Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 21 de agosto de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 28750-2019-58-AL Departamento: La Paz
Partes: Ivan Gary Flores Apaza contra Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que revocó la Resolución 058/2019 de 25 de abril pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, determinó conceder en parte la tutela respecto a la celeridad vinculada al derecho a la libertad; y, denegar con relación al derecho al debido proceso y, los principios de celeridad, legalidad, eficiencia, inmediatez e igualdad de las partes.
Sin embargo, no se comparte la parte resolutiva de la , pues en los delitos vinculados a la violencia en razón de género -como en el presente caso-, debió incorporar en el análisis del problema jurídico planteado una perspectiva de género, tomando en cuenta y velando por la participación de la víctima en la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, en la que tiene derecho a ser oída y antes de cualquier determinación del juez. En todo caso, se considera que debió CONFIRMAR la mencionada Resolución emitida por el Tribunal de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada; conforme a los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante alega que se lesionaron sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como los principios de celeridad, legalidad, eficiencia, inmediatez e igualdad de las partes; toda vez que, su audiencia de cesación de la detención preventiva de 24 de abril de 2019, fue suspendida sin justificación alguna por la autoridad demandada, en mérito a la solicitud realizada por la abogada de la víctima, quien argumentó que su defendida no pudo asistir a la audiencia porque se encontraba en clases.
En consecuencia, correspondía en revisión verificar si tales extremos eran evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para el efecto, debió desarrollar los siguientes temas;
- a)El delito de trata de personas y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación;
- b)Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados con violencia contra la mujer; y,
- c)Análisis del caso concreto.
II.1. El delito de trata de personas y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación
Si bien existen varias causas para la comisión del delito de trata de personas, algunas de ellas son la segregación económica, social, cultural y las condiciones familiares traducidas en pobreza, violencia y discriminación, exponiendo a las víctimas a redes de abuso y explotación; imposibilitando con ello, el ejercicio y desarrollo pleno de sus derechos.
Ahora bien, del Informe Mundial sobre la Trata de Personas emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) -gestión 2016-, se destacan tres aspectos, que:
- 1)Las víctimas del delito de trata fueron mayoritariamente mujeres -71% en el 2016-;
- 2)La trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados, continúan siendo las modalidades más detectadas de este delito; y,
- 3)Mientras que mujeres y niñas tienden a ser víctimas de trata de personas con fines de matrimonios forzados o explotación sexual; hombres y niños son explotados con fines de trabajos forzados en la industria minera, como maleteros, soldados o esclavos.
Con estas precisiones, se puede establecer, que si bien el delito de trata de personas presenta una naturaleza compleja, cuyas características varían de acuerdo a los perfiles de la víctima y la finalidad de la explotación; no obstante, la violencia y relación de dominio que antecede es provocada por el agresor sobre la víctima, siendo un factor común que interviene en la generalidad de los casos.
En este factor común, se develan las similitudes entre estos dos fenómenos de victimización, advertido principalmente en la trata de personas con fines comerciales y de explotación sexual, cuyas víctimas son principalmente mujeres y niñas1, lo que finalmente pone en evidencia que la trata de personas constituye un delito con una fuerte connotación de género.
La discriminación y la violencia contra las mujeres, en sus distintas aristas, son una forma de expresión de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, caracterizadas por la consecuente limitación en el ejercicio de los derechos de estas últimas.
Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, en la que predominó y continua predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se originó en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia, puesto que su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.
Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer.
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