0704/2021-S3

Su aprehensión ilegal comenzó el 2 de junio de 2020, desde ese momento se encuentra indebidamente procesada, refiere que se procedió de forma ilegal al:

1. a)Allanamiento y secuestro de objetos -se entiende personales- bajo la excusa de efectuar el registro del lugar del hecho y recolección de evidencias, cuando debió realizarse en el sitio descrito al momento de aperturar la investigación; puesto que al existir una denuncia penal contra el Jefe de Seguros de YPFB con lugar de trabajo en el piso 7 del edificio de la mencionada entidad; empero, el Fiscal de Materia e investigadores ingresaron el 19 de mayo de igual año a la Gerencia Legal de YPFB ubicado en el piso 13 del mismo edificio, sin autorización del responsable, ni orden judicial, secuestrando computadoras y su celular personal; constituyéndose esos actos en nulos al incumplirse el art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP); además, contraviniendo los arts. 187 con relación al 186 del citado Código; asimismo, dichos actos se hicieron sin que exista previamente control jurisdiccional como exige el art. 279 del mismo cuerpo normativo;
2. b)En su declaración como testigo pretendieron coaccionarla sobre conversaciones privadas, incurriendo en la vulneración del debido proceso establecido en el art. 116.II de la Constitución Política del Estado (CPE);
3. c)Mediante memorial de presentación espontánea de 29 de ese mes y año demostró su predisposición de colaborar con la investigación; sin embargo, de la revisión del portafolio digital del Ministerio Público el referido memorial estaba aún sin resolverse oportunamente vulnerando su derecho de acceso a la justicia establecido en el art. 115.II de la Norma Suprema concordante con el art. 3.7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), incurriendo en demora procesal de los arts. 4.2 de la referida Ley y 130, 132 y 135 del CPP;
4. d)Su citación como sindicada, así como la diligencia de notificación de 29 del indicado mes y año, se efectuaron sin que conste informe de control jurisdiccional, vulnerando el art. 279 del señalado Código;
5. e)A través de memorial presentado ante la autoridad jurisdiccional el 1 de junio de 2020 solicitó certificación sobre la existencia de aviso de informe de control jurisdiccional, la precisión del hecho atribuido y si cuenta con orden judicial de allanamiento y secuestro, que no fue atendido incumpliendo los arts. 132 relacionado con el 130 y acorde con el 135, todos del CPP, que se constituye en una vulneración al derecho de acceso a la justicia;
6. f)El aviso de informe de control jurisdiccional se lo presentó el 1 de igual mes y año; empero, anteriormente a esa presentación se realizaron actuados investigativos, incumpliendo el art. 279 del mencionado Código;
7. g)La declaración de su persona como sindicada no fue adjuntada a la imputación formal; por lo que se debió verificar su existencia en cumplimiento de los arts. 98 concordante con el art. 100 del referido Código, que es un medio de defensa; sin embargo, en lugar de hacerle conocer el hecho que se le atribuye y las circunstancias del mismo, los Fiscales de Materia intentaron coaccionarla para firmar esa declaración con la amenaza de emitir resolución de aprehensión, extremo que vulnera su derecho a la defensa garantizado por los arts. 114.II y 115.II de la CPE;
8. h)La aprehensión realizada por orden del Fiscal de Materia no cuenta con suficientes indicios de su supuesta autoría; puesto que no se individualizó los hechos, solo se tiene una lista de pruebas colectadas, tampoco efectuaron una descripción de los peligros procesales de obstaculización y fuga, únicamente consideraciones subjetivas lo que vulnera el art. 266 del CPP. Luego de su aprehensión correspondió ser puesto a disposición del Juez de la causa de turno en el plazo de veinticuatro horas aspecto que no ocurrió, siendo que la aprehendieron el 2 de junio de igual año a las 10:49 horas y la pusieron a disposición del Juez de la causa el 3 de ese mes y año a las 11:03 horas vulnerando el art. 226 del CPP; asimismo, al momento de su aprehensión se le debió informar los motivos y la existencia de una denuncia o querella, lo que no ocurrió, siendo que recién el 8 de igual mes y año se subió al portafolio digital del Ministerio Público su querella que objetó oportunamente; por lo tanto, cuando se la aprehendió no había denuncia ni querella, vulnerando la "SCP 749/2019-S2" y el derecho a la defensa establecido en los arts. 114.II, 115.II y 119.II de la CPE;
9. i)La imputación formal del Ministerio Público tiene ausencia de la descripción de los hechos, de tiempo, modo y lugar de comisión, solo tiene una relación de actos de investigación y categorías jurídicas abstractas lesionando el art. 302.4 del CPP, y cuando existe multiplicidad de imputados se debe individualizar los hechos a cada uno de ellos señalando su grado de participación y los elementos de prueba; empero, en la imputación formal se la adhiere con otra imputada sin individualizarla, vulnerando el art. 20 del CP y los principios de legalidad, objetividad, responsabilidad y oportunidad con los que debe actuar el Ministerio Público de acuerdo al art. 255 del CPP. Concurriendo los presupuestos le atribuyeron cuatro hechos:
10. 1)Contrato de líquidos, donde no especifica las circunstancias, fecha y ubicación, existiendo además dos consideraciones, una es que su persona fue Jefa de la Unidad Legal General de Análisis y Redes de Gas y Ductos y no de líquidos; por lo tanto, cómo podría participar en una compra de líquidos;
11. 2)Compra de alimentos, donde no se precisa la relación circunstanciada de los hechos, forma en la que participó, fecha y ubicación, hecho suscitado en la planta de Rio Grande jurisdicción del departamento de Santa Cruz y no en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz donde corresponde su persona;
12. 3)El proceso de contratación de seguros se realizó sin la participación del área legal para su adjudicación, empero, se lo deriva para verificación de documentos y elaboración de contratos, observándose la documentación a través del "informe 117/2020"; por lo que se dejó sin efecto dicha contratación mediante CITE YPFB-GCC-DCO-C509/2020 de 20 de abril; y,
13. 4)La ilegalidad de la Resolución 078/2020 de fecha 31 de marzo que fue emitida por el Presidente de YPFB;
14. j)El señalamiento de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares para el 4 de junio del mismo año donde se determinó notificar a Alenka Jimena Ferrufino Iriarte; empero, a pesar de no mencionar su nombre, fue notificado irregularmente con doce páginas de su imputación formal faltando su última página y sin el decreto de señalamiento de la referida audiencia, además de proporcionar un link erróneo para que ingrese a la mencionada audiencia, otorgándole el mismo de manera correcta a las 10:57 horas de esa fecha, una hora después de iniciada dicha audiencia, vulnerando el art. 119.II de la CPE; asimismo, el número de celular de su defensa es otro al que notificaron. En la audiencia señalada no se consideró los incidentes de nulidad de aprehensión ilegal y de actividad procesal defectuosa ni la excepción de falta de acción, las cuales al momento de ser interpuestas el Juez hoy coaccionado indicó que serían resueltas en audiencia y conforme a procedimiento, incumpliendo la SCP 749/2019-S2 de 2 de septiembre y el art. 314 del CPP; por lo que se le negó el acceso a la justicia, vulnerando los principios que rigen al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional y a los principios citados en los arts. 178.I y 180.I de la CPE y 130, 132 y 135 del CPP; y,
15. k)En la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 4 de junio de 2020 se definió su situación procesal sin considerar los principios de contradicción e inmediatez que se deben cumplir de acuerdo al art. 113.I del mencionado Código, debido a que el elemento probatorio en el que se sustenta el Juez de primera instancia no fue añadido a la plataforma virtual ni se presentó en forma física por el Ministerio Público, como se mencionó en la Resolución 066/2020 de 4 de junio, vulnerando su derecho a la defensa; por consiguiente, la determinación de extrema medida asumida contra su persona por el Juez ahora coaccionado fue subjetiva, parcializada, lo que vulnera el acceso a la justicia establecida en los arts. 178.I y 180.I de la CPE e incumpliendo los arts. 13, 231 bis, 233, 234 y 235 del CPP, más aún cuando se procedió a privarle de su libertad vulnerando los arts. 22 y 23 relacionados a los arts. 115, 119.II y 120 de la Norma Suprema. Constituyéndose todos los actos antes mencionados en actividad procesal defectuosa establecida en el art. 167 del CPP concordado con el art. 169.3 del citado Código, relacionado con los arts. 13, 115, 116, 119.II, 120 y 122 de la CPE.