0709/2022-S3

El accionado incurrió en vías de hecho o justicia por mano propia, al haber expresado mediante documento público -carta notariada- la clara intención en perpetuarse en el referido local comercial, por cuanto:

1. a)Sin que medie Ley alguna declaró la prórroga sin fecha de vencimiento del contrato de alquiler fenecido el 5 de julio de 2020, como si se tratara de un contrato eterno;
2. b)Decidió que "tendría derechos", por lo cual les mandó a que le hagan un juicio de desalojo; cuando no hay derecho alguno que discutir; y,
3. c)Contra toda lógica y razón se declaró en posesión del local de los accionantes, mediante actos que denotarían que tiene sobre el mismo, el derecho de propiedad, exigiendo que su posesión no sea perturbada. I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Aldo Antonio Heredia Ayala, en su informe presentado mediante memorial cursante de fs. 69 a 70 vta., manifestó lo siguiente:

1. 1)Se menciona que el contrato de arrendamiento habría fenecido el 5 de julio de 2020, y que desde esa fecha su persona detentaría ilegalmente el inmueble; no obstante, la presente acción tutelar fue presentado recién el 27 de enero de 2021, "...MUCHO DESPUÉS DE HABER FENECIDO EL PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN..." (sic), incumpliendo el principio de inmediatez;
2. 2)La detentación del bien arrendado, deviene de un "ACTO CONSENTIDO", cual es la celebración del contrato de arrendamiento de 3 de enero de 2020. Al celebrar ese contrato, la parte accionante consintió todos los efectos y consecuencias del contrato, sean positivos o negativos; consiguientemente, no corresponde -a la justicia constitucional- ingresar al análisis de la problemática;
3. 3)La presente acción de amparo constitucional, en la realidad material es una demanda reivindicatoria prevista en el art. 1456 del Código Civil (CC), disfrazada de una acción de amparo constitucional; lo cual violenta el principio de subsidiariedad;
4. 4)Con anterioridad su persona interpuso acción de amparo constitucional por medidas de hecho tomadas por su arrendador y otros, consistentes en el corte del suministro de energía eléctrica al local arrendado, como mecanismo ilegal para forzar la desocupación del mismo, atentando incluso contra su derecho al trabajo; y,
5. 5)Está en plena vigencia la Ley Excepcional de Arrendamientos (Alquileres) -Ley 1342 de 27 de agosto de 2020-, la cual establece que no procede el desalojo hasta después de tres meses de concluida la pandemia; en base a los argumentos expuestos solicitó se deniegue la tutela solicitada.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 30/2021 de 23 de febrero, cursante de fs. 81 a 85 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos:

1. i)En el caso se estableció que no existen vías de hecho, porque no existió violencia y dolo de la parte accionada; no es un caso de avasallamiento ni de posesión forzada; se trata de un problema que deviene de los efectos de un contrato de arrendamiento, por el cual el accionado ingresó en posesión de ese inmueble;
2. ii)El cumplimiento o incumplimiento de un contrato debe ser determinado voluntariamente por las partes a través de cláusulas preestablecidas o en su defecto ser declaradas judicialmente a través de diferentes mecanismos y autoridades competentes, conforme a la norma adjetiva correspondiente; en ese caso, cualquier dilucidación corresponde en materia civil y comercial;
3. iii)Se estableció con absoluta claridad que, todos los actos reclamados en la acción de amparo constitucional, se constituyen en efectos de un contrato de arrendamiento, sean positivos, negativos, convenientes, no convenientes o inclusive en detrimento de la parte accionada; y,
4. iv)Habiéndose establecido que no se encuentran ante vías de hecho, en el presente caso, todo el desarrollo de acontecimientos devino como efectos de contratos, cuyo cumplimiento, incumplimiento, restitución, pago de alquileres y otros, deberán ser dilucidados por la autoridad competente, es decir, concurre el presupuesto de subsidiariedad, donde las autoridades judiciales o administrativas tienen la posibilidad de pronunciarse.

II.3. Por Carta Notariada de 26 de octubre de 2020, el ahora accionado respondió a la solicitud de devolución de local comercial impetrado por el ahora accionante -Sergio Michael Gómez Silva-, manifestando lo siguiente:

1. a)La carta es solo una comunicación unilateral y privada, de ninguna manera puede ser considerada como una notificación, la cual solo puede ser efectuada por autoridad competente;
2. b)El cobro de los alquileres hasta el mes de septiembre de 2020, le otorga automáticamente vigencia al contrato;
3. c)No existe ocupación ilegal, sino una legal detentación derivada de un legal contrato que, según disposiciones de la promulgada Ley Excepcional de Arrendamientos y/o reconducción del contrato conforme se refiere en esa, se encuentra vigente;
4. d)Recordarle que fue él quien no quiso recibir el pago de cánones de arrendamiento, cuya liquidación debía cumplir y adecuarse a la promulgada Ley Excepcional de Arrendamientos; asimismo, no procede el desalojo, el cual solo puede ser ordenado por juez competente, previo proceso legal y sentencia ejecutoriada;
5. e)Recordarle que él y otros venían perturbando su legal posesión con una serie de conductas reñidas con la ley; y,
6. f)Debe tener presente que las condiciones del contrato fueron incumplidas por él (fs. 42).