Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0703/2019-S3 Sucre, 7 de octubre de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional
Expediente: 29227-2019-59-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 074/2019 de 27 de mayo, cursante de fs. 548 a 550 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ponciano Poma Ticona, Faculina Tantani Tarqui, Domingo Quispe Poma, Amalia Choque Cosme, Laura Apaza Rosas, Robustiano Quispe Poma, Remigio Poma Ticona, Santos Jesús Quispe Paxi, Máxima Quispe Ticona, Arsenio Quispe Huanca y Eulogia Zambrano Terrazas, todos autoridades de la comunidad originaria Cutini Chonchocoro del departamento de La Paz contra Waldo Echeverría García, Presidente; Norberto Quispe Gonzales, Vicepresidente; Leonor Alcon de Morales, Agustina Quispe Peña, Heidy Lizet Ventura Huallpara, David Bautista Choque, Olga Morales Cáceres, Wilson Vargas Villca, Héctor Calle Cruz, Hernán Carvajal Machaca y Antonieta Nina Ali, Concejales, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha de ese departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 13 y 22 de mayo de 2019, cursantes de fs. 43 a 46 y 54 a 55, los accionantes manifestaron que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A los fines de cumplir con los requisitos de la tramitación de la personería jurídica ante el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el 24 de julio de 2018, en calidad de autoridades de la comunidad originaria Cutini Chonchocoro, solicitaron al Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha del departamento de La Paz, la emisión de una resolución municipal que reconozca a su comunidad y se les otorgue personalidad jurídica, al contar con vida orgánica de más de seis años y al tenor de la Resolución 02/2013 de 7 de abril, emitida por su entidad matriz Marka Jacha Hilata y Sub Central Hilata Norte, quienes les otorgaron las certificaciones respectivas.
La solicitud efectuada no tuvo respuesta; por lo que, a través de peticiones efectuadas el 21 de diciembre de 2018; 8 de febrero y 29 de abril de 2019, las autoridades ediles aprovechándose de su humildad asumieron simples compromisos verbales, al extremo de suscribir inclusive en su Libro de Actas el 30 de abril del citado mes y año, recomendación para agendar la tramitación de la solicitud para el 7 de mayo del mismo año; sin embargo, lo comprometido no fue cumplido por la inasistencia de seis concejales, acordándose llevar la Sesión al día siguiente; es decir, el 8 del indicado mes y año; pero una vez que se presentaron ante la entidad edil, fueron sorprendidos al encontrar el edificio municipal rodeado de seguridad, impidiéndoles la entrada, informándoles que el Concejo Municipal se encontraba en sesión reservada.
Resultando de ello que desde el 24 de julio de dicho año al presente -10 de mayo de 2019-, transcurrieron más de nueve meses, sin que se haya dado respuesta a su petición.
I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados Los accionantes alegaron lesionado su derecho a la petición, a cuyo efecto citaron el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio
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