Texto del fallo
Sintesis de la ratio decidendi
Se deniega la acción de amparo constitucional, en cuanto a la vulneración al derecho a la defensa, igualdad y al principio de seguridad jurídica; así como al pago de daños y perjuicios, conforme los fundamentos del presente fallo constitucional.
Extracto de la ratio decidendi
FJ.III.3. “…;segundo que GRACO del SIN no puede intervenir como parte en delitos de acción penal privada por ser una institución estatal, citando el art. 26 del CPP, por tanto no correspondía su notificación con los actuados suscitados; de lo que se tiene conforme a lo descrito en la Conclusión II.7, que estos aspectos forman parte de su respuesta al recurso de apelación, en ese entendido, de acuerdo a la verificación del Auto de Vista en relación a estos argumentos, (…) No ocurrió lo mismo en relación al segundo aspecto, sobre el cual de la lectura del cuestionado Auto de Vista no se advierte fundamento expreso alguno que hubieran desarrollado los Vocales al resolver la impugnación, pues entre sus argumentos del recurso de apelación, no explicaron ni desvirtuaron si es evidente o no que GRACO del SIN como entidad de derecho público cuya afectación con el hecho ilícito supuestamente cometido fue “la fe pública”, puede o no intervenir en una acción penal privada, dejando en incertidumbre al accionante respecto a dicho cuestionamiento que fue parte de sus argumentos con los que rebatió la impugnación realizada por dicha entidad, consecuentemente, en relación a este punto no se tiene la debida fundamentación. Con respecto a la cuarta problemática en la que reclamó que el Auto Interlocutorio 183 adquirió calidad de cosa juzgada siendo irrevisable e inmutable; por otro lado, que GRACO del SIN no actuó en su debida oportunidad consintiendo el acto cuestionado, por lo que, no existe defecto absoluto, además que señaló que las notificaciones por edicto cumplieron su fin de hacer conocer a todas las partes las actuaciones procesales, cuya nulidad se solicitó luego; al respecto, se tiene que los aspectos establecidos en este punto son reiterativos y tienen relación con lo reclamado por el accionante a través del tercer punto de la problemática y del cual ya se realizó la verificación, siendo lo único que difiere, su alegación respecto a que las notificaciones por edicto cumplieron su finalidad de poner en conocimiento de todas las partes los actuados y resoluciones emitidas, sobre lo cual no se evidenció su consideración ni referencia al respecto de parte de las autoridades demandadas”.
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0698/2019-S1 Sucre, 8 de agosto de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 27977-2019-56-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 02 de 23 de enero de 2019, cursante de fs. 1396 a 1398 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Serrate Middagh contra Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuéllar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 10 de octubre de 2017, cursantes de fs. 1300 a 1310 vta., el accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica y otros, a denuncia del Subgerente Legal del Banco Nacional de Bolivia (BNB) Sociedad Anónima (S.A.) Santa Cruz y querella de la Gerente de "Nacional Valores S.A. Agencia de Bolsa"; al establecerse la inexistencia de indicios suficientes de autoría o participación se dictó Resolución de Rechazo a su favor y la de otro; determinación que fue confirmada el 2 de enero de 2009 por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, en consecuencia "Nacional Valores S.A. Agencia de Bolsa" solicitó conversión de acciones al Fiscal de Materia y a la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda del aludido departamento, esta última que mediante Auto 68 de 18 de agosto del citado año autorizó dicha petición, en mérito a ello, la causa fue radicada ante el Juez de Sentencia Quinto de igual departamento, a tal efecto, Martín Enrique Mercado Aramayo planteó excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, mereciendo Auto Interlocutorio 183 de 2 de octubre de 2012 declarando probada la excepción y procediéndose a la notificación a las partes, sin que fuera impugnado, quedando ejecutoriado.
Señaló que, la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) interpuso incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos, solicitando que se anule todo el trámite de la excepción señalada, esgrimiendo que no se le notificó con la solicitud ni con el Auto Interlocutorio que la declaró probada, y, que recién luego de tres años de estar ejecutoriado el Auto Interlocutorio tomaron conocimiento del mismo; ante dicho planteamiento, el Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 174/2016 de 20 de mayo declaró improbado el citado incidente, por lo que, fue impugnado por la Gerencia Distrital GRACO Santa Cruz del SIN, lo que dio lugar a que los Vocales ahora demandados emitan Auto de Vista 55 de 10 de marzo de 2017 revocando el Auto Interlocutorio impugnado.
Agregó que el referido Auto de Vista se constituyó en vulneratorio de sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, igualdad de partes, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, ya que de manera ilegal declaró probado el incidente interpuesto por la Gerencia Distrital GRACO Santa Cruz del SIN, sin establecer cuál es el defecto absoluto no susceptible de convalidación, siendo que la entidad impositiva simplemente se adhirió a la denuncia penal interpuesta, basando su determinación solo en los siguientes fundamentos:
- a)GRACO del SIN era víctima porque emitía los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIMs) que resultaron ser falsos, afectándose la fe pública;
- b)La referida institución impositiva se constituyó en coadyuvante, y, basado en el art. 76.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) "los delitos son de orden público y que afectan los intereses del estado Boliviano; errónea interpretación del art. 77 del C.P.P. y esta norma es concordante con el art. 121 de la C.P.E" (sic);
- c)No se notificó con la solicitud de extinción de la acción penal a la aludida institución impositiva; y,
- d)La cosa juzgada no es un valor absoluto frente a la vigencia y defensa de los derechos fundamentales.
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