Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0708/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 57528-2023-116-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 001/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 315 a 321, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nicomedes Aponte Guardia contra Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Gregorio Aro Rasquido, Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental Plurinacional; y, Ronald Suárez Vaca, Juez Agroambiental de San Ignacio de Moxos del departamento de Beni.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 6 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y 12 a 16 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Gregorio Aro Rasquido, Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental Plurinacional -ahora demandados- no hicieron una correcta revisión del proceso de desalojo por avasallamiento, señalando, a manera de antecedente, que el conflicto se originó tras la conclusión de un proceso irregular de saneamiento en 2015 sobre el predio "El Chontal"; alegando que Fabiola Molina Molina -tercera interesada- obtuvo el Título Ejecutorial mediante simulación y actos ilegales, sin detentar posesión real ni cumplir con la Función Económica Social (FES); con ello, se afectó el derecho posesorio ejercido por más de cuarenta y cinco años tras la sucesión de su padre.
A raíz de ello, la tercera interesada, a través de su apoderada legal, le inició un proceso de desalojo, sindicándolo de haber avasallado su propiedad; en dicha causa, sustanciada por Ronald Suárez Vaca, Juez Agroambiental de San Ignacio de Moxos del departamento de Beni -codemandado-, no se aplicó el principio de dirección y disposición, ya que, en el primer memorial presentado, hizo conocer su domicilio procesal, haciendo uso de la prerrogativa del art. 72.II del Código Procesal Civil (CPC), que la faculta a anunciar medios de comunicación electrónicos; no obstante, las actuaciones judiciales se notificaron en estrados, impidiéndole tomar conocimiento oportuno de las resoluciones.
Posteriormente, presentó dos memoriales antes del verificativo de la audiencia de inspección ocular y juicio del proceso de desalojo por avasallamiento, indicando: "...NO fueron providenciados ni oportuna ni correctamente, se escudo en la oralidad del proceso agroambiental y del sumarísimo de avasallamiento..." (sic); dicha audiencia se celebró en su ausencia, pese a que acreditó oportunamente problemas de salud; de igual forma, el incidente de recusación que interpuso no se tramitó conforme a derecho; denunció que todas las actuaciones, incluidos los informes periciales, fueron notificados y providenciados en Secretaría el mismo día de su emisión, lo que provocó su indefensión y le privó del derecho a objetar los puntos de pericia o impugnarlos.
Al emitir la Sentencia Agroambiental 02/2023 de 6 de marzo, el Juez a quo no valoró su informe pericial presentado, que ratificó el desalojo sin una valoración adecuada de las pruebas de descargo.
Finalmente, el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 049/2023 de 26 de mayo, emitido por los Magistrados demandados, confirmaron el fallo de primera instancia sin corregir los vicios de nulidad ni responder a los agravios, omitiendo verificar si durante la tramitación del proceso se cumplió con el principio de legalidad, garantía procesal y seguridad jurídica.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
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