0695/2019-S1

El entonces Fiscal Departamental de La Paz en la última Resolución incurrió en falta de valoración porque:

1. a)No valoró la integridad de las pruebas aportadas como el informe del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y Servicio de Registro Cívico (SERECI), las partidas de nacimiento, la declaratoria de herederos, tarjeta prontuario, el certificado de matrimonio, las partidas de nacimiento de sus hijas, la tarjeta prontuario de María Teresa Luján Quispe y Ángel Rivera Duran, el edicto matrimonial, su certificado de nacimiento de 6 de junio de 2012, cédula de identidad, declaraciones por el que sus progenitores biológicos la regalaron a sus actuales padres para que la críen como su hija y le den su apellido, el Certificado 0776127 y el hecho, de que está alquilando el bien inmueble obtenido como legítima heredera;
2. b)Incurrió en la vulneración del derecho a la igualdad de las partes porque se pronunció sobre aspectos que no fueron cuestionados en el memorial de objeción por cuanto el querellante no mencionó los agravios sufridos por la emisión de Resolución de Rechazo, tampoco hace mención de qué forma dicha Resolución habría vulnerado sus derechos, no objetó el fondo ni la forma de resolución, sino solo hizo un resumen de las cuatro partidas de nacimiento que tiene su persona; asimismo, no se realizó la inspección ocular solicitada y que el informe de la perito Karina Daphne Lazarte Velarde no fue efectivizado; sin embargo, el Fiscal Departamental de La Paz, señaló que su persona habría cambiado de identidad para apropiarse de un bien inmueble de propiedad de María Teresa Luján Quispe y que el certificado de nacimiento de 6 de junio de 2012 era el documento cuestionado;
3. c)La vulneración del debido proceso en su elemento congruencia aditiva porque se pronunció sobre aspectos no mencionados en el memorial de objeción, como se hizo notar en el acápite del inc. b), y al otorgar más de lo peticionado por el querellante; es más al margen de lo anterior; en su parte resolutiva, dispuso que también se lo debe investigar por el delito de estafa establecido en el art. 335 del Código Penal (CP) cuando dicho delito nunca fue planteado contra su persona por el querellante; y,
4. d)Incurrió en la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de falta de motivación porque no determinó con claridad cuál es el hecho o delito que se le atribuye, puesto que en el párrafo II.3 del análisis del caso concreto, señala que su persona habría cambiado de identidad para apropiarse de un bien inmueble, sin tomar en cuenta que el cambio de identidad ante autoridad competente no constituye un delito penal y por lo mismo no está tipificado como tal en el Código Penal, tampoco se especifica qué documento habría falsificado o está utilizando como falso en la actualidad y como estaría cometiendo el delito de estelionato; tampoco ha descrito de forma individual todos los medios de prueba aportados por las partes procesales y asigna un valor probatorio a la pruebas, y finalmente no establece el nexo de causalidad entre lo peticionado en el memorial de objeción sobre el supuesto hecho delictivo, la norma aplicable y la valoración de las pruebas.