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TCP

0710/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
4 de mayo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0710/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0710/2026-S3 Sucre, 4 de mayo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 50645-2022-102-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 255/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 503 a 509, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sandra Elizabeth Weinberg Jaúregui, Aldo Fimo Rojas Cáceres y Carla Violeta Arce Aliaga, en representación legal de la Librería y Papelería Olimpia Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Ramiro Ariel Blanco Fuentes y Rosario Verónica Sánchez Sánchez, Vocales de la Sala Civil Primera y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respectivamente; y, Waldo Humberto Aliaga Flores, Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 20 y 28 de julio de 2022, cursantes de fs. 440 a 456 y 460 a 468 vta., respectivamente la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Con el fin de ampliar sus construcciones y trasladar los depósitos, adquirió un lote de terreno de Lourdes Martínez Uría -hoy tercera interesada-, quien señaló que era soltera, suscribiéndose así, el documento de transferencia el 7 de junio de 2011, y el pago del precio convenido de $us45 000.- (cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses), además de los impuestos anuales y los gastos de la transferencia; posteriormente, el 8 de julio de 2016, Augusto Antonio López Bilbao La Vieja -ahora tercero interesado-; señalando que, contrajo matrimonio con la vendedora el 18 de mayo de 1974, planteó demanda de anulabilidad de la Escritura Pública 806/2011 de 25 de julio, por falta de consentimiento y solicitando que en Sentencia, se declare la ineficacia del contrato de venta del lote de terreno de 550 m2, sito en la región de Pinquilluni, Inca Llojeta, inscrito en el Registro de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matricula Computarizada 2.01.0.99.0161198; se disponga la cancelación del Asiento A-3 y la consiguiente rehabilitación del Asiento A-2, del protocolo notarial y demás registros públicos.

Mediante Sentencia 619/2016 dictada el 16 de noviembre, el Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, -ahora codemandado-, declaró probada la demanda y únicamente anuló la Escritura Pública 806/2011 de 25 de junio, sobre el contrato de compra venta del bien inmueble, determinando que en ejecución de fallos, se cancele la Matrícula del Asiento 3 y se rehabilite el Asiento 2 a nombre de Lourdes Martínez Uría hoy tercera interesada; empero, no ordenó que la vendedora devuelva el precio de $us45 000.-, y menos que la empresa restituya el bien inmueble; en ese contexto, interpuesto recurso de apelación por su parte, por Auto de Vista 157/2017 de 20 de noviembre, la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, confirmó el fallo de primera instancia.

En ejecución de Sentencia, el demandante solicitó al Juez del proceso, ordenar a Lourdes Martínez Uría devolver el precio recibido y que la Librería y Papelería Olimpia S.R.L., devuelva la posesión del bien inmueble; empero, mediante providencia de 9 de abril de 2018, declaró no haber lugar a lo solicitado bajo el deber de congruencia; igualmente, por Auto de 31 de mayo de 2019, rechazó una vez más, la solicitud de restitución de lo mutuamente acordado con el mismo argumento; mediante proveído de 29 de octubre de 2020, el citado Juez, dispuso la inscripción de la solicitud de la empresa de prohibir realizar actos de disposición sobre el lote de terreno que fue objeto de la litis; en ese sentido, no existen elementos para que el Juez demandado, al ejecutar la mencionada Sentencia, vaya más allá de lo determinado en la Sentencia 619/2016; la cual, fue confirmada por Auto de Vista 157/2017.

Por su parte, la vendedora, Lourdes Martínez Uría en vía alterna, planteó una demanda ante la Jueza Pública de Familia Décima Primera de la Capital del departamento de La Paz, solicitando la restitución de lo mutuamente recibido por anulación de contrato de venta de bien ganancial, acción interpuesta contra su esposo y la empresa ahora accionante, motivando que, la autoridad judicial declinara su competencia al Juez hoy demandado por considerar que al tratarse de ejecución de Sentencia, le correspondía dilucidar los aspectos solicitados; empero, este promovió un conflicto de competencias que fue resuelto por la Resolución 72/2019 de 13 de noviembre, por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, declarando competente al Juez hoy demandado; la cual, nunca fue de su conocimiento causándole indefensión y, tampoco podía servir como sustento del Auto de 30 de marzo de 2021; porque, no fueron cumplidas las notificaciones debidas y la publicidad; por lo que, existe un indebido proceso.

Asímismo, lo resuelto por el pleno de los Vocales del mencionado Tribunal, en ninguna parte; ordenó que, el Juez demandado declare probada la solicitud de la hoy tercera interesada; puesto que, únicamente se dispuso que la autoridad judicial decida y valore en sana crítica; lo contrario sería actuar fuera de su propia competencia, queriendo direccionar la presente causa en la que como parte procesal hizo conocer la inejecutabilidad de la Sentencia y también, los daños y perjuicios que le fueron ocasionados; sin embargo, la autoridad demandada, no utilizó la misma lógica de interpretación de la Resolución 72/2019, para sus solicitudes. Añadió que el Auto de 30 de marzo de 2021, el Juez del proceso, dispuso la restitución del monto de $us45 000.- (sin señalar a quién se debe restituir el señalado monto), y la reposición del bien inmueble por cuanto se trataría de la devolución de contraprestaciones, decisión que, notificada el 7 de abril de 2021, motivó que interpusiera recurso de apelación fundamentando los agravios, pronunciándose la Resolución 310/2021 de 8 de noviembre, que declaró inadmisible el recurso; solicitando aclaración, complementación y enmienda; la cual, fue rechazada.

Con los antecedentes precedentes, señaló que el primer acto lesivo denunciado, tiene origen en la Sentencia 619/2016, dictada por la autoridad demandada, que al declarar probada la demanda, únicamente anuló la Escritura Pública 806/2011; es decir que, declaró la invalidez del contrato de compra venta del bien inmueble y ordenó la cancelación del Asiento 3 de la Matrícula y la consiguiente rehabilitación del Asiento 2 a nombre de Lourdes Martínez Uría hoy tercera interesada; empero, no dispuso la restitución del precio ni del bien inmueble porque dichos aspectos no fueron solicitados ni en la demanda ni en la contestación; en ese sentido, mediante providencia de 9 de abril de 2018, se rechazó la restitución bajo el deber de congruencia; y de la misma forma mediante Auto de 31 de mayo de 2019.

Sin embargo, mediante Auto de 30 de marzo de 2021, el Juez ahora codemandado, aduciendo el cumplimiento de la Resolución 72/2019; ordenó que, se restituyera el monto de $us45 000.- sin señalar a quién debe restituirse la indicada suma e igualmente, el bien inmueble porque se trataría de la devolución de contraprestaciones; empero, no fundamentó ni motivó ni mucho menos, refirió cuál sería la solicitud presentada y cuál es la prueba que justifica tal decisión; y, tampoco la normativa aplicable, vulnerando así el debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación e interpretación; así como, la congruencia, favoreciendo a la codemandada quien fue la que vendió el bien inmueble; tampoco, dispuso el pago de daños y perjuicios ocasionados a la compradora que actuó de buena fe; menos aún tomó en cuenta que, la vendedora aceptó que su alícuota ya se encontraba vendida y no consideró tampoco, el tiempo transcurrido desde 2011, apartándose flagrantemente, de los hechos y razones que expusieron las partes como fundamento fáctico de sus pretensiones; por lo que, no podía otorgar más de lo pedido por el actor y menos de lo respondido por el demandado.

El segundo acto lesivo que denunció se refiere a la vulneración del debido proceso conforme a la falta de notificación en forma personal de la Resolución 72/2019 y otros actuados.

Respecto a los actos de los Vocales demandados, apuntó que, con el Auto de 30 de marzo de 2021; por el que, se dispuso la restitución del precio y del bien inmueble, fue notificado el 7 de abril del mismo año, e interpuso recurso de apelación; sin embargo, las autoridades de alzada, pronunciaron la Resolución 310/2021, declarando inadmisible el recurso de apelación interpuesto ya que se trataría de un Auto Interlocutorio orientado al desarrollo del proceso; -sin advertir que, el mismo fue dictado en ejecución de fallos; de manera que, el plazo previsto para impugnar es de diez días conforme prevé los arts. 409 del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar (CFPF); y, 54 del Protocolo de Aplicación del Código Procesal Civil (CPC), aprobado por Acuerdo de Sala Plena 189/2017 de 13 de noviembre, vulnerando el debido proceso; de igual forma, rechazaron la solicitud de aclaración, complementación y enmienda.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncio la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; así como, el derecho de acceso efectivo a la justicia, citando al efecto, el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga determinar la nulidad del Auto de 30 de marzo de 2021, emitido por el Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en su caso, se dejen sin efecto las Resoluciones pronunciadas por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; asimismo, se remitan antecedentes al Ministerio Público, con el objetivo de iniciar las acciones penales correspondientes en contra del Juez hoy codemandado.

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