener plano de urbanización aprobados.

En ese sentido, consideran que los Vocales demandados no fundamentaron en base a qué derecho propietario aseveran que la Comuna expropió el área de Laida Montero Melgar del que ahora sería propietario por efecto de la OM 23/81; igualmente, no corroboraron aun sea falsificado que el derecho propietario de Laida Montero Melgar esté inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) a favor del GAM de Santa Cruz por efecto de las resoluciones que alegan; tampoco, refirieron acerca de que los Folios Reales 7011050010910 corresponde a otra persona y el antecedente o dominio como tracto sucesivo era de Gutiérrez Melgar Agustín según el 7011050000204 y no de Laida Montero Melgar numerados como 7011050002855 vigente que no fue afectado ni expropiado como lo corrobora la OM "23/85" y la RA 101/85 original donde no están incluidas las Unidades Vecinales 149 y 150; además, no "fundamentaron" sobre las pruebas ofrecidas como el Folio Real 7011050010910, la OM 23/81 refiere que, dentro del área expropiada no se encuentra el terreno de Laida Montero Melgar; y, finalmente, no evidenciaron la existencia de perjuicio, al no haber demostrado el "Alcalde" un derecho de propiedad idóneo, sino simples conjeturas, no estableciendo en base a qué derecho de propiedad se determinó anular obrados, emitiendo a partir de ello una resolución extra petita, al disponer la anulación de obrados y que se acuda a la vía contenciosa administrativa sin que el derecho propietario de Laida Montero Melgar haya sido afectado con la expropiación, actuando igualmente de forma citra petita al no manifestarse sobre el Folio Real 7011050010910 de Agustín Gutiérrez Melgar, quien es el propietario afectado y expropiado; por lo que, a partir de esta nulidad de obrados no solo se anuló el proceso sino su derecho propietario en base a un supuesto derecho de la "Alcaldía" que no está relacionado al de Laida Montero Melgar.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La parte peticionante de tutela, considera lesionado sus derechos a la propiedad, a la sucesión hereditaria, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones y a la valoración de la prueba; y, a la defensa; citando al efecto los arts. 56.I y III, 115, 116, 117, 119, 129 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 17.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 21.1 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

I.2. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional