Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0700/2019-S2 Sucre, 21 de agosto de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 28806-2019-58-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 30 de abril de 2019, cursante de fs. 9 a 11, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Katia Galindo Santa Cruz en representación sin mandato de Joselo Flores Humaza contra Patricia Torrico Ortega y Jesús Gonzáles Milán, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 29 de abril de 2019, cursante de fs. 3 a 5 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por Carmen Rosa Bernal Soto en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, a través del Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2019, precautelando el interés superior de sus hijos menores de edad, por cuanto se orientó a garantizar sus necesidades básicas; determinación que fue apelada sin fundamento ni prueba alguna.
Posteriormente, el 25 de abril de 2019, se llevó a cabo audiencia de apelación incidental, presidida por los Vocales demandados, siendo que el recurrente se limitó a narrar los hechos como si se tratase de una audiencia de aplicación de medidas cautelares, indicando que la víctima fue nuevamente amedrentada por él y terceras personas, sin existir prueba que demuestre dicho extremo; de igual modo, no manifestaron que derecho se lesionó y tampoco solicitaron la revocatoria total o parcial del Auto Interlocutorio de 8 de marzo del mismo año.
No obstante, los Vocales demandados, de manera ultrapetita, modificaron el razonamiento objetivo del Juez a quo, revocando la imposición de medidas sustitutivas dispuestas por esta autoridad jurisdiccional y en su lugar determinaron su detención preventiva, fundada en jurisprudencia constitucional que alude a la vulnerabilidad y protección reforzada de la víctima y antecedentes de violencia de acuerdo a la imputación formal, más no fundamentaron cuál es el agravio que sufrió la víctima con el Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2019 ni mencionan la jurisprudencia constitucional para que la "Sala Penal" señale agravios de oficio; tampoco se consideró que la duración del proceso penal es de un poco más de dos años, tiempo en el que no cometió ningún acto de hostigamiento a la mencionada víctima.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación de las resoluciones, congruencia, valoración objetiva y razonable; defensa; igualdad procesal y principio de legalidad; y, a la seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de "25 de marzo del 2019", ordenando su libertad irrestricta y en caso de disponerse, se lleve a cabo audiencia de apelación incidental, que sea en otra "Sala".
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 30 de abril de 2019, según consta en acta cursante a fs. 8 y vta., produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante, a través de su defensa ratificó íntegramente el contenido de su demanda tutelar y ampliando, en audiencia señaló que:
- a)El Juez a quo adecuó su Resolución al art. 235 ter. del Código de Procedimiento Penal (CPP), con base en la solicitud de la representante del Ministerio Público, otorgando medidas sustitutivas de prohibición de salir del país, arraigo, firmar ante el fiscal y un fiador personal; y, salió a relucir una acción de mala fe por parte de la supuesta víctima, así como deslealtad procesal de su abogado defensor; toda vez que, consta en antecedentes del proceso de guarda de sus hijos menores, que se efectuó una inspección en Calle Concepción y Av. Concabi, en la que estuvo presente la denunciante como su defensa tecnica; sin embargo, se evidenció que con malicia lo notificaron con el Auto de rebeldía en un domicilio que señaló hacía dos años atrás en su declaración informativa; aspectos que el Juez a quo consideró a fin de otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva; y,
- b)La parte querellante, no indicó cuál sería el agravio de esta Resolución; por lo que, los Vocales demandados emitieron una Resolución ultra petita, ya que fundamentaron agravios inexistentes, sin que la presunta víctima se haya apersonado después de interponer su denuncia, tampoco se denunció algún acto de instigación o incumplimiento de las medidas impuestas a su persona.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Patricia Torrico Ortega y Jesús Gonzáles Milán, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia pública de consideración de esta acción de defensa, pese a su legal citación cursantes a fs. 12.
I.2.3. Resolución
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 30 de abril de 2019, cursante de fs. 9 a 11, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos:
- 1)De la revisión del acta de apelación incidental de medida cautelar celebrada el 25 de abril de 2019, se advirtió que los fundamentos de la supuesta víctima radican que con el Auto Interlocutorio de 8 de marzo de igual año, se benefició al imputado Joselo Flores Humaza -ahora accionante-, con medidas sustitutivas, sin que haya acreditado los elementos de arraigo referentes a domicilio y trabajo, además de que el mismo constituye en un peligro para la supuesta víctima; por lo que, solicitó detención preventiva; toda vez que, continuó ejerciendo acciones de intimidación de forma personal, y así también, a través de terceras personas;
- 2)La supuesta vulneración de derechos no resultó evidente; dado que, las autoridades demandadas en apego a sus facultades conferidas por el art. 398 del CPP, determinaron de manera precisa que el Juez a quo en la emisión del Auto Interlocutorio de 8 de marzo del citado año, emitió una Resolución incorrecta; ya que, se priorizó únicamente el interés superior del menor pero no garantizó la protección reforzada que asiste a las mujeres víctimas de violencia y la necesidad de precautelar el enfoque intersecciónal, por la evidente situación de vulnerabilidad de la víctima en razón al imputado, aspectos que no se tomaron en cuenta por el Juez de primera instancia; y,
- 3)No se puede disponer o soslayar la aplicación de medidas cautelares de modo arbitrario, pues se encontraban latentes los riesgos procesales contemplados en los arts. 233.1 y 2; 234.1, 2 y 10; y, 235.1 y 2 del CPP; es decir, que se hallaban concurrentes los requisitos para disponer su detención preventiva.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se convocó al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis. II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
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