0699/2020-S1

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia:

1. a)Se restituya su derecho a habitar el bien inmueble que poseía como vivienda, así como el debido proceso y los principios derechos y garantías constitucionales;
2. b)Se amplíen los alcances de la resolución contra los autores materiales del hecho; y,
3. c)Le concedan la facultad de incoar procesos legales contra las accionadas por los daños y perjuicios, y otros delitos ocasionados.

María Milagro Nemer Chaloup, y María Belén Vacaflor Nemer, mediante informe escrito de 31 de diciembre de 2019, cursante de fs. 79 a 80 vta., solicitaron se deniegue la tutela con costas, y manifestaron que:

1. 1)Existe falta de citación a los terceros interesados quienes son los Fiscales que imputaron por avasallamiento, de igual forma el Juez que resolvió aplicar las medidas cautelares y el Vocal que resolvió la apelación;
2. 2)Rechazan la prueba en fotocopia simple porque son falsas, por cuanto dichos documentos no fueron registrados en oficinas de DD.RR, al contrario tienen los documentos originales y su registro de derecho propietario en la instancia antes referida;
3. 3)La accionante no es propietaria ni poseedora del inmueble, porque la dueña es María Belén Vacaflor Nemer de acuerdo al Folio Real; asimismo, la demandante ya no vivía desde el mes de septiembre en dicho inmueble, puesto que de acuerdo a la Resolución de medidas Cautelares, se le impuso la prohibición de ingresar al lugar donde se suscitó el hecho delictivo, así como utilizar a terceras personas para mantener una posesión que no le corresponde; por otra parte, llama la atención que diga que vivía en el lugar, cuando para cumplir la medida cautelar retiró sus cosas y se fue a vivir a la calle 4 de mayo 50 de la Villa Nuevo Potosí, como consta en la imputación;
4. 4)La impetrante de tutela miente al decir que es propietaria y poseedora del bien inmueble, y que no hubiera sido despojada del mismo, cuando fue ella misma que se trasladó voluntariamente; también dice que, fue agredida y terminó en el hospital; sin embargo, no consta ningún certificado médico forense que acredite tal extremo; tampoco, existe una supuesta denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Zona Sur, lo que demuestra la temeridad y malicia de la demandante; y,
5. 5)De acuerdo a la SCP 0998/2012 y la SC 0148/2010-R, en el presente caso no se acredita la titularidad del derecho invocado por la accionante, ya que ella de propia voluntad desalojó el inmueble y se trasladó a otro lugar para dar cumplimiento a la medida cautelar impuesta en el proceso penal, por lo que no existe ninguna vía de hecho.

En audiencia pública de la acción tutelar, mediante su abogado, señalaron que:

1. i)La accionante saltó las vías legales como el interdicto de adquirir posesión; si bien presentó Folio Real, empero, también presentaron de su parte dicho documento, donde se acredita su derecho propietario, por lo cual esto no debería analizarse en una acción constitucional, sino mediante un proceso de mejor derecho propietario;
2. ii)Se solicitó al Comando Departamental de la Policía de La Paz, mediante Requerimiento Fiscal, aclaren sobre la transferencia, habiendo recibido como respuesta que no cursa ninguna documentación de traspaso de terrenos por parte de la Policía a favor de Cristina Inés Rodríguez Tarifa; es decir, no solo existe controversia sobre el derecho propietario, sino también sobre los mismos documentos que presentó la accionante;
3. iii)En este caso, la Policía Nacional como supuesto vendedor, informó que nunca realizó una venta a la accionante, y menos aún reconoce la existencia de los documentos correspondientes; generando la duda de cómo se logró dicho registro, si la Policía no tiene conocimiento de esos documentos; y,
4. iv)La impetrante de tutela, pretende que la jurisdicción constitucional haga de Juez Público en lo Civil y Comercial y determine la existencia de un fundo que la parte demandada dice tener en posesión por nueve años; empero, de su parte pueden demostrar el pago de impuestos de fechas anteriores a 1991; por lo que, no solo existe un problema con la propiedad, sino también con la posesión.

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 226/2019 de 31 de diciembre, cursante de fs. 98 a 100 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Quien postula medidas de hecho, debe fundamentar suficientemente, acreditar su derecho y demostrar un daño irreparable o irreversible; que no debe existir un consentimiento sobre las vías de hecho;
2. b)La accionante es una persona de la tercera edad que al pertenecer a un grupo vulnerable debe ser atendida en forma preminente, por lo que tiene una protección reforzada de los derechos, lo cual se ha realizado al admitir esta acción, pese a las aparentes deficiencias de su postulación; y,
3. c)En este caso, se debe considerar que hay una orden judicial de no ingresar al domicilio o a la vivienda que hoy es objeto de la presente acción, orden ratificada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; orden sobre la cual, no ha operado ningún acto constructivo dentro del fuero jurisdiccional que pueda modificar su situación jurídica, sin olvidar que esas medidas impuestas por la autoridad competente, tienen que ver con la sustantividad preventiva, extremo que debió haber sido observado antes de ingresar al fuero constitucional, que no es la vía correcta, ya que se tiene un proceso en sede penal, y las medidas cautelares han sido establecidas en dicho proceso.