Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0688/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 61211-2024-123-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 31/2024 de 17 de mayo, cursante de fs. 109 a 113, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Mayra Serrano Machicado contra Magali Zaida Calderón Maldonado, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 5 de enero de 2024, cursante de fs. 16 a 20, la accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 28 de junio de 2023, fue notificada con el Auto Interlocutorio 279/2023 de 26 del mismo mes y año, mediante el cual, Magali Zaida Calderón Maldonado, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija -autoridad hoy demandada-, admitió la querella interpuesta en su contra por Julio Morales Tarqui y Teresa Mamani, por la presunta comisión de los delitos de abuso de confianza y despojo, -delitos de acción privada-.
Fue así que, el 3 de julio del precitado año, formuló objeción a la querella en cuanto a su admisibilidad, por el incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 290 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto a la ocurrencia del delito y a los elementos de convicción que hagan presumir la existencia del ilícito; asimismo, observó que los querellantes acreditaran su condición de víctimas, para cuyo efecto debían demostrar el agravio, daño o perjuicio sufrido, en ese sentido, refutó también la incongruencia de la querella, debido a que presentó relatos incompletos y no claros, que generen en su conjunto convicción de la existencia de los elementos configurativos del delito; más aún cuando los propios querellantes adjuntaron documentación referida a que ella no negó la entrega del bien inmueble; por el contrario, efectuó el reclamo de los gastos realizados, amparada en los arts. 96, 97 y 98 del Código Civil (CC), normativa que inclusive le otorga el derecho de retención del bien inmueble, lo cual constituye un óbice para la admisión de la querella. Asimismo, los propios querellantes indicaron la existencia de un proceso de reivindicación, pendiente de emisión de Auto de Vista, cuyo objeto era la reivindicación de la parte del bien inmueble que acusaron de pretender apropiarse y despojar; sin embargo, no tomaron en cuenta el carácter fragmentario y subsidiaridad del derecho penal.
Adujo también que los querellantes no indicaron ni presentaron prueba de los agravios, daños o perjuicios como elementos que acreditaran su condición de víctimas; es decir, que la querella fue objetada de manera correcta, con el propósito de contar con una demanda que permitiera ejercer el derecho a la defensa sin restricciones, sin embargo, de manera subjetiva, sesgada, vulneradora de derechos y de la normativa legal, se emitió el Auto Interlocutorio 298/2023 de 5 de julio, mediante el cual se rechazó in limine la objeción a la querella, aplicando incorrectamente el art. 315.II del CPP, ya que no se trataba de una excepción o incidente de nulidad u otros, sino de una objeción a la querella regulada por el art. 291 del mismo cuerpo normativo, con su propio procedimiento para su resolución y recurso, previsto en el art. 403 y siguientes de la Ley adjetiva penal, no obstante la lesión de la normativa citada supra, la autoridad hoy demandada negó el recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio 298/2023, aplicando nuevamente de manera errónea el art. 315 de la Ley adjetiva penal, mediante Resolución de 13 de julio de 2023, transgrediendo de esa manera el debido proceso y el derecho a la defensa.
Añadió también que la Jueza hoy demandada, al rechazar in limine la objeción a la querella en virtud del art. 315.II del CPP, vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, ya que dicha previsión legal está destinada a las excepciones e incidentes, en el marco del procedimiento previsto en el art. 314 del mismo cuerpo normativo, cuando la objeción a la querella cuenta con un procedimiento propio, previsto en el art. 291 del CPP; por tanto, se conculcó el citado precepto legal.
La vulneración precitada le ocasionó un perjuicio, debido a que limitó el ejercicio de su derecho a objetar la querella, al rechazarla in limine, sin el correspondiente trámite y decisión de fondo que, a su vez, le permitiera contar con hechos claros y precisos para ejercer plenamente su derecho a la defensa.
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