0699/2022-S1

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia:

1. a)Se disponga que se mantenga en suspenso la ejecución del Auto Constitucional 155/2021², emitida por la Jueza ahora demandada, mientras no sea resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ante la existencia de otra Resolución de acción de libertad que resuelva el mismo hecho;
2. b)Se emita mandamiento de libertad a nombre de Notker Darío Lazarte Castro -ahora peticionante de tutela- dentro el proceso penal seguido por Johanna Beatriz López Calderón por el presunto delito de abuso sexual, Código Único de Denuncias (CUD) 201102032100074; y,
3. c)Se determine responsabilidad de la autoridad ahora demandada a quien se hizo conocer la duplicidad de la Resolución 004/2021, de acción de libertad sobre el mismo hecho y no precauteló el derecho a la defensa y la libertad del ahora impetrante de tutela.

El accionante a tiempo de ratificarse en su demanda de acción de libertad y ampliándolo en audiencia señaló que:

1. 1)Se emitió una resolución de imputación formal en su contra por el presunto delito de abuso sexual quien la denunciante es Johanna Beatriz López Calderón, en la cual, se solicitó la aplicación de medidas cautelares; puesto que, en dicha audiencia de 14 de febrero de 2021, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, emitió las Resoluciones 173/2021 y 26/2021, la cual fue apelada y la Sala Penal Tercera ratifico la misma;
2. 2)En la etapa preparatoria se solicitó la cesación a la detención preventiva donde se emitió el Auto Interlocutorio 123/2021 de 18 de febrero, y en lugar de la detención, se dispuso aplicar medidas sustitutivas de detención domiciliaria sin salidas laborales así como otras en el derecho que tiene la víctima menor de edad quien tenía "15 años"; como la prohibición de abandonar el país por arraigo, además de una fianza económica de Bs15 000 (quince mil bolivianos); empero, refirió que, en el numeral 4 de dicho Auto Interlocutorio establece de conformidad al art. 389 bis de la Ley 1173; la prohibición de comunicarse con la victima; asimismo, firmar en el biométrico de 8:30 a 10:30 y en el cuaderno de control jurisdiccional. Dicho Auto Interlocutorio 123/2021, es apelada por la presunta víctima mereciendo Auto de Vista 101/2021 de 25 de febrero, que confirma en parte y modificando la detención domiciliaria, otorgándole salidas laborales;
3. 3)Más adelante, se enteraron que, se presentó por la parte denunciante antes mencionada una primera acción de libertad en contra de la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Cuarta de la Capital del referido departamento; señalando que, su primera Resolución 125/2021, lógicamente fue denegada llevándose adelante una apelación, donde se emitió el Auto de Vista 101/2021; por lo que, nuevamente se presentó una segunda acción de libertad, que recayó ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del citado departamento, donde se emitió la Resolución 004/2021 de 26 de febrero, denegándose la tutela en la cual se estaba pidiendo se revoque la Resolución 125/2021 y el Auto de Vista 101/2021; esta segunda acción de libertad en su parte considerativa señala que, de ninguna manera se demostró que el hecho de disponerse la cesación de la detención preventiva estaría atentando contra la vida de la menor de edad;
4. 4)Posteriormente, se presentó una tercera acción de libertad ante la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, y lo que hace la "doctora", es emitir la Resolución "156/2021" (lo correcto es 155/2021) de 1 de mayo, que violenta derechos y garantías, privándole el derecho a la libertad a la parte imputada; empero, esta nueva acción fue contra el Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que ya no se encontraba en funciones;
5. 5)Lo que están reclamando en esta acción de defensa, es que se presentó los mismos hechos de forma contradictoria en la Resolución "104/2021" (lo correcto es 004/2021) emitida por el "Tribunal de garantías" a cargo del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del referido departamento, se emitió una resolución contradictoria por la autoridad ahora demandada; la cual refirió que, se mencionó los mismos hechos en la que no se habría aplicado la perspectiva de género, el grado de favorabilidad de la menor, con los mismos argumentos ya resueltos por otra autoridad jurisdiccional que en su parte dispositiva concede la tutela a todo lo solicitado y se anule la resolución de cesación a la detención preventiva (Auto Interlocutorio 123/2021) y Auto de Vista 101/2021, con ello se vulnero el derecho a la defensa de la parte imputada; sin conocer que, se estaba presentando una tercera acción de defensa;
6. 6)Pero cuál es el otro acto ilegal de esta resolución, es que no establece el tiempo de detención que debe cumplir; refiriendo que, la Ley 1173 establece estos plazos, poniendo en mayor inseguridad al imputado y sea dispuesto el mandamiento de captura, "no se sabe por cuánto tiempo tiene que estar ahora, seguramente se dirá que no se ha cumplido con la subsidiariedad pero estamos ante una excepción" (sic);
7. 7)Mediante memorial de 13 de mayo de 2021 hicieron conocer que ya se habría resuelto lo mismo por otro Tribunal, lo cual mereció un Decreto de 14 de mayo de 2021 declarando no ha lugar que los efectos dispositivos de una acción de tutela son de cumplimiento inmediato tal cual lo menciona la SCP 0012/2012, remitiendo el memorial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, es decir se rechazó dicha solicitud y "no se ejecute la captura mientras no se haya resuelto en el TCP porque ambas resoluciones son contradictorias" (sic); empero, se realizó la respectiva queja ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Cuarta de la Capital del citado departamento, por memorial de 14 de mayo de 2021, la misma resolvió mediante Decreto de 17 de igual mes y año "...estese a lo dispuesto en el auto constitucional (...) que es la Resolución 155/2021 de 1 de mayo" (sic), el cual están cuestionando, donde la demandada es la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del mencionado departamento;
8. 8)Posteriormente, se señaló audiencia de cesación pero la referida autoridad demanda se excusó por intimidación de la parte denunciante; por lo que, se emitió la Auto de excusa 395/2021 de 24 de mayo "....y este proceso uno tiene un juzgado donde se tiene radicado es decir no podemos reclamar ante la autoridad jurisdiccional el derecho a la libertad el derecho a la defensa, (...) bajo ese entendimiento se ha presentado esta acción de libertad" (sic);
9. 9)La SCP 0147/2015 de 20 de febrero², en su ratio decidendi establece la prohibición de activación de las acciones tutelares donde exista sujeto, objeto y causa, no se puede activar el mismo mecanismo de defensa alegando los mismos hechos; es decir que, no procede; y,
10. 10)Existen dos resoluciones de libertad idénticas que tienen los mismos demandantes y demandados, pero la parte dispositiva es diferente; la primera deniega la tutela; la segunda otorga la tutela, "ahora que va a suceder" (sic), la primera se va a confirmar; la segunda será lógicamente ilegal; es por ello que, se encuentran ante una inseguridad jurídica; por lo cual, se está vulnerando el derecho a la libertad; puesto que, ya se ejecutó su mandamiento de aprehensión y el mismo se encuentra ilegalmente detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro al existir otra resolución; por ello, pide se conceda la tutela y se deje en suspenso la emisión del 0Auto Constitucional 155/2021 de 1 de mayo, mientras no se haya resuelto por el TCP; y se pueda emitir el mandamiento de libertad a favor del ahora peticionante de tutela.

Milenka Morayma Gutiérrez Antezana, Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia señaló que:

1. i)Se está pretendiendo que, se deje sin efecto una u otra Sentencia Constitucional; ya que, no tiene efecto de cosa juzgada entrando en vulneración del art. 129.IV de la CPE;
2. ii)Se dice que, existe un ilegal procesamiento pero ello no existe porque el imputado fue sometido a una medida cautelar, existe una imputación formal, y una resolución que fue sometida a una acción de libertad donde se han verificado las aplicaciones de perspectiva de género, e incluso se tiene las proyecciones del Código Niño, Niña y Adolescente que habla del interés superior del niño el cual tiene que primar; la autoridad ahora demandada remitió una serie de sentencias constitucionales para que se compulse que existe línea jurisprudencial nacional como interamericana que haya dispuesto la resolución y que ahora está siendo objeto de revisión; en esta acción tutelar señalan que, existe presunta víctima cuando hablamos de menores de edad y presunta víctima de vejamen sexual de una menor de edad de "15 años" a la que estarían sometiendo a vivir en el mismo domicilio junto a su agresor; por lo que, se planteó la acción de libertad por vía protectiva de los derechos humanos, siendo un grupo etario, vulnerable en el marco de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 787/2017-S3, 633/2019⁴, 0147/2015³, las cuales hablan de una prohibición de acciones de defensa sobre acciones tutelares;
3. iii)Lo que estarían haciendo es plantear acción de defensa sobre otra que "su autoridad" ha resuelto bajo los términos de protección de género conforme a la SCP 0018/2019⁶; empero, pidieron se deje sin protección a una menor de edad de "15 años"; y, que se deje en suspenso olvidándose del estándar normativo más alto y el art. 126 de la CPE; "...tenemos que, verificar en forma expresa la línea jurisprudencial de la sentencia 002/2021, (...) 394/2018 de 3 de agosto (...) que habla de la ponderación de las medidas de protección para aquellos grupos vulnerables en el margen de aplicación de la Ley 348..." (sic); y,
4. iv)El "...Sr. Notker es adulto, estamos hablando de un grupo vulnerable que es indefenso que merece una esfera de triple protección por ser menor de edad por haber estado bajo sujeción de protección de quien ha sido su agresor y tercero por ser de sexo femenino, (...) remitiéndome a toda la línea marcada dispuesta por la suscrita autoridad en condición de accionada a su digna autoridad para que sea compulsada..." (sic).

El Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 192/2021 de 6 de junio, cursante de fs. 60 a 63 vta., denegó la tutela solicitada, ordenando al Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer de la Capital del referido departamento, remitir la causa de forma inmediata ante el Juez competente quien ejercerá el control jurisdiccional con relación a la situación del ahora accionante y se ordenó que, dentro de los plazos establecidos, convoque a una audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva invocada por el ahora peticionante de tutela. Sin perjuicio de ello, se ordenó la remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura donde se puede percibir que, desde el 24 de mayo de 2021 hasta la fecha no se tiene remitido la causa ante el Juez competente quien asumirá el conocimiento de la causa y el control jurisdiccional, debiendo determinarse en su defecto si se incurrió en alguna responsabilidad o los servidores públicos del Juzgado antes mencionado, con los siguientes argumentos:

1. a)La decisión que asumió la Jueza ahora demandada, de una acción de libertad resuelta el 1 de mes y año antes mencionado donde se habría emitido el Auto Constitucional 155/2021² que habría concedido la tutela invocada por Johanna Beatriz López Calderón en la que se dispuso otorgar la tutela y se habría dispuesto la detención, captura y la remisión al Centro Penitenciario San Pedro de Oruro al ahora impetrante de tutela;
2. b)La parte accionante considera que se incurrió en una ilegalidad en cuanto al procesamiento indebido, atentándose a su derecho a la libertad y el debido proceso de no haberse escuchado por una autoridad competente; ya que, de forma directa la autoridad ahora demandada habría determinado una detención preventiva; también la parte peticionante de tutela habría hecho referencia que existirían otras dos acciones de libertad ya resueltas y no podía haberse resuelto una tercera acción de defensa concedida de forma ilegal; en respuesta, la autoridad ahora demandada refirió que solamente habrían sido comprendidos aquellos antecedentes para otorgar la tutela ya que estaban de por medio los derechos de una adolescente presuntamente víctima de abuso sexual por el ahora impetrante de tutela, haciendo valer los estándares jurisprudenciales en cuanto a la protección en razón de género; señalando que, debe aguardarse la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, elevada en consulta; por lo que, no podría interponer una acción de libertad contra otra similar;
3. c)Esa problemática debe ser comprendida en los fundamentos de la SCP 0125/2014-S3; se tiene que, aquellos aspectos inherentes a la ejecución de una resolución emitida corresponde ser denunciados ante la Jueza de garantías que conoció dicha acción o en su defecto ante este Tribunal pero dentro del cumplimiento de la primera acción en el marco de los arts. 16 y 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo), los cuales señalan que, corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer las quejas y demoras e incumplimientos antes referidas; asimismo, la ejecución de procesos; de acuerdo a esa línea jurisprudencial no se puede interponer mencionada acción de defensa, lo contrario implicaría admitir la procedencia de una acción de libertad frente a otra que ya fue tutelada; debe acudirse ante la Jueza de garantías que conoció esa acción; eso implica que, la defensa del ahora accionante tiene que acudir ante la autoridad que recae la cual es la Jueza ahora demandada o en su defecto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para la queja correspondiente;
4. d)La suscrita operadora de justicia como Jueza de garantías ahora demandada no puede ingresar al fondo de la problemática convocada por el ahora peticionante de tutela; ya que, no se puede interponer una acción de libertad frente a otra acción de libertad, lo contrario sería admitir la procedencia en la que se estaría cuestionando la determinación que asumió la Jueza ahora demandada; asimismo, la referida autoridad, no es competente en grado de revisión de que pueda ingresar al fondo de la determinación que habría asumido la Jueza mencionada; ya que, de acuerdo al art. 202.6 de la CPE es el Tribunal Constitucional Plurinacional quien tiene las facultades de resolver las acciones de defensa;
5. e)Se pretende se otorgue la tutela, la suspensión de una acción de libertad y se disponga el mandamiento de libertad, como se señaló que se debe acudir ante la Jueza ahora demandada o al Tribunal Constitucional Plurinacional en vía de queja, pero de ninguna manera invocarse una acción de libertad contra otra similar que ya fue resuelta;
6. f)Asimismo; se debe considerar que, en el caso se remitió el cuaderno de control jurisdiccional ante el suscrito operador de justicia donde el ahora impetrante de tutela presento memorial el 18 de mayo de 2021, pidiendo señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva; misma que, hace referencia a esta tutela concedida por la autoridad ahora demandada; es decir que, a través de este mecanismo intraprocesal ya se habría dirigido ante el Juez de control jurisdiccional para la audiencia que ya había sido fijada para el 24 de igual mes y año; y, de acuerdo a los antecedentes se establece que la autoridad jurisdiccional habría emitido el Auto de Excusa 395/2021 de 24 de mes citado, donde se habría excusado, pidiendo se remita a plataforma para que sea sorteado y designado a otro Juez; si bien es cierto que, la parte accionante refirió que por la excusa no tiene donde dirigirse; puesto que, no existe un Juez de control jurisdiccional y por ese motivo habría activado la acción de libertad; además, llamo la atención que desde el 24 de referido mes y año, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz no haya remitido los antecedentes como se había dispuesto en el Auto de Excusa 395/2021, cuando claramente la Ley 1173; establece que, ante una excusa debe ser remitida en el plazo de veinticuatro horas;
7. g)En el caso que nos ocupa se trata de una persona privada de libertad; por lo cual, bajo el principio de celeridad la misma debió haber sido remitida en los plazos de la norma y no dejar en incertidumbre a la parte peticionante de tutela; ya que, se estaría estableciendo que hasta el momento no se tendría un Juez de control jurisdiccional que resuelva esa problemática; en ese ámbito como Jueza de garantías también tiene que velar sobre la situación personal del imputado refiriéndose a la situación que se encuentra en una acción de libertad correctiva e innovativa de despacho, que el Juez de garantías puede pronunciarse en cuanto a que no se continúe vulnerando los derechos de la parte privada de libertad cuya situación procesal no ha sido resuelta;
8. h)En resumen, en el caso que nos ocupa el suscrito Juez no puede ingresar a debatir la determinación de la Jueza ahora demandada, que habría resuelto ya una acción de libertad, siendo competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y ante la eventualidad de una queja o reclamo la parte afectada debe acudir a esa instancia conforme a los arts. 16 del CPCo, y 202.6 de la CPE; y,
9. i)Asimismo, bajo el control que debe ejercer el operador de justicia como Juez de garantías va a establecer también que se pueda cumplir de forma inmediata la remisión del proceso ante la autoridad competente y que en el plazo establecido por ley de forma inmediata convoque a una audiencia de cesación a la detención preventiva para resolver la situación procesal del ahora impetrante de tutela.