0694/2019-S1

El referido órgano jurisdiccional emitió la Sentencia 315 de 11 de agosto de 2015, que declaró probada la demanda, ordenando que la UAGRM pague en favor de los demandantes, la suma de Bs2 495 495,80.- (dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco 80/100 bolivianos), por concepto de desahucio, indemnización, vacaciones, aguinaldos y multa del treinta por ciento; planteado el respectivo recurso de apelación, la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 140 de 1 de septiembre de 2016, que revocó la Sentencia impugnada, declarando improbada la demanda de Gloria Isabel Leaños de Franco, Nevy Lourdes Molina Gómez de Guzmán, Lucrecia Soberón Menacho de Kinn y Freddy Nicolás Castro Franco, y la declaró probada en parte con relación a Beatriz Suarez Seoane, Roberto Alejandro Vargas Gamez y Mario Campos Barrera, únicamente en cuanto al pago de aguinaldo y bono de antigüedad, disponiendo el pago de la suma global de Bs69 590,42.- (sesenta y nueve mil quinientos noventa 42/100 bolivianos); contra esta determinación, los demandantes interpusieron recurso de casación, con tres argumentos:

1. a)Denunciaron la violación de los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE), porque el Tribunal de apelación no hubiera valorado integralmente su prueba de cargo;
2. b)Errónea aplicación del principio de verdad material y de la primacía de la realidad, porque el aludido Auto de Vista se pronunció únicamente sobre la base del informe de fs. 130 a 132 (se refiere al expediente original), elaborado tres meses después de presentada la demanda, contraviniendo el Auto Supremo 195 de 27 de mayo de 2011; y,
3. c)Se interpretó erróneamente los arts. 13 y 15 de la Ley General del Trabajo (LGT), por la exclusión del derecho a la indemnización que solo procedería en caso de extinción total de la relación laboral; previa admisión, fue resuelto por Auto Supremo 04 de 23 de enero de 2018, que resolvió casar el Auto de Vista impugnado manteniendo subsistente la Sentencia 315 mas su Auto Complementario 1562 de 22 de octubre de 2015, con la modificación que se declara probada en parte la excepción de prescripción respecto a los aguinaldos del 2003 y 2004 correspondiente a Mario Campos Barrera, conforme a la respectiva liquidación, complementado por Auto de 14 de marzo de 2018, que impuso además el pago de la multa del literal y la actualización en unidades de fomento a la vivienda conforme al art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006.

Adujó que los Magistrados -hoy demandados- lesionaron el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, incurriendo en:

1. 1)Fundamentación insuficiente, al no indicar en qué norma basaron el criterio en sentido que la "doble relación laboral" (sic) sería una ficción porque las funciones de docencia y administrativa serían diferenciables la una de la otra;
2. 2)Fundamentación incongruente, sobre la base de la premisa infundada de la existencia de una "doble relación laboral" (sic), resolvieron que procede el pago de la indemnización; empero, el pago del desahucio equivalente a tres sueldos se sustenta en un despido injustificado, a fin que el trabajador en esos tres meses de cesantía pueda obtener una fuente de ingresos, siendo contradictorio que se declare la certeza de la subsistencia de la relación laboral, y paralelamente declarar el pago de un desahucio en favor de quienes no entrarán en cesantía, desnaturalizando la finalidad de este derecho;
3. 3)Fundamentación incongruente, por cuanto reconocieron que conforme al art. 36 del DS 21137 de 30 de noviembre de 1985, se encuentra prohibido el pago anticipado de beneficios sociales a funcionarios de empresas y entidades públicas, y por el contrario, ordenan que la UAGRM proceda al referido pago sin que concurra el retiro efectivo, en favor de trabajadores que tienen relación laboral vigente;
4. 4)Fundamentación insuficiente, puesto que el Auto Supremo 263 de 25 de julio de 2016, estableció que no procede al pago de beneficios sociales mientras la relación laboral no se extinga, jurisprudencia de la que se apartaron sin sustento legal; y,
5. 5)Fundamentación incongruente, al señalar que el Auto Supremo 04, constituye una modulación del AS 263/2016 de 25 de julio, este último no es similar, dado que el demandante Hugo Franco Paniagua continuó trabajando para la aludida Universidad luego de lo que él consideró como un despido indirecto, empero, no era al mismo tiempo funcionario administrativo; motivo por el cual, la remisión a dicho precedente, ni siquiera debió haberse mencionado.