Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0712/2019-S3 Sucre, 7 de octubre de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional
Expediente: 29303-2019-59-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 05/19 de 16 de mayo de 2019, cursante de fs. 447 a 449, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Fabio Joffre Calasich en representación de Aldo Erwin Arabe David contra Ángela Sánchez Panozo y Elva Terceros Cuéllar, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial, presentado el 2 de mayo de 2019, cursante de fs. 315 a 325 vta., el accionante a través de su representante señaló:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Durante la tramitación del proceso de Saneamiento Simple de Oficio (SAN-SIM) respecto al polígono 175 de las propiedades denominadas "San Gabriel De Bahia", "Bahia del Espinal" y "Los Cántaros" ubicadas en el municipio de San Matías, provincia Ángel Sandoval del departamento de Santa Cruz, llevado adelante por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se omitió aplicar la normativa jurídica que hace obligatoria la notificación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), que debería participar desde el inicio del mismo al haber identificado la autoridad administrativa sobreposición del predio "Bahia del Espinal" con el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías -área protegida- en casi un ochenta por ciento, mandato que no puede ser soslayado de ninguna manera, y sobre el que el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado en la .
Esta omisión -falta de aplicación objetiva de la ley-, fue denunciada en la demanda contenciosa administrativa que interpuso contra la Resolución Suprema (RS) 18076 de 9 de marzo de 2016 pronunciada en el precitado proceso de Saneamiento Simple de Oficio, reclamo insistente que no tuvo repercusión alguna en las Magistradas demandadas, quienes a pesar de reconocer la falta de notificación al SERNAP por el INRA y en la señalada demanda, puesto que a efectos de evitar posteriores nulidades procesales mediante Auto de 8 de junio de 2018, dispusieron anular obrados hasta el decreto de Autos para Sentencia ordenando su notificación; empero, al momento de dictar la Sentencia Agroambiental ahora impugnada desconocieron este mandato legal, omitiendo de esta manera dar cumplimiento a la Disposición Final Vigésima Tercera del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 que reglamenta la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, ya que correspondía declarar probada la referida demanda administrativa precisamente por falta de participación y coordinación con el SERNAP durante el proceso referido, aspecto soslayado no solamente por el INRA, sino también por las Magistradas demandadas al emitir la Sentencia Agroambiental cuestionada, bajo el pretexto de disanalogía fáctica como presunta técnica de interpretación legítima que no es más que un artificio dogmático para la inaplicación objetiva de la ley, como si para su cumplimiento tuviera que tener relación con algún caso análogo, lo que generó inseguridad jurídica más aun cuando existe jurisprudencia constitucional al respecto.
Las autoridades demandadas, al emitir la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 66/2018 de 26 de octubre, desconocieron el alcance y naturaleza del proceso contencioso administrativo sabiendo que tienen a su cargo el control de la legalidad y saneamiento; interpretaron arbitrariamente el derecho ordinario, sin realizar una correcta valoración de la prueba cursante en el proceso de Saneamiento Simple de Oficio que fue ofrecida en dicha demanda, incurriendo en incongruencia interna al señalar que la falta de notificación al SERNAP no fue acusada en la pretensión principal, cuando el hecho fue reiterado en diferentes momentos del proceso e identificado además a través del Auto de 8 de junio de 2018, por lo que ignoraron la verdad material; evidenciándose claramente la vulneración de derechos fundamentales.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante a través de su representante, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, igualdad, acceso a la justicia, legalidad e imparcialidad, a la propiedad; y, al trabajo; así como al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 13.IV, 14.II y III, 46.II, 52.IV, 56.I y II, 110, 113.I, 115, 116, 117.I, 119.I, 120.I, 178.I, 180, 256 y 393 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 21.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8, 10, 17 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, declarando la nulidad de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 66/2018, ordenando que las Magistradas demandadas emitan una nueva resolución en la que restituyan los derechos vulnerados.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Mostrando 17 de 85 parrafos.