0705/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0705/2019-S3 Sucre, 7 de octubre de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 29248-2019-59-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 23/2019 de 3 de mayo, cursante de fs. 137 vta. a 139 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Tito Montero Vaca contra Zenón Edmundo Rodríguez Zeballos y Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de abril de 2019, cursante de fs. 115 a 122, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de diciembre de 1995, Luisa Arias Céspedes le transfirió un lote de terreno, cuya minuta fue debidamente reconocida ante el entonces Juez de Instrucción Civil Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, encontrándose en posesión del indicado inmueble junto a su familia. Posteriormente, presentaron en su contra una querella por el supuesto delito de despojo; motivo por el cual, interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción ante el Juez de la causa, de conformidad a lo previsto en el art. 308 inc. 4) con relación a los arts. 27 inc. 8) y 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP); autoridad que declaró procedente la misma, al interpretar y tomar en cuenta los arts. 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establecen expresamente la necesidad de que la administración de justicia además de ser gratuita y proba, actúe con celeridad en la resolución de las causas.

Dicha decisión fue apelada y en virtud a ello, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del Auto de Vista 189 de 21 de agosto de 2018, revocaron la resolución emitida por el Juez de primera instancia, sin tomar en cuenta las pruebas documentales ofrecidas en la excepción que planteó, demostrando que se encuentra en posesión del citado inmueble hace veintitrés años y su ingreso al mismo de buena fe en 1995, existiendo por lo tanto prescripción de la acción, conforme establece el art. 29 del CPP; sin embargo, con el fin de confundir a las autoridades demandadas, la supuesta víctima o querellante no manifestó en qué fecha aparentemente fue despojado del predio y bajo qué circunstancias, con el único fin de confundir al Tribunal de apelación, sin considerar que las razones jurídicas de la decisión contenidas en las Sentencias Constitucionales respecto al cómputo de la prescripción, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante y obligatorio para jueces, fiscales y demás autoridades.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados