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TCP

0691/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0691/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0691/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 56986-2023-114-AAC Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 047/2023 de 17 de julio, cursante de fs. 111 a 117, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elizabeth Villalpando Canaviri contra Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y 90 a 102, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de junio de 2022, formuló denuncia ante el Ministerio Público en contra de Marcelo Genaro Canaviri Flores, Ramiro Fabián Canaviri y Ramiro Canaviri, por violencia psicológica; puesto que, el 26 de abril de 2022, Fabián Canaviri le echó agua burlándose y diciendo que no era su casa, mientras que Marcelo Genaro Canaviri la grababa; además, el padre de estos, Ramiro Canaviri, le insulta a diario; sin embargo, pese a que existía abundante prueba -certificados psicológicos, informes policiales, testimonios, fotografías y una anterior acción amparo constitucional que reconoció el maltrato-, el Ministerio Público rechazó su denuncia, a pesar de que no era la primera vez que ejercían violencia; siendo que, ya hay un proceso penal en curso por violencia en contra de uno de los denunciados; en consecuencia, sus agresores continuaron hostigándola, e incluso le iniciaron un proceso penal por difamación; asimismo, precisó que no pudo acceder a la justicia por manipulación de pruebas y presuntos favores recibidos por el Ministerio Público; ya que, no se valoró la prueba que aportó, la cual acreditaba la conducta agresiva.

En ese contexto, el 22 de febrero de 2023, Gabriela Calderón Claros, Fiscal de Materia, emitió Resolución de Rechazo alegando falta de prueba; pese a que, enumeró la prueba existente, atribuyendo el problema a un conflicto por el inmueble; sin embargo, en una anterior acción de amparo constitucional de enero de 2023, los Vocales constitucionales, visualizaron los videos que demostraban la conducta violenta de los denunciados; no obstante, la referida Fiscal, pese ser notificada como tercera interesada, no asistió a la audiencia a pesar de que era relevante; por lo que, el Ministerio Público no valoró dicha documental, ni consideró la de 3 octubre, la cual indica que ningún caso de violencia debe ser rechazado.

Asimismo, se intentó obligarla a someterse a cámara Gesell; y, del considerando de la Resolución jerárquica -FDP-T.O.R./R.CH.G 68/2023 de 21 de marzo-, emitido por Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí -ahora demandada- se tiene que pretendieron hacerla ver como una mentirosa ante su inasistencia, utilizando ello como argumento de rechazo, a pesar de ser un acto voluntario; además, no estaba apta para declarar; por lo que, el Ministerio Público no consideró ninguna de las pruebas que presentó, en especial considerando que se negaron a recepcionar los videos de hechos de violencia.

En esa línea, faltando a la verdad y sin valorar integralmente la prueba, se afirmó que no se recabaron elementos de convicción suficientes para imputar a los demandantes, pese a la existencia de varios informes psicológicos, entrevistas policiales y otra documentación que evidenciaba la violencia. De igual forma, denunció influencia por parte de los demandados en los informes de la psicóloga y de los investigadores, quienes modificaron sus reportes; no obstante, que otros informes del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), y una institución privada acreditaron su estado de estrés; en ese contexto, la resolución jerárquica no mencionó ni valoró la prueba que presentó, siendo incluso más deficiente que la resolución de la Fiscal de Materia.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

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