Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0702/2019-S2 Sucre, 21 de agosto de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 28830-2019-58-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 131/2019 de 3 de mayo, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Genaro Marcelo Canaviri Quispe en representación sin mandato de René Canaviri Ulo contra Moisés Alexis Vilela Dorado, Fiscal de Materia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 2 de mayo de 2019, cursante de fs. 3 a 5, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a instancia de Eliza Condori de Mamani, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se dispuso su detención preventiva en el Recinto Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz; en consecuencia, para asumir defensa en libertad, el 17 de abril de 2019 impetró ante el Fiscal de Materia ahora demandado, la extensión de requerimiento fiscal dirigido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), con la finalidad de suscribir amplias garantías a favor de la denunciante y de la víctima; y de esta forma acogerse a lo establecido en el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, transcurrieron quince días sin que hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, la autoridad demandada haya emitido respuesta escrita y favorable a su petición, puesto que de forma verbal el 2 de mayo del mismo año, le indicó que no consentiría su solicitud, porque su proceso se encontraba en etapa de juicio, sin considerar lo establecido en la .
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
Denuncia la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma alguna de la Constitución Política del Estado o de otros instrumentos internacionales de Protección de los Derechos Humanos, que lo reconozcan como derecho fundamental o humano.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que en el plazo de veinticuatro horas, el Fiscal de Materia demandado, extienda los requerimientos fiscales solicitados.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
En audiencia pública de consideración de esta acción de defensa, celebrada el 3 de mayo de 2019, según consta en acta cursante de fs. 18 a 19 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, reiteró los términos de su demanda tutelar, además añadió:
- a)Respecto a la solicitud de requerimiento de 17 de abril de 2019, el padre del accionante se apersonó todos los días ante el Ministerio Público de Pucarani a reclamar por el mismo, empero no existe pronunciamiento formal por parte de la autoridad demandada, quien únicamente llegó a informarle de manera verbal que no emitirá ningún requerimiento, debido a que cursaría la acusación formal; y,
- b)Su requerimiento fue obstaculizado por el Fiscal de Materia demandado en inobservancia de los arts. 40.2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012- (LOMP); y, 323 inc.1) del CPP; toda vez que, la presentación de la acusación formal, de ninguna manera impide que el Ministerio Público aún pueda emitir requerimientos fundamentados que sirvan para recolectar elementos a efectos de solicitar la cesación de la detención preventiva.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Moisés Alexis Vilela Dorado, Fiscal de Materia, mediante informe realizado en audiencia de consideración de esta acción tutelar, señaló:
- 1)Las alusiones subjetivas manifestadas por el accionante, no son evidentes, debido a que no las sustentó con pruebas; puesto que, no existe un proveído que rechace la solicitud de requerimiento; y,
- 2)La referida solicitud de requerimiento fiscal realizada por el impetrante de tutela el 17 de abril de 2019, mereció decreto de 18 de igual mes y año "...el cual a la parte principal señala requiérase y al otrosí por señalado..." (sic), el cual se encuentra adjunto al cuaderno de investigaciones; con lo que se acredita que el proveído fue emitido dentro las veinticuatro horas, vale decir que respondió oportunamente la referida petición.
I.2.3. Resolución
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 131/2019 de 3 de mayo, cursante de fs. 20 a 22 vta., denegó la tutela impetrada; sobre la base de los siguientes fundamentos:
- i)El presente asunto se encuentra bajo control jurisdiccional del Juez Mixto de Familia, de la Niñez e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz; en consecuencia, el demandante de tutela debió acudir con carácter previo a dicha autoridad en lugar de activar directamente la vía constitucional;
- ii)También la autoridad ante quien se remite la acusación fiscal, se convierte en contralor de garantías; sin embargo, no existe ningún memorial de reclamo ante el mismo Fiscal demandado, al Juez de control jurisdiccional ni ante las autoridades que conocen la referida acusación, conforme lo establece la ; de donde se tiene, que el impetrante de tutela no hizo llegar denuncia alguna al Juez competente, para que pueda ejercer control jurisdiccional sobre las actuaciones del Ministerio Público; y,
- iii)El Fiscal de Materia demandado presentó copias del cuaderno de investigación, donde se evidencia que la solicitud de requerimiento fiscal presentada el 17 de abril de 2019 por el accionante, fue respondida por decreto de 18 de igual mes y año.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se convocó al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa copia fotostática del memorial presentado el 17 de abril de 2019 por René Canaviri Ulo -ahora accionante-; mediante el cual, solicitó al Fiscal de Materia -ahora demandado-, que emita requerimiento fiscal dirigido a la FELCC, a efectos de suscribir con la denunciante y la víctima garantías de buena conducta (fs. 2 y vta.).
II.2. Por Decreto de 18 de abril de 2019, el Fiscal de Materia demandado, dando respuesta al memorial precedentemente indicado, dispuso: "Requierase al otrosi.- Por señalado" (fs. 13).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz; en consecuencia el 17 de abril de 2019, a efectos de acogerse a lo establecido en el art. 239.1 del CPP, solicitó al Fiscal de Materia demandado, la extensión de requerimiento fiscal dirigido a la FELCC, con la finalidad de suscribir amplias garantías a favor de la denunciante y de la víctima; sin embargo, transcurrieron quince días sin que hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela, la autoridad demandada haya emitido respuesta escrita y favorable a su petición; siendo que únicamente de forma verbal el 2 de mayo del mismo año, le indicó que no consentiría su solicitud, porque su proceso se encontraba en etapa de juicio; por lo que, se considera indebidamente privado de su libertad. Consiguientemente, solicitó que se conceda la tutela impetrada y se disponga que en el plazo de veinticuatro horas, el Fiscal de Materia demandado, extienda los requerimientos fiscales solicitados.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas:
- a)La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico:
- a.1)El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa;
- a.2)El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género;
- a.3)Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; y,
- a.4)El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa;
- b)Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia contra la mujer; y,
- c)Análisis del caso concreto.
III.1. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debe proteger, para impedir que en su contra se consume el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos.
En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.
III.1.1. El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa
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