0705/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)Anular el Auto Supremo 13/2021 de 10 de marzo; y,
2. b)A los Magistrados demandados emitan otro auto supremo acogiendo el sistema de la sana crítica como medio de valoración probatoria, valorando toda la prueba aportada, y aplicando las normas y principios constitucionales extrañados.

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo que:

1. 1)Cinco personas, entre ellas su persona iniciaron el año 2019, la demanda contra la empresa "CERVA S.R.L.,"; sin embargo, fueron engañadas al hacerles firmar un documento manifestándoles que era una "pre liquidación" y entregándoles Bs10 000.- (diez mil bolivianos); de manera posterior la volvieron a contratar pero solo por dos meses, y al momento de despedirla le señalaron que ya le había sido pagado todos los beneficios sociales, tratando de esa manera eludir su responsabilidad, por ello, se inició el proceso laboral;
2. 2)Estas pretensiones fueron acogidas en primera y segunda instancia, por el juez y los vocales, respectivamente; pero, en el recurso de casación, pasó algo totalmente diferente a lo sucedido con los otros Autos Supremos 23/2021⁵ y 41/2021⁵ ambos del 10 de febrero, dictados en procesos similares de las otras personas que iniciaron junto a ella esta demanda laboral; puesto que el Auto Supremo 13/2021⁵, resolvió sobre la misma problemática pero con diferentes fundamentos, incurriendo en un error, ya que según el "art. 257 del CPT" no debía haberse aplicado el Código Procesal Civil, en ese entendido se aplicó de manera correcta el art. 135 del Código Procesal Civil, pero de manera errónea el art. 1257 del citado Código, sin tener ninguna prueba;
3. 3)Los Magistrados ahora demandados se apartaron del sistema de valoración probatoria que ellos mismos invocaron en el Auto Supremo 13/2021⁵; es decir, omitieron aplicar los arts. 3 inc. j), 158 y 200 del CPT;
4. 4)En el fundamento del referido Auto Supremo señalaron que en las resoluciones de instancia hubo un error de derecho en la apreciación del documento privado de cancelación de finiquito, que contaba con su reconocimiento de firmas y el formulario de pre liquidación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que a criterio de los Magistrados demandados, estas pruebas demostraron que se cancelaron los beneficios sociales, razón por la cual casaron el Auto de Vista 215/2020;
5. 5)El Auto de Vista recurrido en casación es bastante claro al señalar que la verdad material estaría por encima de las formalidades, en ese entendido la SCP 0826/2020-S4 de 15 diciembre, estableció el principio de supremacía de la realidad, que es cuando prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes, en ese entendido, cuando las autoridades demandadas determinaron que los beneficios sociales habrían sido pagados, no aplicaron el principio de la primacía de la realidad, sino que aplicaron el sistema de valoración probatoria de la prueba tasada, dándole todo el valor legal al documento, sin tomar en cuenta lo que declararon los testigos;
6. 6)En el Auto Supremo 13/2021⁵ no hicieron mención a la prueba testifical, y eso es una vulneración a lo establecido en los arts. 3 inc. j), 158 y 200 del CPT, apartándose de esa manera de la sana crítica, y aplicando solo la prueba tasada; y,
7. 7)La SCP 854/2010-R de 10 de agosto, señaló que la jurisdicción constitucional no puede hacer una revalorización de la prueba, salvo que se esté incurriendo en una vulneración de derechos, en el caso presente, se omitió la valoración de la prueba testifical.

Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, remitió informe escrito de 18 de agosto de 2021, cursante de fs. 59 a 62, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. i)Fue uno de los suscriptores del Auto Supremo 13/2021⁵, que casó el Auto de Vista 215/2020, el que en el fondo confirmó la Sentencia 38/2019 de 14 de febrero;
2. ii)El Auto Supremo supuestamente lesivo a los intereses de la ahora accionante, fue pronunciado en estricto apego a las normas legales en las que se fundó, dando respuesta a todos y cada uno de los puntos reclamados en el recurso de casación, y con la debida fundamentación, motivación y congruencia;
3. iii)Con la presentación de la acción tutelar, puede observarse la intención desesperada de la impetrante de tutela, invocando argumentos que no tienen asidero legal, ni decantan en la violación o vulneración de derecho o garantía constitucional alguna; y,
4. iv)La amplia jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de amparo constitucional no es un medio de impugnación más, por el que sea factible el revisar la valoración probatoria o la aplicación de la norma; puesto que, dicha labor le corresponde únicamente a la jurisdicción ordinaria, así lo entendió también la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre.

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 67/2021 de 24 de agosto, cursante de fs. 70 a 74, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 13/2021⁵, debiendo las autoridades demandadas emitir uno nuevo; determinación asumida con los siguientes fundamentos:

1. a)Respecto a la fundamentación y motivación del mencionado Auto Supremo, los fundamentos jurídicos del fallo, se puede advertir que se realizó el señalamiento de las normas constitucionales; sin embargo, en la interpretación y aplicación del derecho laboral, no existe la aplicación propia de los principios concernientes al mismo;
2. b)Respecto a la fundamentación del caso concreto, las autoridades demandadas expusieron las razones que les llevaron a casar el Auto de Vista 215/2020, evidenciándose que valoraron la prueba sin que la empresa "CERVA S.R.L.," haya aportado otros elementos, sin tomar en cuenta que la jurisprudencia ha determinado que la apreciación y valoración de la misma por los jueces de instancia es incensurable en casación, y de manera excepcional podrá producirse una revisión o revalorización, en ese sentido, la prueba de descargo alegada por la referida empresa, resultó ser insuficiente al no estar respaldada con otros elementos; ya que, el documento privado de cancelación de finiquito por sí solo no demuestra una cancelación total de los beneficios sociales; si bien se suscribió el documento, según el reclamo de la parte accionante, y el fallo de los Vocales que confirmaron la sentencia de primera instancia, la cancelación no habría sido en su totalidad;
3. c)Considerando las circunstancias del caso particular, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que los derechos sustantivos deben prevalecer sobre los derechos procesales en búsqueda de la justicia material; toda vez que, el sentido del derecho no puede agotarse en su aplicación a través de las reglas, sino que debe tomar en cuenta los principios de interpretación constitucional en materia laboral, más aún, considerando la complejidad del caso, puesto que no fue suficiente que la entidad demandada del proceso principal haya alegado como prueba solo el finiquito de manera formal;
4. d)De la Resolución impugnada se pudo constatar que no se aplicaron los principios del derecho laboral; por lo que, no tiene claridad en su justificación, si bien hace mención a las normas constitucionales; sin embargo, no las aplicó;
5. e)En el informe remitido por la autoridad demandada, se señaló que el Auto Supremo habría sido pronunciado en estricto apego a las normas legales en las que se fundó, pero no se ponderó conforme a los principios del derecho laboral que se señalaron, por lo que se advirtió una vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de falta de motivación;
6. f)Asimismo, los hoy demandados aludieron la aplicación del art. 158 del CPT; empero, no lo tomaron en cuenta; y,
7. g)El documento privado de finiquito es un acuerdo contrario al art. 48.II, III y IV de la CPE, en ese entendido, el convenio firmado entre la solicitante de tutela y la empresa "CERVA S.R.L.", no fue producto de un acto civil, sino de un acto laboral; por lo cual, debe aplicarse la normativa laboral más favorable al trabajador, puesto que si bien existen principios comunes a todas las ramas del derecho, también existen "principios propios" que debe ajustarse a cada rama jurídica, en este caso al derecho laboral que está reconocido en el art. 48 de la CPE.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio3, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. a)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. b)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. c)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
4. d)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y,
5. e)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²6-.