0712/2019-S2

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes del derecho a la defensa, fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; una vez radicada la causa en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, durante la realización de los actos preparatorios, con carácter de previo y especial pronunciamiento, interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción, con la finalidad de ser resuelto antes de la celebración de la audiencia de juicio oral; sin embargo, las autoridades demandadas reservaron su tratamiento para juicio oral; decisión contra la cual planteó recurso de reposición, que fue declarado sin lugar, manteniéndolo firme e incólume; en consecuencia, considera que ambas Resoluciones son ilegales y arbitrarias, por inobservar el contenido de los arts. 314 y 315 en concordancia con los arts. 344 y 345, todos del CPP y por carecer de la debida fundamentación y motivación. Por lo que, solicita se disponga:

1. 1)La anulación de los actos ilegales consistentes en el decreto de 24 de enero de 2019 y el Auto Interlocutorio 53/2019; y,
2. 2)Que, las autoridades demandadas pronuncien una nueva resolución respetando el debido proceso y el principio de legalidad; vale decir, que tramiten y se pronuncien sobre la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, en la fase preparatoria de juicio oral, aplicando el art. 314.II del CPP en concordancia con la SCP 1092/2016-S2.

F.J.III.3 “…al tiempo de realizar el control de constitucionalidad tutelar del decreto de 24 de enero de 2019 y del Auto Interlocutorio 53/2019, sobre la base de los antecedentes fácticos y jurídicos señalados precedentemente, se evidencia que estas Resoluciones no se encuentran debidamente fundamentadas ni motivadas, por las siguientes razones:

1. a)Porque contienen afirmaciones retóricas y subjetivas al afirmar que la solicitud realizada por la demandante de tutela -de resolverse su excepción de extinción de la acción penal por prescripción, con carácter de previo y especial pronunciamiento antes de la realización del juicio oral-, es perniciosa porque pretende la dilatación del proceso, pues de otorgarle un tratamiento fuera del desarrollo del juicio oral, “abriría la posibilidad” de recurrir incidentalmente de su resolución, paralizando los actos preparatorios para juicio, conllevando a demoras en su sustanciación y en la resolución del fondo de la causa penal, en cambio sí es resuelta durante el juicio “no existiría la posibilidad de paralizarlo” ante una eventual apelación; es decir, de dar viabilidad a dicha petición, se “distorsionaría” el proceso, evitando la realización del juicio oral programado, en contravención de los principios de celeridad e inmediatez; consiguientemente, este argumento se basa en presunciones, al señalar que la demandante de tutela “podría” asumir determinada conducta, y a consecuencia de ello, el proceso penal “podría” dilatarse maliciosamente; lo cual lesiona, los derechos a la presunción de inocencia, al acceso a la justicia pronta y oportuna y a la defensa de la accionante; toda vez que, las autoridades demandadas tienen el deber de asumir absoluta convicción, antes de emitir un criterio a través de sus resoluciones, las cuales deben estar sostenidas en suficientes elementos objetivos y razonables que permitan explicar el porqué de estas consideraciones; empero, al no haber procedido de esta forma, vulneraron también el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. En todo caso, si consideraron que no era pertinente la resolución de la referida excepción durante los actos preparatorios del juicio, debieron responder a la peticionante de tutela, con razonamientos lógicos y coherentes que otorguen certeza y seguridad jurídica respecto al fondo de la pretensión, más aún, al tratarse de una excepción de carácter extintivo y sustancial, donde confluyen derechos, garantías de ambas partes; observando el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y congruencia en sus Resoluciones; y,
2. b)Porque, frente a la pretensión de la impetrante de tutela, los Jueces demandados tampoco observaron todas las normas aplicables al caso concreto; puesto que, frente a una interposición de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, asumieron únicamente el contenido del art. 314 del CPP, interpretándolo sobre la base de presunciones y criterios personales, sin fundamentos legales ni jurisprudenciales que puedan refrendar sus posiciones; por el contrario, sin realizar una previa construcción jurisprudencial indispensable para catalogar la calidad de sentencias constitucionales plurinacionales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, afirmaron que la SCP 1092/2016-S2 era aislada, objetando su aplicación al caso concreto, porque supuestamente al ser emitida en otro asunto en particular, no era una regla imperativa, sino optativa o potestativa para el juzgador, desconociendo el alcance del carácter vinculante de su jurisprudencia. Sobre el particular, cabe aclarar que dicha Sentencia se motivó sobre la base de un acto lesivo análogo al presente asunto, y a efectos de la reparación de los derechos lesionados, moduló entendimientos jurisprudenciales para actualizar el tratamiento de los incidentes y excepciones conforme a las modificaciones de la Ley 586, a través de interpretaciones que condicen con las finalidades para las cuales fue pronunciada, armonizadas con el principio de celeridad que regula entre otros, la administración de justicia, a efectos de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia, garantizando una justicia pronta, oportuna y eficaz en el marco de la Constitución Política del Estado; en consecuencia, esta Sentencia al haber sido emitida por el máximo Órgano intérprete de constitucionalidad y garante de los derechos fundamentales, y al haber realizado razonamientos integrales en base a normas que regulan el tratamiento de los incidentes y excepciones -arts. 314, 315 y 345 del CPP- respecto a principios y derechos reconocidos y protegidos constitucionalmente, debió servir de base a las autoridades demandadas para argumentar adecuadamente tanto el decreto de 24 de enero de 2019 y el Auto Interlocutorio 53/2019; lo que no aconteció en el caso en examen, pues únicamente sobre la base de los dispuesto en el art. 314.III del CPP, pretendieron justificar el rechazo de la petición de la demandante de tutela, a sabiendas, que no solo los arts. 314 y 315 del CPP regulan el tratamiento de las referidas excepciones e incidentes; sino también el art. 345 del mismo cuerpo legal, tal cual se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, donde se sistematiza las posibilidades de presentación, tramitación y resolución de las excepciones e incidentes, según la fase en la que se encuentre el proceso penal, velando además, por el derecho a recurrir de los fallos emitidos como consecuencia de sus resoluciones favorables o no, a las pretensiones de la parte interesada. Ahora bien, una vez advertidas las arbitrariedades cometidas por los demandados, al haber realizado interpretaciones sesgadas únicamente del art. 314 del CPP, sostenidas en meras suposiciones; amerita dejar sin efecto tanto el decreto de 24 de enero de 2019 como el Auto Interlocutorio 53/2019, a efectos de que se emita una nueva resolución fundamentada y motivada sobre la base de las subreglas desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.2.4 de este fallo constitucional, respecto a la tramitación de los incidentes y excepciones en la fase de preparación del juico o en el juicio oral, tomando en cuenta que si optan por:
3. 1)Conocer y resolver la petición de la accionante, en la fase de preparación del juicio, deben fundamentar y motivar su resolución, en la necesidad de reparación inmediata del derecho que está siendo alegado como vulnerado o en el carácter innecesario del inicio y desarrollo del juicio oral, señalando por qué no se justificaría la continuación del mismo, dada la cualidad extintiva de la excepción planteada, correspondiendo su tramitación y resolución inmediata conforme al procedimiento establecido en el art. 314.II del CPP, respetando el derecho a recurrir de ambas partes procesales, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2.4 inc. d.1) de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; o por,
4. 2)Considerar la solicitud de la impetrante de tutela en la fase juicio oral, deben fundamentar y motivar esta decisión sobre la base de lo dispuesto por el art. 345 del CPP y a partir de la necesidad de generar mayor debate en juicio sobre la excepción formulada y la necesidad de tener mayores elementos para resolverla, supuesto en el cual, con la exteriorización de este razonamiento, se tendrá por satisfecha una debida argumentación.”

En consecuencia, considera que el decreto de 24 de enero de 2019 y el Auto Interlocutorio 53/2019 se constituyen en Resoluciones ilegales y arbitrarias por las siguientes razones:

1. a)Ilegales, porque inobservaron los arts. 314.II, 315, 344 y 345 del CPP, puesto que debieron correr en traslado su excepción a las otras partes, para que dentro de los tres días siguientes a su notificación, contesten, ofrezcan pruebas y con carácter previo a la audiencia de juicio oral, se conozca y resuelva su solicitud; empero, no debió determinar que su resolución sea trasladada a juicio oral, porque al ser de previo y especial pronunciamiento, correspondía tramitarla y resolverla durante los actos preparatorios; y, al tener carácter extintivo su excepción, podía contrarrestar a la acción promovida por el Ministerio Público y la acusación particular, evitando llegar a la instalación del mismo, considerando la necesidad de protección inmediata e incontrovertible del derecho o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos de la excepción formulada, y de esta forma poder garantizar su derecho al acceso a una justicia pronta y oportuna; y,
2. b)Arbitrarias, porque no motivaron ni fundamentaron su decisión de postergar el tratamiento y resolución de la excepción planteada a la audiencia de juicio oral, a partir de la necesidad de generar mayor debate y de tener mayores elementos para resolverla; no siendo correcto rechazar su petición, con el argumento que su persona especulativamente podría apelar la excepción en caso de no declararse procedente, provocando voluntariamente una dilación indebida; en todo caso, el recurrir de una resolución que resuelve una excepción es una garantía y derecho constitucional.

Solicita se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia:

1. 1)Se anule el acto ilegal consistente en la providencia de 24 de enero de 2019; y,
2. 2)Se disponga que las autoridades demandadas pronuncien una nueva resolución respetando el debido proceso y el principio de legalidad; vale decir, que tramiten y se pronuncien sobre la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, en la fase preparatoria de juicio oral, aplicando el art. 314.II del CPP en concordancia con la SCP 1092/2016-S2 de 3 de noviembre.