0700/2023-S2

El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de la demanda tutelar y, ampliándolo señaló que:

1. a)Correspondía resolver de manera previa la ampliación de la acción de amparo constitucional en contra de Asunta Montenegro Melgar, Vocal que conforma la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni;
2. b)No concierne declarar la improcedencia de este mecanismo de defensa por falta de legitimación pasiva; toda vez que, la etapa de admisión fue superada, y en aplicación del principio pro homine, atañe analizar en el fondo el cuestionamiento al Auto de Vista observado;
3. c)La acción de amparo constitucional expuso una relación de causalidad al denunciar que el Auto de Vista observado lesionó el derecho al debido proceso, además, del principio de seguridad jurídica que puede ser tutelado cuando este se encuentra vinculado al debido proceso;
4. d)El plazo para el cómputo de la prescripción del proceso ejecutivo, conforme el contrato de préstamo, comenzó a correr a partir del momento en que pudo hacerse valer derecho; consecuentemente, el mismo se inició a partir de la suscripción de dicho documento; es decir, que cuando no se estipula un plazo, debe exigirse su cumplimiento de forma inmediata; por tanto, la interpretación realizada por el Vocal demandado fue arbitraria, así como, la estimación que se otorgó a la prueba; y,
5. e)Si se negare la tutela reclamada corresponde mantener la medida cautelar; ya que, la revisión de las resoluciones dictadas en acciones de amparo constitucional demora mucho tiempo.

Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en audiencia de garantías manifestó que:

1. 1)La acción de amparo constitucional carece de relación de causalidad; toda vez que, se dispuso dejar sin efecto la Sentencia 008/2021, dictada dentro del proceso ejecutivo, cuando lo correcto era cuestionar únicamente la última decisión emitida en instancia ordinaria;
2. 2)No se consideró que la legitimación pasiva recaía en los dos Vocales que conforman la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública; por lo que, al haberse planteado el mecanismo de defensa solo en contra de uno de ellos, debía declararse la improcedencia del mismo;
3. 3)El Auto de Vista 194/2021, se encontraba fundamentado, y los argumentos que sustentaron la decisión de confirmar el rechazo a la excepción de prescripción, fueron expuestos en el aludido fallo;
4. 4)El peticionante de tutela no identificó qué prueba fue valorada fuera de los marcos de legalidad tampoco estableció cómo debió ser evaluada; y,
5. 5)El prenombrado cuestionó la interpretación del art. 311 del Código Civil (CC); empero, no expuso de forma precisa como debió ser interpretado el dispositivo y la relación causal con los actos que identificó como lesionados.

Ingrid Antelo Orihuela, Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Trinidad del departamento de Beni, mediante informe escrito presentado el 16 de mayo de 2022, cursante de fs. 83 a 84 vta., indicó que:

1. i)El proceso ejecutivo fue iniciado el 13 de abril de 2021, dictándose la Sentencia 037/2021, siendo citada la accionante, quien interpuso la excepción de prescripción estando caducada la deuda obligacional, conforme el art. 1507 del CC;
2. ii)Mediante Sentencia 008/2021, se resolvió la aludida excepción, declarándola improbada y probada la demanda interpuesta por la tercera interesada;
3. iii)Al haber sido resuelto el recurso de apelación por el Tribunal de alzada por Auto de Vista 194/2021, tomando en cuenta que la ley no reconoce otra instancia en los procesos ejecutivos, se declaró la ejecutoría de la señalada decisión; y,
4. iv)De lo descrito se pudo evidenciar que no se vulneró ningún derecho fundamental de la impetrante de tutela; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada.