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TCP

0700/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0700/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0700/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 68893-2024-138-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 229/2024 de 28 de octubre, cursante de fs. 289 a 295 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Adalid Tejada Ponce contra Eve Carmen Mamani Roldán, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 18 de octubre de 2024, cursante de fs. 128 a 157, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona a denuncia presentada el 17 de septiembre de 2013 por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, por la presunta comisión de delitos ambientales y destrucción de bienes arqueológicos, previsto y sancionado por el art. 223 del Código Penal (CP) en su calidad de representante legal de la Empresa Minera Inti Raymi Sociedad Anónima (S.A.); habiendo transcurrido más de once años sin que dicho proceso concluya. El 3 de ese mes de 2024, en audiencia de juicio oral, público y contradictorio planteó excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por ley para la procedencia del mismo.

En tal sentido, realizó una auditoría del proceso y demostró con superabundantes pruebas documentales, las dilaciones en las que incurrieron tanto autoridades fiscales como jurisdiccionales, demostrando que hubo una dilación injustificada de nueve años, cinco meses y diecisiete días hasta la fecha de inicio del juicio oral, público y contradictorio descontando vacaciones y el tiempo de suspensión de plazos procesales por la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, la Jueza hoy accionada, declaró improbada su excepción a través del Auto Interlocutorio 556/2024 de 3 de septiembre, el cual además de ser breve y absolutamente arbitrario en su fundamentación, no valoró las pruebas y argumentos expuestos de su parte. Así:

  1. a)Equivocadamente asimiló la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso con la que opera por prescripción, cuando se trata de instrumentos procesales absolutamente distintos;
  2. b)Sustentó su rechazo en base a la supuesta complejidad del asunto, limitándose a referir que en el caso existen más de treinta víctimas sin indicar cómo dicha complejidad hubiese sido determinante en las dilaciones de uno, dos, tres y cuatro años;
  3. c)Intentó desconocer la negligencia e irresponsabilidad de las autoridades que ocasionaron la dilación de más de nueve años indicando que su persona también contribuyó a la mora procesal; y,
  4. d)Ingresó en divagaciones; por las que, le atribuyó de cosa juzgada, por haber planteado la misma y no haber "adivinado" que esa excepción iba a ser rechazada.

La Jueza ahora accionada, obró de manera absolutamente contraria a todos los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional, permitiendo que un proceso que superó una década en su tramitación continúe en desarrollo de manera indefinida.

Finalmente, alegó la excepción al requisito de cumplimiento del principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional por su condición de adulto mayor con sesenta años cumplidos al 4 de abril de 2024, conforme lo establecido por la jurisprudencia "...a pesar de que exista un recurso de apelación incidental que eventualmente podría ser interpuesto a tiempo de finalizar el juicio oral, pues no puede ser exigible a una persona de mi edad que continúe aguardando mayor tiempo, quizás años, o quizá otra década, para que se dilucide la protección a sus derechos y garantías fundamentales..." (sic).

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en su elemento de motivación de las resoluciones y a la conclusión del proceso en plazo razonable, así como el derecho a la defensa; citando al efecto los arts. 115.II, 117.1, 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

  1. 1)Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 556/2024 de 3 de septiembre, ordenando se emita un nuevo auto interlocutorio que resuelva la excepción de extinción por duración máxima del proceso; y,
  2. 2)Ordenar la medida cautelar de suspensión de la tramitación del juicio oral, público y contradictorio que se desarrolló ante el Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, hasta que se resuelva esta acción de amparo constitucional, concretamente la audiencia programada para el 28 de octubre de 2024.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 28 de octubre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 274 a 288 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de sus abogados, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: Con relación a la excepción al principio de subsidiariedad que, está solicitando se le conceda la tutela por vulneración de sus derechos dispuesta en el Auto Interlocutorio 556/2024, que si bien pudiera ser apelable en un futuro incierto, que no es inmediato, considerando que la protección puede resultar tardía en caso de que transcurra más tiempo o cuando el daño sea inminente, si es que no se otorga una protección inmediata.

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