0695/2021-S3

Bajo ese antecedente, cuestionan el indicado fallo de alzada refiriendo que:

1. a)En la audiencia de medidas cautelares, el imputado ejerce su derecho a la defensa en función a los parámetros de hecho y de derecho descritos en la imputación formal y la solicitud de aplicación de medidas cautelares, por lo que no resulta posible ni admisible el aumento de nuevos riesgos procesales y una nueva fundamentación de forma oral ya sea por la autoridad Fiscal o la víctima en el mismo acto judicial; y,
2. b)En el proceso penal seguido en su contra, en la imputación formal se estableció los riesgos procesales de fuga insertos en el art. 234.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), refiriendo que si bien los imputados en sus declaraciones informativas señalaron sus generales de ley, empero, no acreditaron ello con documentación alguna, mucho menos demostraron contar con una familia que en conjunto demuestre la existencia de un arraigo natural, fundamento que fue ratificado por el Ministerio Público en audiencia de aplicación de medidas cautelares, sin presentar ningún elemento de prueba para respaldar el riesgo procesal sostenido; sin embargo, la víctima en esa actuación procesal presentó un informe donde indicaba que contaban con dos domicilios, por lo que estaba latente el peligro procesal de fuga previsto por el citado art. 234.1 del CPP, cuando ello no fue puesto a su conocimiento anticipadamente para que ejerzan adecuadamente su derecho a la defensa, razón por la que el Juez a quo manifestó que los extremos fundamentados por la víctima de forma oral en audiencia no son los plasmados en el "...requerimiento (...) de aplicación de medidas cautelares..." (sic) presentado por el Fiscal y por lo mismo no aceptó dicha fundamentación manteniendo su libertad pura y simple ante la no acreditación de riesgos procesales, decisión que es acertada en función al art. 54.1 y 2 del mencionado Código, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y es respetuosa del derecho a la defensa como componente del debido proceso, pero el Vocal accionado en el Auto de Vista 141/2020, manifestó que no resulta necesario poner en conocimiento anticipado de los imputados la incorporación de nuevos elementos de prueba, razonamiento que es errado y lesivo a su derecho a la defensa, porque no solo se trata de -reitera- nuevos elementos de prueba sino que esa documentación va vinculada a otra fundamentación no plasmada en el "...requerimiento (...) de aplicación de medidas cautelares..." (sic), que les fue notificado con anticipación.