Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0689/2019-S4 Sucre, 28 de agosto de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 28314-2019-57-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 24/2019 de 21 de marzo, cursante de fs. 193 a 196 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Alfonso Quiroga García contra Teresa Roxana del Castillo Meneses, Registradora de Derechos Reales (DD.RR.).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 26 de febrero de 2019, cursante de fs. 69 a 73 vta., y de subsanación de 12 de marzo de igual año (fs. 76 y vta.) el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante Escritura Pública 1624/2014 de 15 de octubre, otorgada por Notario de Fe Pública 15, acreditó haber adquirido una propiedad en calidad de compra venta de Elena López Adrián, a través de su apoderado legal Sandalio Ayza López, de una superficie de 9 002,533 m², inscrita bajo la matrícula computarizada 4011030006621, registrando a su vez, una extensión total de 159 166,00 m². Una vez pretendida la publicidad y su registro correspondiente en la oficina de DD.RR. conforme dispone el art. 1562 del Código Civil (CC), el 11 de marzo de 2016, fue rechazada su solicitud por supuestas faltas de datos técnicos relativos a la superficie, señalando no haber lugar al ingreso de dicha escritura, pero sin aclararle que se había procedido al bloqueo de la citada matrícula.
Ante esa circunstancia, el 29 de marzo del referido año, interpuso una demanda voluntaria de Inscripción de Derecho Propietario, misma que mereció el Auto Definitivo 80/2016 de 21 de septiembre, que dispuso la notificación a DD.RR., a objeto de que proceda a la inscripción de la merituada Escritura Pública, Resolución que mediante Auto de 4 de noviembre de igual año, fue declarada ejecutoriada. De esta manera, una vez notificada a dicha repartición, la misma realizó una representación, en sentido que la matrícula, se encontraba bloqueada, sin explicar quién dispuso dicho extremo, sosteniendo seguidamente, que la misma se encontraba registrada en hectáreas y que no registraba conversión de medidas, para finalmente sostener que de la revisión de los archivos que se tenían al respecto, se pudo concluir, que los mismos, no coinciden con lo registrado en el Sistema Nacional de Registro Público (SINAREP).
Como consecuencia de dicha representación, solicitó conminatoria a efectos de que la autoridad ahora demandada, proceda a la inscripción de su derecho propietario, pero la Jueza de primera instancia, dispuso no haber lugar a cumplir dicho requerimiento, mientras no se conociera el resultado de la activación paralela que se había asumido respecto a una acción penal instaurada a denuncia de la Representación Departamental del Consejo de la Magistratura por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado e instigación a la comisión de delitos informáticos contra Elena López Adrián, a los fines de asumir una decisión eficaz y eficiente para la protección de sus derechos.
De esta manera y habiendo accedido a esperar el resultado de la acción penal referida anteriormente, una vez resuelta la misma, se ordenó la extinción de la acción por muerte de la entonces imputada, motivando a su persona, a reiterar a la autoridad judicial que ordene el desbloqueo y se proceda al registro de su propiedad, pero mediante decreto de 19 de septiembre de 2018, la Jueza de la causa, no dio curso a tal petición, en el entendido que no fue quien ordenó el bloqueo de la matrícula y que en todo caso, debía acudir a la instancia de la cual emanó esa orden.
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