Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 21 de agosto de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 28768-2019-58-AL Departamento: Chuquisaca Partes: Jacob Baldivieso Fuentes contra Wilhelm Piérola Iturralde, Gerente General de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (ELAPAS).
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirmó la Resolución 11/2019 de 4 de mayo, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías; y, concedió parcialmente la tutela solicitada por el accionante, únicamente en lo referente a la restitución inmediata del servicio de agua potable y a la prohibición de efectuar un nuevo corte hasta que se desarrolle un debido proceso para definir el cambio de categoría pretendido, respecto al domicilio; denegando la tutela impetrada en cuanto al petitorio que la empresa demandada acepte el pago del servicio de agua potable en categoría domiciliaria.
En todo caso, considera que debió aplicarse la reconducción procesal de la acción de libertad por la acción de amparo constitucional; con la finalidad de resguardar de manera inmediata los derechos del accionante que fue privado del servicio de agua potable; garantizando además, el acceso a la justicia constitucional y el principio de justicia material, correspondiendo ingresar al análisis de fondo y en consecuencia, CONCEDER la tutela definitiva de su derecho de acceso a la justicia, así como la tutela provisional con referencia a los derechos a la vida, al agua, a la salud, a la alimentación y a los servicios higiénicos de la accionante, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Asimismo, cabe aclarar que el expediente 28768-2019-58-AL, correspondiente a la , que motiva esta Disidencia, fue inicialmente sorteado a mi despacho, en consecuencia, elaboré el proyecto de Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, el Magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano manifestó su desacuerdo con la reconducción de acción; y formuló un proyecto alterno, que fue apoyado por el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional -Petronilo Flores Condori-; motivo por el cual, realizo el presente Voto Disidente:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La parte accionante alega la vulneración de sus derechos al agua, al acceso al servicio de agua potable, a la vida, a la salud, a la dignidad e interés superior del niño; toda vez que, ELAPAS le privó del servicio de agua potable, pese a encontrarse pendiente un trámite de reclamo por cambio de categoría, a través de una inspección para el que no fue debidamente notificado, debido a que por el mismo se incrementó considerablemente su tarifa de consumo habitual; por lo señalado, solicita se disponga:
- a)Ordenar la inmediata restitución del servicio de agua potable en su domicilio;
- b)Se disponga la prohibición de cortar nuevamente este servicio vital -agua potable- hasta que exista una decisión definitiva -cosa juzgada material- sobre mi denuncia de cobro ilegal e indebido; y,
- c)Se acepte el pago por el servicio de agua potable domiciliario, cuyo monto se compensará o ratificará cuando culmine el proceso.
En consecuencia, correspondía en revisión verificar si tales extremos eran evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para el efecto, debió desarrollar los siguientes temas:
- 1)La reconducción procesal de acciones;
- 2)Fundamento de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia;
- 3)El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio, es el derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho;
- 4)La labor de la justicia constitucional, ante la constatación de denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho o justicia por mano propia;
- 5)Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho;
- 6)De la necesidad de protección inmediata ante medidas de hecho que restringen el derecho a los servicios básicos;
- 7)Sobre el derecho de acceso al agua potable y la continuidad del servicio;
- 8)Sobre la protección inmediata de los grupos vulnerables; y,
- 9)Análisis del caso concreto.
II.1. La reconducción procesal de acciones
A través de la reconducción procesal de acciones, es posible que una acción de defensa erróneamente planteada, pueda ser convertida, de oficio, a la acción de defensa que corresponde. La jurisprudencia constitucional, desarrolló este mecanismo en las siguientes Sentencias Constitucionales:
Así, la , generó un entendimiento aplicable a la acción de cumplimiento, por su novedosa incorporación a la Constitución Política del Estado, constituyéndose en el primer antecedente jurisprudencial.
Posteriormente, la , recondujo excepcionalmente un recurso directo de nulidad a una acción de amparo constitucional, a partir del principio pro actione, sin establecer subreglas aplicables a futuros casos. Luego, la , por primera vez recondujo una acción de cumplimiento a una acción popular interpuesta por pueblos indígenas, señalando requisitos expresos para el efecto.
Asimismo, la , recondujo una acción de libertad a una acción de amparo constitucional, verificando previamente el cumplimiento de los requisitos de este último mecanismo de defensa y de la inexistencia de las causales de improcedencia. En igual sentido, la , extendió de manera expresa la posibilidad de efectuar la reconducción procesal en todas las acciones de defensa, señalando en su Fundamento Jurídico III.3, que:
...la reconducción de acciones es posible en sede constitucional cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos.
La referida , estableció que la reconducción de acciones no solo alcanza al Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también, a los jueces y tribunales de garantías. Entendimiento que se reiteró en la , en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, sostuvo:
...es posible reconducir procesalmente las acciones tutelares cuando exista una evidente lesión de derechos y garantías constitucionales, como lo ha venido haciendo este tribunal en diferentes Sentencias Constitucionales Plurinacionales, como las , , , , entre otras; reconducción que se constituye en un deber tratándose de naciones y pueblos indígena originario campesinos (...).
Por otra parte, la , desarrolla la figura de la reconducción procesal, sin establecer requisitos para su aplicación, con el siguiente entendimiento:
...de acuerdo a circunstancias concretas y en aplicación del método de ponderación para cada caso, la activación del control tutelar de constitucionalidad a través de cualquiera de las acciones de defensa, en mérito a la naturaleza de derechos a ser tutelados, podrá ser reconducida procesalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional a la acción idónea para el resguardo de los derechos denunciados como vulnerados, labor que tiene la finalidad de consolidar una verdadera materialización del orden constitucional imperante, resguardar el principio de justicia material y asegurar un real acceso a la justicia constitucional, resguardando así la vigencia de valores plurales supremos como ser el "vivir bien" en el marco de los lineamientos propios del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, postulado que se configura como un razonamiento, conocimiento o saber de carácter esencial para el presente fallo constitucional. Conforme a dicho entendimiento, jueces y tribunales de garantía, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, pueden reconducir las acciones de defensa, de oficio, a la acción idónea, para el resguardo de los derechos alegados como vulnerados, efectuando una ponderación en cada caso. No obstante, lo anotado, posteriormente, la , en el Fundamento Jurídico III.3, moduló el entendimiento anotado, estableciendo que la reconducción de acciones no opera en todos los casos, sino, que está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada, conforme a los siguientes entendimientos:
Ahora bien, en consideración a que la reconducción o conversión de acciones constitucionales se efectúa en favor del accionante, es menester fijar parámetros claros a efectos de su aplicación y a fin de garantizar la tutela constitucional efectiva y la esencia de los procesos constitucionales; en consecuencia, el razonamiento o doctrina constitucional precedentemente referido (reconducción o conversión de acciones) no opera ni es aplicable en todos los casos, sino que, dicha pauta de interpretación es de aplicación exclusiva y reservada para determinadas circunstancias y sujetos procesales en particular; es decir, si la justicia constitucional, a tiempo de examinar la acción de cumplimiento, advierte que el contenido de la demanda permite adecuar y reconducir a otra acción tutelar, además de constatar una evidente lesión de derechos, previamente deberá tener certeza y convicción que la protección constitucional que se pretende otorgar será favorable y beneficioso para grupos que requieren una protección constitucional reforzada (...)
...Por lo tanto, la reconducción o reconversión de las acciones constitucionales, está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada; es decir, para personas con capacidades especiales o diferentes (discapacitados); para la minoridad (niños, niñas y adolescentes); para pueblos indígena originario campesinos, así como afrodescendientes; personas de la tercera edad o adultos mayores; mujeres en estado de gestación; y, personas con enfermedades graves o terminales. Debiendo tomarse en cuenta el presente razonamiento efectos de la reconducción o reconversión de acciones.
Como se observa, la contiene un entendimiento regresivo con relación a la anterior jurisprudencia constitucional; sin embargo, debe recordarse que el Tribunal Constitucional Plurinacional generó la doctrina del estándar jurisprudencial más alto en las y 1, a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE; en las que se establece que el precedente constitucional en vigor o vigente resulta aquél, que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.
A partir de dicha doctrina, en el caso de la reconducción procesal de acciones, el precedente en vigor se encuentra en la , al ser más favorable para el acceso a la justicia constitucional; por cuanto, no establece condiciones para la reconducción procesal de acciones, pues ésta opera, con la finalidad de proteger de manera inmediata los derechos vulnerados y materializar el orden constitucional imperante, resguardando el principio de justicia material.
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