0712/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0712/2022-S1 Sucre, 22 de julio de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 42309-2021-85-AAC Departamento: Beni

En revisión la Resolución 05/2021 de 11 de agosto, cursante de fs. 32 a 34 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesto por Romel Ariel Vaca Guarachi contra Carla Manu Paredes, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial y de Familia Segunda de Guayaramerin del departamento del Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de agosto de 2021, cursantes de fs. 12 a 17 vta.; el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el trámite de homologación y posterior acumulación de proceso extraordinario de Asistencia Familiar, que sigue en representación de su hija menor AA, contra María Yulisa Hurtado Pachuri en el Juzgado Público Mixto Civil Comercial y de Familia Segundo de Guayaramerin del departamento del Beni; presentó en la vía incidental demanda de revocación de guarda de menor en desvinculación familiar y designación de nuevo guardador; ante lo cual, la jueza de la causa mediante decreto de 20 de julio de 2021 señaló que: "La demanda de revocatoria de guarda presentada por Romer Ariel Vaca Huarachi, es una demanda nueva, que debe ser presentada de esa forma, cuyo trámite responde al proceso extraordinario conforme a la circular de Sala plena del Tribunal Supremo de Justicia 01/2018 del 1 de agosto de 2018, en el cual se debe de respetar todas las garantías del debido proceso de homologación de asistencia familiar con sentencia 10/2020, no corresponde, debiendo en consecuencia el demandante adecuar su presentación al trámite de demanda nueva por cuerda separada"(sic).

A tal efecto presentó recurso de reposición debidamente fundamentado, solicitando que reponga el mencionado decreto, admitiendo su demanda incidental; empero, la jueza ahora demandada mediante Auto Interlocutorio de 30 de julio de 2021, sin mayor argumento rechazó el recurso de reposición, manteniendo firme su determinación impugnada.

Ante lo cual la Jueza ahora demandada, omitió pronunciarse conforme a ley y los precedentes constitucionales, en relación a la fundamentación expresada en su memorial de recurso de reposición, tomando en cuenta que en el indicado auto interlocutorio simplemente hace una cita numeral de los artículos de la Ley 603, mismos que fueron base de su recurso; empero, no se refirió expresamente a su contenido, omitiendo de esa manera la obligación de dar una explicación lógica y coherente de porque razón no son aplicables al caso conforme argumento en su recurso.

Bajo ese antecedente se tiene que el Auto Interlocutorio de 30 de julio de 2021, no contiene ningún artículo de la Ley 603 y menos de la Constitución Política del Estado; o del bloque de constitucionalidad, que sustente de forma coherente; más al contrario se avoca de manera errada al tratar de justificar una interpretación equívoca de la circular 01/2018 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, referidos en forma clara y precisa a causas independientes.

Ahora bien, el planteamiento de un incidente, jamás podrá producir la emisión de una nueva sentencia, como erradamente indica la autoridad ahora demandada, sino un auto definitivo con el aditamento de que todas las resoluciones dictadas en materia de asistencia familiar y guarda no causan estado; es decir, no son definitivas, y en cualquier momento pueden sufrir cambios por la misma autoridad que los generó; motivo por el cual, la propia ley no contempla la asistencia familiar definitiva, o la guarda definitiva, porque son susceptibles de modificaciones dentro del mismo proceso, siempre velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente.

A ese efecto, el Auto Interlocutorio de 30 de julio de 2021, en ninguna de sus partes contiene una fundamentación jurídica o cita de normas legales que sustenten su parte dispositiva, porque ni siquiera tiene una fundamentación lógica y coherente de alguno de los puntos cuestionados en la apelación, tomando en cuenta que solo citó numeralmente las normas que fueron fundamentadas en el recurso de reposición, sin dar una explicación coherente del porque no era aplicable al caso y obviando los demás puntos que no merecieron ningún tipo de pronunciamiento, con lo que consideró que la autoridad demandada incurrió en una incongruencia omisiva y falta de fundamentación y motivación.

El indicado Auto Interlocutorio también quebrantó el debido proceso en su elemento al juez natural tomando en cuenta que habiendo conocido el trámite de homologación de asistencia familiar y acumulación de proceso extraordinario, donde se determinó la guarda de la menor AA, asumiendo competencia para todos los efectos posteriores; a tal efecto, al presente pretende desconocer su propia competencia, teniendo todas las facultades y competencias para conocer de un incidente de revocatoria de guarda, que ella misma aprobó y homologó impidiendo que tanto el ahora impetrante de tutela así como su hija puedan ser oídos por una autoridad predeterminada por la ley y la jurisprudencia constitucional.

Su actuación mediante el Auto Interlocutorio impugnado es arbitrario porque se encuentra alejada de las reglas de las leyes y la jurisprudencia vinculante en vigencia, ya que no permite la materialización de valor justicia y en especial en la materialización de los derechos fundamentales del ahora peticionante de tutela de tutela, establecidos en los arts. 13, 14, 60, 109, 115, 117, 119 y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); motivo por el que, al encontrar este principio tiene directa relación con los derechos citados como conculcados son tutelables por la vía de amparo constitucional.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela, denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus elementos de juez natural, acceso a la justicia, seguridad jurídica, congruencia omisiva y falta de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 13, 14, 60, 109, 115, 117, 119; y, 120.I de la CPE.

I.1.3. Petitorio

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Maria Yulisa Hurtado Pachuri, pese a su legal notificación cursante a fs. 26 vta., no presentó informe ni se hizo presente a la audiencia programada.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, pese a su legal notificación cursante a fs. 26 vta., no presentó informe ni se hizo presente a la audiencia programada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:

II.1. Mediante Memorial presentado el 16 de julio de 2021 ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial y de Familia Segunda de Guayaramerin del departamento del Beni -ahora demandada-; se tiene que Romel Ariel Vaca Guarachi -ahora accionante- planteó por "descuido y abandono de hija en la vía incidental demanda de revocatoria de guarda de menor en desvinculación familiar y designación de nuevo guardador" (sic [fs. 63 a 65]).

II.2. Cursa Decreto de 20 de julio de 2021, emitido por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial y de Familia Segunda de Guayaramerin del departamento del Beni dentro de la demanda de revocatoria de guarda presentada por el ahora impetrante de tutela, el mismo señaló que:

"La demanda de revocatoria de guarda presentada por Romer Ariel Vaca Huarachi, es una demanda nueva, que debe ser presentada de esa forma, cuyo trámite responde al proceso extraordinario conforme a la circular de Sala plena del Tribunal Supremo de Justicia 01/2018 del 1 de agosto de 2018, en el cual se debe de respetar todas las garantías del debido proceso de homologación de asistencia familiar con sentencia 10/2020, no corresponde, debiendo en consecuencia el demandante adecuar su presentación al trámite de demanda nueva por cuerda separada" (sic [fs. 6])

II.3. Mediante Memorial presentado por Romel Ariel Vaca Guarachi -ahora peticionante de tutela-, el 21 de julio de 2021 interpuso Recurso de Reposición contra el decreto de 20 del referido mes y año, en cuanto al incidente de revocatoria de guarda de menor en desvinculación familiar y designación de nuevo guardador, por descuido y abandono de su hija; se tiene que en su parte de exposición de agravios menciona que:

Por una lado, la circular 01/2018 del 1 de agosto del Tribunal Supremo de Justicia, en su contenido no tiene ninguna determinación de que no se pueda presentar una demanda incidental para demandar la revocación de una guarda ya otorgada en mencionado proceso; es decir, que realizó una interpretación distinta de dicha circular, que implicaría desconocer que los procesos de Resolución inmediata, concretamente de homologación de asistencia familiar en todas sus etapas e incidencias posteriores.

Por otra parte, como agravios en el recurso recurrido a la vulneración del art. 6 inc. a), f), e, i) del CFPF respecto al principio de protección a las familias, dignidad, e interés superior de la niña, niño y adolescente; art. 216 del mencionado código, que permite solicitar dentro del mismo trámite la revocatoria de la guarda; art. 217 de la citada normativa que permite solicitar un debido proceso, el cese de la guarda compartida y la solicitud que debe realizarse dentro de un mismo proceso; art. 219 del referido Código establece que las normas del proceso familiar son de orden público; art. 220 del señalado código, que menciona sobre el principio del no formalismo e impulso procesal; art. 222.IV del CFPF, que establece que la guarda es competencia del Juzgado Público en Materia Familiar cuando es emergente de la desvinculación conyugal y excepcionalmente en el caso de asistencia familiar; art. 231 del CFPF referida a la pro actividad; art. 265 del indicado código que determina que la única forma de rechazar una demanda es cuando la pretensión sea manifiestamente contra la Ley; art. 415.IV de la mencionada norma legal que establece que la petición de aumento o disminución de asistencia familiar se sustanciará conforme al procedimiento de resolución inmediata; art. 434 inc. j) y art. 445 inc. g) de la Ley 603 que le otorgan su competencia excepcional de conocer la guarda de menores dentro dichos procesos y también sus consecuencias y controles posteriores tales como la revocatoria de la guarda; y art 60 de la CPE., referido al interés superior del niño, niña y adolescente (fs. 7 a 10 vta.)

II.4. Del Auto Interlocutorio de 30 de julio de 2021 emitido por la Jueza Pública, Mixta Civil y Comercial y de Familia Segunda de Guayaramerin del departamento del Beni, contra el recurso de reposición presentado el 21 de julio de 2021, se tiene que resolvió el mismo indicando que:

"Ahora bien de los preceptos legales y de la revisión de obrados, se tiene que la providencia de fs. 30, ante la interposición de una demanda de revocatoria de guarda, vía incidental, al tener este trámite de proceso extraordinario según circular de sala plena 01/2018 de 1 de agosto de 2018, corresponde su presentación como demanda nueva, esta determinación tiene su base legal en la disposición tercera de la circular 01/2018 de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justica que establece: en caso de progenitores, con sin vinculación conyugal que planteen de manera independiente la guarda de la niña, niño o adolescente, la guarda debe ser de conocimiento del juez de materia familiar, bajo la regulación del proceso extraordinario, lo que claramente implica que al remitir el trámite a proceso extraordinario, se trata de una demanda nueva en la que se aplica, las regla para este tipo de trámites y garantías, del debido proceso. En el presente caso se pretende forzar el trámite de revocatoria de guarda, en la vía incidental, en la cual procesalmente no es posible, primero porque su trámite corresponde a un proceso extraordinario que tiene su trámite, plazo y etapas distintas a un incidente, segundo, resulta también inviable dado que en el presente proceso de homologación de acuerdo transaccional de asistencia familiar, ya se encuentra resuelto por sentencia 10/2021, del 3 de septiembre de 2020, fs. 14 a 15 y lo pretendido vía incidental, siendo el trámite correcto a proceso extraordinario, implica la dictación de una nueva sentencia, es ahí que radica la imposibilidad procesal de tramitar vía incidental; reconducción procesal, que de ninguna manera desconoce la competencia de juzgadora y menos vulnera la disposición de los arts. 216, 217.II, 219 y 220 de la Ley 603 y 60 de la CPE.; puesto que, la reconducción en la presentación de la acción no niega derecho alguno, más al contrario tiene por finalidad evitar la dictación de dos sentencias en un mismo proceso, y garantizar el debido proceso dándole el trámite que corresponde de acuerdo al tipo de acción presentada, no siendo dilatorio la reconducción del proceso; puesto que, solo tiene, que ingresar por plataforma y adecuar su pretensión al procedimiento del proceso extraordinario" (sic [fs. 11]).

II.5. De la Circular 01/2018 de 1 de agosto, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia refieren la competencia en asuntos de guarda de niñas, niños y adolescentes; a cuyo efecto realizando una interpretación sistemática sobre la competencia para el conocimiento de las pretensiones de guarda de niños, niñas y adolescentes, entre sus razonamientos indicaron que:

"permite ampliar el alcance a los supuestos contemplados en la Ley 603, en cuyo cuerpo normativo se tiene el art. 216.IV que establece que la guarda inclusive puede ser confiada a ascendientes o hermanos del cónyuge. También la Ley 603 describe la posibilidad de establecer la guarda compartida, conforme el precepto contenido en su art. 217"; consiguientemente determinaron que:

(...)

Segundo.- En procesos de asistencia familiar en los que se pretende la guarda de niñas, niños y adolescentes, la misma debe ser de conocimiento, excepcionalmente del Juez Público en Materia Familiar" (sic [fs. 67 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

"el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia" (el resaltado nos corresponde).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

"77. La Corte ha señalado que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso" (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

"(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad...".

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso; puesto que, en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando3. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto4; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión5.

II.3. La garantía general del debido proceso en sus elementos de derecho al juez natural y defensa

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como las SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 0902/2010-R de 10 de agosto, 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 0902/2010-R, y las SSCC 0981/2010-R de 17 de agosto, 1145/2010-R de 27 de agosto; asimismo, en la Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012 de 4 de junio, 2493/2012 de 3 de diciembre, 0903/2019-S4 de 16 de octubre, 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional.

En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos

En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones6 (las negrillas son añadidas).

Configuración, contenido o alcance que no se encuentra configurada en una clausula cerrada, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al constituirse en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia.

En esa línea de razonamiento, es pertinente señalar que una de las lecturas de la garantía general del debido proceso se traduce -según SC 418/2000-R de 2 de mayo- en el "...derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar..."; en otros términos, se busca es evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, en sus elementos constituidos como los derechos al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, aplicables en procesos administrativos y en todos aquellos que se presentan en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas, donde se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos que repercuten en los derechos de las personas7. Por lo que, el debido proceso abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos8.

"La previsión constitucional transcrita, constituye una garantía para toda persona que deba ser sometida a un proceso, sea en materia penal, disciplinaria, administrativa, civil, familiar, laboral, tributaria y en general a todo ámbito donde se desarrolle una causa en la que quien esté sometida a ella, tiene que ser oída y juzgada necesariamente por un juez predeterminado, que además tenga competencia y que actúe con independencia e imparcialidad; es decir que la competencia de quien tenga a su cargo un proceso, debe ser de acuerdo a las normas jurídicas previamente determinadas".

Ahora bien, como se dijo precedentemente el otro elemento de la garantía general del debido proceso es el derecho a la defensa reconocida en el art. 119.II de la CPE, en los siguientes términos: "Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios". Sobre dicha base, la jurisprudencia constitucional entiende el derecho a la defensa como la potestad inviolable de la persona a ser escuchado en juicio, a fin de negar, contradecir o desvirtuar los hechos que se le atribuyen, ofreciendo y produciendo pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea10.

A este derecho se vincula también el derecho a ser oído, reconocido en el art. 117.I de la CPE, prevista como una de las garantías judiciales en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que a la letra dice: