Texto del fallo
Sintesis del caso
El accionante denunció la lesión de sus derechos políticos, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad de las partes, a la presunción de inocencia y a la “seguridad jurídica”, señalando que:
- 1)Por RA 009/2018, se dispuso la restructuración del Consejo de Administración, apartándolo del cargo de Presidente, sin previo proceso, habiéndose omitido su notificación con dicha decisión;
- 2)El Consejo de Administración ilegalmente conformado, convocó a una Asamblea General Ordinaria, en la cual, modificando el orden del día, consideró un informe sobre su inasistencia, procediendo a su expulsión como miembro del Consejo de Administración, emitiéndose para el efecto el Acta 038/2018, que fue remitida a la AFCOOP;
- 3)La AFCOOP a través de su Director General Ejecutivo, emitió la RA 0462/2018, por la que aprobó la reestructuración temporal de la COOPLAN Ltda., por noventa días calendario, desconociendo la elección de autoridades y sin resolver su recurso de revocatoria hasta el vencimiento del plazo establecido para el efecto, dictando la RA 939/2018, por el que amplió el plazo temporal por otros noventa días más, ratificando a los Consejeros designados por restructuración; y,
- 4)Interpuesto el recurso jerárquico, se emitió la RM 1004/18, por la que el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmó totalmente la RA 761/2018 y consecuentemente la RA 0462/2018, validando con ello las irregularidades cometidas.
Sintesis de la ratio decidendi
Se deniega la acción de amparo constitucional, por incumplimiento de requisitos de admisibilidad.
Extracto de la ratio decidendi
FJ.III.2. “Ahora bien, en el razonamiento jurisprudencial mencionado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace hincapié en la importancia del petitorio de la acción de amparo constitucional, el cual debe ser formulado de manera expresa y en términos claros; señalando además, que el mismo debe encontrarse directa e íntimamente relacionado con los hechos de la causa, lo que implica la existencia de una correspondencia entre ambos, pues solo de esa manera se determinará y delimitará la concesión de la tutela buscada; en ese sentido, el petitum se constituye en un aspecto relevante, debido a que el Juez o Tribunal de garantías, únicamente podrá conferir lo que se le hubiere pedido. Asimismo, para la resolución del presente caso, se debe considerar que de acuerdo a la línea jurisprudencial establecida por esta Sala Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, tratándose de procesos judiciales o administrativos, la jurisdicción constitucional tiene limitada su intervención a efectos de la revisión de los fallos emitidos, pues únicamente debe analizar los supuestos de vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales denunciados, a partir de la Resolución de cierre o de última instancia recursiva, pronunciada por las máximas autoridades que forman parte y conocen de dichos procesos; al no constituir este Tribunal en una etapa recursiva adicional de los mismos, dado que de acuerdo con los principios de pertinencia y congruencia, son las llamadas a revisar las resoluciones emitidas por las instancias inferiores y que se encuentran facultadas por ley para corregir, restablecer, reparar y/o anular las vulneraciones denunciadas. Bajo ese contexto, en el presente caso y tal como se tiene señalado, no existe un pedido expreso en relación a la resolución de última instancia del ámbito administrativo activado por el accionante, la misma que como también se tiene indicado, se constituye en la única decisión que este Tribunal debe revisar a fin de establecer la concurrencia o no de la posible lesión de derechos y garantías; en ese sentido, esa omisión por un lado, impide que este Tribunal pueda efectivizar las facultades inherentes a su competencia constitucional, y por otro, denota la inexistencia de una relación directa entre la causa petendi, constituida por los hechos denunciados y los derechos presuntamente conculcados, con el petitorio de la acción de defensa, que resulta inexistente en el presente caso, situación discordante entre estos elementos esenciales de la pretensión, que imposibilita a que pueda resolverse de manera adecuada lo demandado en la acción de amparo constitucional. En definitiva, se tiene que al no haberse cumplido con el requisito de contenido de la acción de amparo constitucional, por la ausencia de un petitorio expreso y preciso con relación a la determinación asumida en última instancia por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social en la RM 1004/2018 y al no haberse demostrado su vinculatoriedad o la relación de causalidad con los hechos denunciados y los derechos presuntamente conculcados, este Tribunal se encuentra impedido de analizar el fondo de la problemática expuesta por el accionante, correspondiendo en tal sentido, denegar la tutela solicitada por medio de esta acción tutelar”.
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0688/2019-S4 Sucre, 28 de agosto de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 28326-2019-57-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 32 de 28 de febrero de 2019, cursante de fs. 467 vta., a 470, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Román Agustín Vargas contra Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social; Fernando Fuentes Daza, Director General Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP); Valentín Flores Yucra, Presidente, Rolando Céspedes Madril, Vicepresidente; Gustavo Téllez Márquez, Secretario y Alisson Hilda Vidal Ortiz, Tesorera, miembros del Consejo de Administración; Ángel Paz Ardaya, Presidente; Blanca Tueros Suárez, Secretaria de Actas y Elviz Eriberto Ramírez Callapa, Vocal, miembros del Consejo de Vigilancia, todos de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Plan Tres Mil Limitada (COOPLAN Ltda.).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales de 29 de noviembre de 2018, cursante de fs. 119 a 129 vta.; y, de subsanación presentado el 16 de enero de 2019 (fs. 136 a 140 vta.), el accionante, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Conforme al Acta 84/17 de 27 de agosto de 2017, relativa al cierre de las elecciones de los Consejos de Administración y Vigilancia correspondiente a la gestión 2017-2020 de la COOPLAN Ltda., se evidencia que fue elegido y designado como Presidente del Consejo de Administración de dicha Cooperativa, acto eleccionario cuya validez fue acreditada por el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, siendo posesionado el 9 de septiembre de 2017, por el Presidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Santa Cruz (FEDECAAS); posteriormente, el 20 de octubre del mismo año, por Resolución Administrativa (RA) 450/2017, la AFCOOP inscribió la renovación de los Consejos de Administración y Vigilancia, estableciendo que sus miembros durarían en sus funciones tres años; pese a ello, el 23 de febrero de 2018, se procedió a su desconocimiento y lesión de derechos como Presidente, ya que en una reunión extraordinaria, ambos Consejos de forma ilegal y arbitraria emitieron la Resolución 009/2018, procediendo a reestructurar el Consejo de Administración, quedando como Vocal de la misma, apartándolo del cargo de Presidente sin previo proceso sumario administrativo como lo establece el art. 17 del Estatuto de la Cooperativa y la Ley General de Cooperativas -Ley 356 de 11 de abril de 2013-; aclarando que no fue notificado con dicha decisión, vulnerándose sus derechos.
El 1 de marzo de 2018, el ilegal Consejo de Administración convocó a una Asamblea General Ordinaria, firmada por Valentín Flores Yucra, como Presidente, quien usurpando funciones fijó para el 24 del mes y año indicado, con el respectivo orden del día; una vez instalada la Asamblea, se pusieron en consideración los cinco puntos a tratarse y con el uso de la palabra, el Secretario de Actas dio lectura nuevamente a la convocatoria, momento en el cual, Rolando Céspedes Madril solicitó se modifique el orden del día, incluyendo el punto relativo al informe y aprobación de resoluciones administrativas del Consejo de Administración, sin que los asociados asistentes hubieran pedido la inclusión de este punto, vulnerando el art. 44 del referido Estatuto; es así que una vez modificado el orden del día, se dio lectura a la RA 013/2018 de 21 de marzo, donde se informó sobre las faltas en que incurrió su persona, procediendo a su expulsión como integrante del Consejo de Administración de la citada Cooperativa, siendo que no fue notificado o convocado a las mencionadas reuniones; asimismo, se dio lectura a la RA 009/2018 de 23 de febrero, por la que se aprobó la reestructuración del Consejo de Administración, en la que quedó como Vocal y una vez finalizada la Asamblea emitieron el Acta 038/2018 de 24 de marzo, que fue remitida a la AFCOOP para su respectiva aprobación.
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