0695/2021-S2

Solicitaron se conceda la tutela, ordenándose:

1. a)El cumplimiento en su integridad de las Conminatorias 040/2020; 043/2020 y 44/2020;
2. b)El pago de los sueldos devengados y otros derechos y beneficios que les correspondan, sea de forma retroactiva desde diciembre de 2019 al 31 de octubre de 2020; y,
3. c)La imposición de costas (pago de honorarios profesionales).

Los accionantes a través de sus abogados, ratificaron el contenido de su acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestaron que:

1. 1)No se les canceló sus salarios desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2020, pese a intentar hablar con el Gerente General de IABSA Tarija, fueron vanos los esfuerzos, lo que motivó se apersonaran a la Jefatura Regional de Trabajo Bermejo;
2. 2)Se emitió Conminatorias 040/2020, 043/2020 y 044/2020 de reincorporación, del pago de sueldos devengados; empero, después de ser notificado el empleador, no dio curso a lo ordenado, no obstante que la "SCP 0337/2020⁴" -no precisa fecha-, dispone que las conminatorias deben acatarse en su integridad;
3. 3)La Ley General de Trabajo, así como, el art. 242 del Código Procesal del Trabajo (CPT), indican que en tanto no exista sentencia ejecutoriada de desafuero, el trabajador continuará en funciones; por lo que, se vulneró dicho precepto procesal, ya que para efectivizar el retiro no se acreditó alejamiento alguno, vulnerándose los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, reconocidos en los arts. 21.4 y 51.VI de la CPE; y,
4. 4)Por último, la empresa demandada no está en crisis económica ni se halla en liquidez; siendo que el empleador aprovechando la pandemia por el COVID-19, pretende deshacerse de los dirigentes sindicales, debido a que estos tendrían una antigüedad de 20 a 25 años, lo cual no está permitido en un Estado de derecho, intentando burlar su derecho a la estabilidad laboral, despidiendo empleados de forma ilegal y vulnerando varios fallos constitucionales que garantizan el mismo.

Luis Alejandro Espino Fernández, Gerente General de IABSA Tarija, a través de informe escrito presentado el 30 de noviembre de 2020, cursante de fs. 466 a 473, y en audiencia por medio de sus abogados, expresó que:

1. i)Desde mayo de 2019 algunos trabajadores de la señalada empresa, a la cabeza de Edgar Jaime Ortiz Rodríguez, María del Carmen Estrada Sagredo de Nieves -miembros del Directorio del Sindicato de Trabajadores IABSA- y varios de los ahora accionantes, iniciaron un bloqueo en el ingreso de la citada empresa, impidiendo la entrada de los trabajadores; y en consecuencia, obstruyendo su producción, lo que provocó que interponga demanda de daños y perjuicios ante el Juez Agroambiental de Bermejo del departamento de Tarija, quien dictó Sentencia -01/2020 de 14 de agosto- que los condenó al pago de daños; así también, se tiene aperturado otro proceso penal contra los miembros del referido Sindicato, el cual se encuentra con acusación fiscal;
2. ii)Ninguno de los impetrantes de tutela fue desvinculado o despedido, así se evidencia de las planillas de la indicada empresa; "LO QUE SUCEDE ES QUE EXISTE DISCREPANCIA EN EL TIEMPO DE PAGO DE SUELDOS, ASI COMO CASO DE FUERZA MAYOR PARA PAGARSE DICHOS SUELDOS DE MANERA MENSUAL COMO PRETENDEN LOS ACCIONANTES, SINO QUE SE PAGARAN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS" (sic);
3. iii)Los accionantes pretenden utilizar a la justicia constitucional como una justicia ordinaria, puesto que, ellos reconocieron que IABSA Tarija está atravesando una situación crítica, la cual se encuentra refrendada por la prueba que presentaron junto a este informe;
4. iv)La acción de defensa interpuesta debe ser denegada por caducidad, ante la negligencia manifiesta de los peticionantes de tutela, que formularon la denuncia laboral ante la Jefatura Regional de Trabajo Bermejo fuera de los tres meses, y al margen de los seis meses para plantear esta acción tutelar que exige la jurisprudencia constitucional;
5. v)Los solicitantes de tutela actuaron de mala fe, ya que piden se cumpla la Conminatoria "039/2020", cuando dicha pretensión fue objeto de una anterior acción constitucional; por lo que, no puede emitirse pronunciamiento alguno al respecto; y,
6. vi)Con relación al pago de sueldos, es competencia de la jurisdicción ordinaria, que pese a haberse realizado los reclamos al respecto ante la aludida Jefatura Regional de Trabajo, no se tiene respuesta alguna. Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 61/2020 de 30 de noviembre, cursante de fs. 487 a 495 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el -Gerente General de IABSA Tarija- demandado cumpla de forma inmediata las Conminatorias 040/2020, 043/2020 y 044/2020 emitidas por el Jefe Regional de Trabajo Bermejo del citado departamento; además, el pago de salarios devengados; así también, los derechos sociales que les correspondan de manera retroactiva al mes de diciembre de 2019, hasta la fecha de reincorporación con costas y costos procesales. Decisión asumida con los siguientes fundamentos:

1. a)El artículo único del Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, que modificó el DS 28699 de 1 de mayo de 2006 en su art. 10.3, 4 y 5, dispone sobre la obligatoria de reincorporación laboral del trabajador, cuando el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social haya constatado el despido injustificado del mismo, a través de la emisión de una conminatoria de reincorporación, y ante su incumplimiento los trabajadores tienen aperturada la competencia de los tribunales constitucionales para hacer valer sus derechos y que son de cumplimiento inmediato. De la prueba presentada y los extremos vertidos por las partes, se denota la existencia de una contradicción, ya que la empresa demandada señala que los trabajadores todavía forman parte de IABSA Tarija e inclusive se encuentran inmersos dentro de las planillas de pago de sueldos y salarios; sin embargo, según el art. 53 de la Ley General de Trabajo (LGT), los periodos de tiempo para el pago de salarios no podrán exceder de quince días para obreros y de un mes para empleados, por cuanto si se considera que se está exigiendo el pago de sueldos devengados desde diciembre de 2019, ese plazo ya fue vencido superabundantemente, entendiéndose en consecuencia que existió incumplimiento del empleador en el pago de salarios a los trabajadores ahora accionantes, siendo considerado ese extremo por la Jefatura Regional de Trabajo Bermejo para disponer su reincorporación, en correspondencia y aplicación de los principios de favorabilidad e indubio pro operario, que la propia Norma Suprema establece a favor de los trabajadores;
2. b)Respecto del cómputo de plazos para la reincorporación, la jurisprudencia estableció tres meses; sin embargo, reclamar la caducidad del derecho para cuestionar un despido indirecto le corresponde realizar a la autoridad administrativa y no a la instancia constitucional; por lo que, no es evidente lo vertido por la empresa demandada; ya que, al considerarse que existió un despido indirecto en sede administrativa, es a partir de la notificación con la conminatoria que deben computarse los seis meses para formular la acción de amparo constitucional;
3. c)Es claro que se pide el cumplimiento de la Conminatoria 040/2020 y no así de la Conminatoria 039/2020 de 10 de septiembre, cuya confusión únicamente se atribuye a un error de transcripción; y,
4. d)El fuero sindical no es un extremo que se pueda considerar dentro de esta acción de defensa, debido a que el aspecto de fondo es el cumplimiento de conminatorias ante el despido indirecto que deviene de salarios impagos desde diciembre de 2019, correspondiendo aplicar el DS 0495 que admite la reincorporación laboral en su acatamiento.

Vía enmienda y complementación, IABSA Tarija pidió se aclare:

1. 1)Respecto a que la Conminatoria 039/2020 fue motivo de otra acción de amparo constitucional, y que no fue un simple error de tipeo, siendo claramente identificada la Conminatoria 044/2020;
2. 2)Con relación a la reincorporación dispuesta, se había indicado que el Comunicado 1323 de noviembre de 2020, dispuso el cese de las actividades de la referida empresa a partir del 20 de noviembre de 2020, debido a que ya fue concluida la temporada de zafra; por tanto, cumplir con reincorporar a los trabajadores sería materialmente imposible, debido a que hay cierre de actividades respecto de los empleados permanentes a partir de esa fecha, lo cual no implica no pagar el sueldos, que al ser permanentes les corresponde; sino, no se le puede obligar a dicho extremo, ya que podría ser motivo de incumplimiento de sentencia; además, si se acepta que ellos tienen que ser reincorporados a una fuente laboral, no se tiene actividades para que realicen, lo que corresponde es que se los reincorpore de manera material cuando regresen del receso laboral; y,
3. 3)La SCP "0922/2017" es clara al indicar que son sus autoridades quienes deben denegar sin ingresar al fondo del asunto, por cuanto no corresponde cambiar su sentido, puesto que se estableció que la jurisdicción constitucional se verá impedida de tutelar por incumplimiento de la conminación ante la actitud negligente y tardía del trabajador, estando obligados a denegar la tutela.