0702/2022-S2

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo que:

1. a)En todo proceso existe dos tipos de caducidad, cuando precluye un derecho al presentar una segunda demanda y dejarla que se extinga, conforme prevé el art. 249 del CPC, en mérito al cual ya no podía presentarse una tercera demanda y menos pasados los seis meses y veintitrés días, a lo que la parte actora indicó que no se cumplió los seis meses por vacación judicial, donde al respecto el Juez de la causa pasados los quince días debió considerar días calendario sin descontar feriados;
2. b)Los Vocales demandados en el Auto de Vista 132, modificaron el criterio del legislador, negando que existió caducidad en los procesos ejecutivos y solo aplica a procesos ordinarios de conocimiento, fundamento sacado de su albedrio sin ningún artículo que lo respalde, es apócrifo por cuanto la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, estableció el lineamiento e interpretación jurídica sobre dicha normativa a través de la Carta Acordada 01/2015, de conocimiento de los Vocales y Jueces del país, por la que el merituado art. 249 del CPC procede para todos los casos civiles sin excepción;
3. c)Señalaron igualmente que, no podía extinguirse solo por dejadez de las partes, olvidando que el nuevo sistema procesal civil busca la agilidad procesal, indicando que no existía extinción en procesos ejecutivos en los que la pérdida de derecho se da por la prescripción prevista en el art. 1507 del Código Civil (CC), desconociendo que en la misma norma alude a la prescripción dispuesta por otras normas; y,
4. d)En cuanto a la cosa juzgada, expresaron que las resoluciones de extinción no causan estado al no definir el fondo del problema, aportándose lo establecido por el art. 222 del CPC, que estipula que los autos definitivos tiene calidad de sentencias porque ponen fin al proceso, añadiéndose a ello lo previsto en el art. 220 de igual norma, respecto de lo cual, en las dos demandas anteriores, no impugnaron las resoluciones emitidas a través de ningún recurso por parte de la Industrias de Aceite S.A., consintiendo tácitamente su ejecutoria, en los que además retiraron la documentación.

Andrés Bakovic Guzmán en representación legal de la Industrias de Aceite S.A., en audiencia, manifestó que:

1. 1)Interpusieron tres acciones ejecutivas de estructura monitoria, la primera concluyó con la extinción de la acción por inactividad vinculada al supuesto de no haberse notificado con la sentencia inicial a la parte afectada dentro de los treinta días, la segunda demanda ejecutiva radicada en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, que también concluyó con la extinción de la demanda, tampoco se procedió a la citación a la parte ejecutada dentro del plazo establecido por ley; y en el tercer proceso la parte demandada interpuso excepción de caducidad en el entendido de que sería improcedente según los alcances del art 249 del CPC, que es la norma central de la presente acción de defensa, respecto de la cual el impetrante de tutela alegó errónea o mala interpretación que afecta sus derechos constitucionales;
2. 2)La jurisprudencia constitucional al respecto estableció que para la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria es necesaria una adecuada y precisa argumentación jurídica de criterio y principios que no fueron cumplidos o los desconoció el juez o tribunal demandado, no señaló que principios o valores no fueron tomados en cuenta, presupuesto que no plasmó el demandante de tutela, quien se limitó solo a invocar los supuestos derechos lesionados;
3. 3)En cuanto a la relevancia constitucional, tampoco ha sido verificado por el peticionante de tutela al no establecer el nexo de causalidad entre el error en que habrían incurrido los Vocales demandados y la lesión generada a sus derechos y garantías constitucionales;
4. 4)Respecto al principio de subsidiariedad y lo dispuesto por el at. 386 del CPC, en sentido que lo resuelto en proceso ejecutivo podrá ser modificado en un ordinario posterior, ha sido omitido por el accionante pues podía reclamar lo resuelto en un proceso ordinario y no acudir directamente a la jurisdicción constitucional;
5. 5)El art. 247.I.1 del CPC, refiere que -transcurridos treinta días de la admisión de demanda y el actor no cumplió con la notificación al ejecutado-; toda vez que, en los procesos ordinarios se dicta auto de admisión, en cambio en un proceso monitorio ello no existe, pues se emite sentencia inicial (arts. 379 y 380 del CPC), Resolución que no puede ser equiparada a un auto de admisión, análisis realizado por las autoridades judiciales demandadas a tiempo de pronunciarse por la improcedencia de la excepción de caducidad; vale decir, que no podían aplicarse los criterios de inactividad del 247.I.1 del CPC a los procesos monitorios, aspecto debidamente fundamentado;
6. 6)En relación a la Carta Acordada 01/2015 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, está referida a la Disposición Transitoria Décima que determina la extinción por inactividad de procesos antiguos a la indicada norma procesal civil, a realizarse cada seis meses, por la que durante la implementación escalonada de la nueva norma procesal civil, los juzgados debían archivar los casos que se ajustaba a dicha previsión a fin de no generar mayor carga procesal y con el propósito de un descongestionamiento procesal en materia civil, pero de ninguna manera puede ser interpretada en sentido de que el art. 247 del Código Adjetivo Civil sea aplicado a todos los procesos, comunicación que además no tiene la jerarquía de una norma procesal, aspecto que fue recogido y explicado claramente por los Vocales demandados en el Auto de Vista confutado;
7. 7)En el anterior procedimiento existió la figura de la perención de instancia, la cual permitía la presentación de una segunda demanda como requisito para la extinción del derecho pretendido, aspecto que no está contenido en el art. 249 del CPC;
8. 8)El art. 1507 del CC prevé que los derechos patrimoniales prescriben a los cinco años, entonces pretender que un derecho se extinga por el no cumplimiento de la carga procesal de citar al ejecutado dentro de los treinta días de iniciado el proceso no es posible, ya que la norma le da al acreedor cinco años de inactividad para que se extinga su derecho; y,
9. 9)A través de la presente acción de defensa se pretende eludir el cumplimiento de una obligación por parte del ejecutado que se encuentra en un título ejecutivo que no es objeto de cuestionamiento, bajo el argumento de una errónea interpretación de la norma procesal civil, por lo que pide la denegatoria de tutela, manteniendo firme y subsistente el Auto de Vista cuestionado.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 90/2021 de 20 de julio, cursante de fs. 638 a 643, concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 132, debiendo los Vocales demandados dictar una nueva resolución adecuando su argumentación a la aplicación de las normas y principios reconocidos por la Sala como normas de aplicación general a todos los procesos en el orden civil. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. i)El accionante planteó que el Tribunal de alzada interpretó inadecuadamente el art. 247.I.1 del CPC, que prevé: "...Quedara extinguida la instancia cuando las partes no cumplan con sus obligaciones destinadas a la continuidad del proceso en los siguientes casos:
2. 1)Transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda principal la o el demandante no hubiesen cumplido obligaciones que impone la ley para que sea practicada la citación a la parte demandada..." (sic), al señalar que es aplicable a procesos que contemplan la admisión, como los ordinarios, mas no así para los de estructura monitoria; empero, dicha disposición es de contenido general y no como indicó el tercero interesado aplicable únicamente a procesos que prevén la admisión, limitándose a una interpretación literal de la norma, más aun si esta se encuentra en el Título destinado a la forma de conclusión de un proceso en forma general, no existiendo ninguna otra disposición legal que excluya a los procesos monitorios;
3. ii)La pregunta sería, -¿porque el legislador excluiría de esta forma de extinción al proceso monitorio?-, por el contrario, los procesos de esta naturaleza tiene antecedentes en los procesos denominados sumarios en el antiguo Código de Procedimiento Civil, en los que el elemento y principio que los regía era la agilidad, entonces excluir un mecanismo que otorga dinamismo al proceso es desnaturalizarlo y volverlo lento, añadiéndose a ello que, en este tipo de procesos la sentencia inicial es asimilable a la admisión de una demanda, en el que si el ejecutado interpuso excepciones o incidentes estos son resueltos en la resolución definitiva, entretanto constituye un fallo de carácter provisional y por tanto sujeta a una sentencia definitiva;
4. iii)De ahí que la interpretación de las autoridades judiciales demandadas resultó arbitraria al excluir la extinción por inactividad en un proceso, en el que más bien el juez de la causa debió incorporar mecanismos y actos para agilizar el proceso, surgiendo así el segundo elemento planteado por el peticionante de tutela relativo a la presentación del mismo título ejecutivo, aduciendo al respecto el tercero interesado que, ese tipo de extinción no es aplicable a los procesos monitorios porque tienen su propio momento para ser ejecutado, tiempo vinculado al derecho dispositivo de acudir ante la jurisdicción ordinaria y pedir su cobro, más no al hecho que el actor pueda acudir al órgano jurisdiccional cuando desee y las veces que quiera, desnaturalizando el sistema adoptado por el Código Procesal Civil que se rige por el principio dispositivo conforme prevé el art. 1 incs. 3) y 10) del CPC, como pilares que sustentan el derecho;
5. iv)Principio que debió ser entendido como aquella norma legal que sirve para materializar y perfeccionar derechos y buscar su efectividad;
6. v)El principio de celeridad en su redacción refiere un conjunto de institutos que el Juez debió aplicar, las partes, los funcionarios judiciales, los abogados y pretender excluir la norma que aplicó la extinción como mecanismo de celeridad, seria desentender y desnaturalizar el mismo; y,
7. vi)La demanda ejecutiva fue planteada y resuelta en dos oportunidades y ante una tercera, el Tribunal de alzada no efectuó una adecuada consideración de las disposiciones que rigen el Código Procesal Civil, debiendo ajustar sus actos a la interpretación apropiada de la disposición contenida en el art. 247 del CPC, respecto de la extinción por inactividad del proceso y el art. 1 en los incisos citados anteriormente del mismo Código.

Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: '1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad;

1. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia;
2. 3)Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación;
3. 4)Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad' (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, '...5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos...' (SCP 0100/2013 de 17 de enero²).