0695/2020-S1

El accionante a través de su representante, ratificó el tenor íntegro de la acción de libertad interpuesta, alegando además que:

1. a)Según la teoría del derecho de Robert Alexi, los principios son normas de optimización que permiten que algo sea realizado de la mejor manera posible dentro de las circunstancias fácticas y jurídicas posibles; en ese sentido, en el caso de autos la circunstancia fáctica radica en la negativa de la Jueza demandada, a realizar la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva por no estar dentro de los grupos de riesgo, y la circunstancia jurídica en la ponderación del derecho a la salud de la colectividad y su derecho a la libertad, pues si bien es evidente que ambos deben ser precautelados, desde el punto de vista del art. 22 de la CPE, la dignidad y la libertad como deber primordial del Estado, se sobrepone al derecho a la salud;
2. b)Debe primar el derecho a la igualdad, puesto que en el caso del Exgobernador Urquizu en plena pandemia se llevó adelante su audiencia de cesación a la detención preventiva vía blackboard, incluso la misma autoridad demandada, afirmó que realizó una audiencia en el Recinto Penitenciario de San Roque, en contacto directo con el imputado; y,
3. c)Los Magistrados al emitir sus circulares no pueden hacerlo al margen de la Norma Suprema, fueron ellos quienes en sus primeras resoluciones fundamentaron que la Ley 1173 debe aplicarse conforme al principio pro homine; siendo así, debería aplicarse la norma de forma garantizadora; sin embargo, posteriormente solo permitieron la cesación de la detención preventiva en casos de grupos de riesgo.

Lilian Ayarza Campos, Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Ravelo del departamento de Potosí, por informe sin fecha ni firma, cursante de fs. 111 a 113, precisó que:

1. 1)La Ley 1173 en su Disposición Décima Segunda, señala que los jueces en el plazo de quince días a partir de la vigencia de la citada Ley, deben conminar al representante del Ministerio Público, víctima, querellante o coadyuvante, para que en el plazo de noventa días calendario se manifiesten sobre la necesidad de continuar con la detención preventiva cuando el imputado se encuentre cumpliendo esta medida; en el caso de autos, la conminatoria fue realizada el 19 de febrero de 2020, presentando el Ministerio Público memorial de 2 de marzo de igual año, solicitando la ampliación de la detención del impetrante de tutela por veinte días por encontrarse pendiente una inspección ocular con fines investigativos, por tal situación se emitió decreto de 4 del citado mes y año, aceptando dicha petición; por lo que, el peticionante de tutela planteó Recurso de Reposición que fue rechazado, a raíz de esto, el impetrante de tutela interpuso Incidente de Actividad Procesal Defectuosa que fue resuelto en audiencia de 20 del mismo mes y año, declarándose improbado este, habiéndose presentado recurso de apelación, que no fue remitido al Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, debido a la cuarentena general dispuesta por la pandemia y "hasta la fecha" no se ha provisto los recaudos de ley para la elaboración del testimonio, además debe entenderse que los plazos se encuentran suspendidos;
2. 2)Se atendió la solicitud del impetrante de tutela debido al decreto de 20 de abril de 2020, emitido por el Juez de Ejecución Penal del departamento de Chuquisaca, celebrándose la audiencia en la que se moduló conforme a la Circular 11/2020 de 17 de abril del Tribunal Supremo de Justicia, que dispuso que las audiencias de cesación de la detención preventiva debían desarrollarse tomando en cuenta solo a tres grupos de riesgo y el peticionante de tutela no se encontraba dentro de estos;
3. 3)Ante la presentación del requerimiento conclusivo de acusación de 20 de marzo del señalado año, se entiende que no debe tomarse en cuenta el plazo de los veinte días solicitados por el Ministerio Público, motivo por el cual, no convocó a la audiencia al vencimiento del plazo además por la emergencia de salud frente a la que nos encontramos;
4. 4)El accionante, alegó que no fue notificado con la acusación formal; sin embargo, debe considerarse que la misma fue presentada a horas 12:50 y la audiencia fue celebrada de 10:00 a 12:00; y,
5. 5)Debe tomarse en cuenta que solo tiene competencia para la realización de una eventual audiencia de cesación de la detención preventiva de conformidad a la SCP 0222/2018-S2, en razón a que el proceso no se encuentra radicado en el Tribunal de Sentencia de Uncía del departamento de Potosí; por lo que, no lesionó el derecho a la defensa y ninguno de los derechos que alega el prenombrado.

Cristian Arancibia, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Ravelo del departamento de Potosí, en audiencia, alegó que:

1. i)En el caso presente, no es que el Tribunal Supremo de Justicia haya querido borrar con el codo lo que escribió con la mano, la Circular 6/2020 era clara y sujeta a interpretación de todo el mundo litigante, invocó a la Opinión Consultiva 01 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que explica el tratamiento de los privados de libertad, debiendo atenderse las cesaciones y los controles de necesidad a casos que amerite la extraordinariedad del tratamiento de esos casos;
2. ii)Se sabe que desde el 20 de marzo de 2020 en adelante, el Ministerio Público ni los querellantes han podido realizar ningún acto investigativo y conforme a la modificación de la Ley 1173 la necesidad de ampliación de los plazos justamente fungía con relación a los actuados investigativos que debían realizarse; por lo que, se encuentran vigentes los peligros de fuga y obstaculización;
3. iii)Al darse cabida de manera directa y sin tener precedentes a la realización de todas las audiencias de cesación de la detención preventiva, se lesiona el debido proceso de las víctimas, puesto que no todos tienen acceso a internet, no tienen computadora como la víctima en este caso, por eso se hizo alusión a ese carácter expresamente extraordinario vinculado a los diferentes grupos de atención prioritaria en criterios de interseccionalidad, no siendo el criterio querer menoscabar los derechos de todos los privados de libertad, más bien se hizo una ponderación lógica y cabal; y,
4. iv)Los antecedentes fueron remitidos al Tribunal de Sentencia de Uncía del departamento de Potosí, entonces de qué control jurisdiccional se puede hablar, por lógica el accionante debería acudir al aludido Tribunal, y si bien existe basta jurisprudencia que refiere que la competencia del Juez de Instrucción Penal se encuentra vigente mientras no se radique la causa en el tribunal de sentencia; sin embargo, el plazo para radicar la causa ya feneció puesto que pasaron más de las 24 horas para tal efecto, por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 013/2020 de 8 de mayo, cursante de fs. 130 a 133 vta., concedió la tutela, disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación con la presente Resolución, fije día y hora de audiencia para la consideración y resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, en base a los siguientes fundamentos:

1. a)El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), concordante con el art. 125 de la CPE, establece que la finalidad de la acción de libertad es proteger los derechos a la vida, integridad física, libertad física y de circulación de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida o presa, o que su vida se encuentre en peligro;
2. b)El art. 1 de la Ley 1173, establece que el objeto de la misma es procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, entre otras medidas para evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva, concluyendo que los motivos por los cuales la autoridad demandada no quiso fijar audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, no se ajustan al procedimiento penal, ya que lo que correspondía en cumplimiento del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley 1173, era que se fije audiencia para considerar y resolver la solicitud, en el plazo de cuarenta y ocho horas y tomando en cuenta las circunstancias actuales por las que atraviesa el mundo ante la emergencia sanitaria por el COVID 19, debía seguirse los lineamientos establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia en la Circular 06/2020 de 6 de abril , que al momento de ordenar que los jueces y vocales atiendan y resuelvan las solicitudes de imposición, modificación o cesación de medidas cautelares, estableció como válidos el uso de herramientas telemáticas o video conferencias;
3. c)La interpretación realizada por la Jueza demandada a la Circular 011/2020 de 17 de abril emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, no es correcta, ya que alegó que solo deben atenderse solicitudes de cesación de la detención preventiva en casos de personas en situación de riesgo (personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas o que tengan a su cargo menores de edad); ya que, si bien ese Instructivo señala a estos grupos vulnerables, se entiende que la determinación con relación a los mismos es que la atención de las autoridades jurisdiccionales, sobre la solicitud de modificación o cesación de medidas cautelares debe ser de manera extraordinaria o exclusiva, a través de audiencias virtuales, en consecuencia debe entenderse que esa Circular tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud que tienen estos grupos vulnerables a los que obviamente por la emergencia sanitaria y la situación personal que tienen no se les puede pedir que se hagan presentes en estrados judiciales, interpretación que resulta más acorde a la protección de derechos de las personas privadas de libertad y tiene concordancia con el punto 3 del mismo Instructivo, cuando establece que las demás disposiciones de la Circular 06/2020 quedan incólumes;
4. d)En relación a la pérdida de competencia de la Jueza demandada para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, por haberse remitido antecedentes al Tribunal de Sentencia de Uncía del departamento de Potosí, tras la presentación de la Acusación Formal, debe considerarse que la mencionada acusación fue presentada el 20 de marzo de 2020, remitida el 29 de abril de igual año; sin embargo, el Tribunal aludido, que no radicó la referida acusación por lo tanto no abrió competencia, aspecto que le impide resolver la indicada solicitud; y,
5. e)Se encuentra una contradicción en la autoridad demandada, en sentido de que si creía que no era competente para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, porqué asumió competencia en la audiencia de 28 de abril de 2020 en la que también emitió una resolución que declaró improcedente la solicitud efectuada por el peticionante de tutela; por lo que, al omitir o negarse ilegal e indebidamente señalar la audiencia impetrada, lesionó el debido proceso en su elemento celeridad y el derecho a la libertad.