Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0694/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 52473-2023-105-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 272/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 180 a 188 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nicanor Choque Quinteros en representación legal de Abraham Quispe Aruquipa y Elvira Flores de Chuquimia contra Marcela Alejandra García Terceros, Registradora de la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 17 y 26 de agosto de 2022, cursantes de fs. 50 a 69 y 71 a 90, los accionantes manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Son propietarios del bien inmueble registrado bajo la matrícula 2.01.0.99.0246447 "...ubicado en la Región de LLojeta de esta ciudad, de una superficie de 836195,36 m2, con antecedente dominial: Partida WANG: 1408139, Partida WANG: 1408138, Partida WANG: 1408142, Partida WANG: 1408141 y Partida WNAG: 1408140" (sic), respecto de dicho inmueble, mediante Escritura Pública 179/2017 de 17 de diciembre, uno de ellos -Elvira Flores de Chuquimia- obtuvo un préstamo por la suma de $us200 000.- (doscientos mil dólares estadounidenses) otorgado por Román Laura Fernández y Nicanor Choque Quinteros, constituyendo como garantía una hipoteca sobre ese bien inmueble, gravamen inscrito en DD.RR. mediante el trámite 3132261, con registro el 20 de febrero de 2020.
No obstante, el 21 de marzo de 2022, al intentar efectuar gestiones relacionadas con el inmueble, fueron informados por funcionarios de dicha entidad que la matrícula de referencia se encontraba bloqueada; situación que, impedía tanto recabar una información rápida como la realización de cualquier acto jurídico sobre el predio. Frente a ello, el 23 del mismo mes y año, Román Laura Fernández y Nicanor Choque Quinteros presentaron una solicitud ante Marcela Alejandra García Terceros, Registradora de la oficina de DD.RR. del departamento de La Paz -hoy demandada-, requiriendo se informe sobre las razones que motivaron el bloqueo y se disponga su levantamiento; sin embargo, mediante Nota Cite: OF. Sec. DD.RR. 110/2022 de 28 de marzo, se les comunicó que su petición no podía ser atendida hasta no contar con los resultados de una auditoria informática y, adicionalmente, que el bloqueo tendría origen en una denuncia atribuida a Osman Ricardo Calle Paco.
En ese sentido, acuden a la justicia constitucional, denunciando la vulneración de sus derechos a la propiedad privada -por haberse restringido el ejercicio de actos de disposición sobre el inmueble-, y a la defensa, considerando su condición de personas adultas mayores. A tal efecto sostienen que, la Registradora de DD.RR. demandada dispuso arbitrariamente el "BLOQUEO" de la Matrícula computarizada 2.01.0.99.0246447, configurando una vía de hecho y una sanción anticipada, al no existir sustento jurídico que legitime dicha medida; ya que, fue dispuesta sin resolución administrativa o judicial que la respalde y sobre la denuncia atribuida a "Osmar" -lo correcto es Osman- Ricardo Calle Paco cuya existencia legal no se encuentra registrada conforme a la certificación del Servicio de Registro Civil (SERECI) 7130/2022 de 12 de mayo; asimismo, el Decreto Supremo (DS) 27957 -de 24 de diciembre de 2004- no establece un procedimiento para la tramitación de denuncias ni faculta a la Registradora de DD.RR. demandada para disponer el bloqueo de matrículas, pues los arts. 89 y 90 del referido decreto, no confieren dicha atribución, conforme la línea jurisprudencial establecida por las , y 0082/2021-S2 de 4 de mayo, conforme a la cual, ante la existencia de irregularidades correspondería acudir a las instancias competentes para la adopción de las medidas preventivas que correspondan, sin imponer directamente restricciones sobre el derecho propietario, lo cual incluso se encuentra prohibido conforme la Comunicación Interna "DR.NAL.DDRR" de 2 de diciembre de 2020, emitida por la Dirección Nacional de DD.RR.; finalmente, la medida fue dispuesta y ejecutada sin que se les hubiera comunicado previamente ni con posterioridad, impidiéndoles ejercer su derecho a la defensa mediante la presentación de descargos u observaciones
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunciaron la lesión de sus derechos a ser personas adultas mayores y tener una vejez digna, a la propiedad privada, al debido proceso, al juez natural; así también, de la garantía a la presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 56, 67.I, 115.II, 116, 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 5 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM); 17 y 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8, 21.1 y 2, 30, 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
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