Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0713/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 60811-2024-122-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 095/2023 de 28 de noviembre, cursante de fs. 1033 a 1037 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Manuel Caamaño Lima Lobo, María Esther Guzmán Ortiz de Caamaño y Rossy Mary Caamaño Guzmán contra Katya Cecilia Montero Montero, Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de la Capital del departamento de Beni.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2023, cursantes a fs. 1 y 952 a 971 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso ejecutivo de estructura monitoria seguido en su contra, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Beni, promovieron diversos incidentes cuestionando la competencia de la autoridad judicial y la procedencia de la ejecución sobre la pequeña propiedad ganadera "La Esperancita". En particular, el 10 de junio de 2019, plantearon incidente de inembargabilidad adjuntando el Titulo Ejecutorial PPD-NAL-708818 de 24 de abril del 2019, que acredita el predio como pequeña propiedad ganadera con una superficie de 138.6940 ha, registrada bajo la Matrícula 807010000071 -antecedente dominial 8070100000164- sujeta a las limitaciones de los arts. 394 y 399.1 de la Constitución Política del Estado (CPE); si bien dicho incidente fue inicialmente rechazado, posteriormente fue revocado por Auto de Vista -se entiende 90/2020 de 7 de agosto-, con base en la , reafirmando la prohibición de embargo y división de la pequeña propiedad ganadera.
Asimismo, el 7 de julio de 2021 formularon incidente de nulidad por falta de acta de embargo y por incompetencia de la autoridad judicial, el cual fue rechazado mediante Resolución de 14 de febrero del 2022, calificándolo como dilatorio. Posteriormente, en el marco del remate, el 8 de agosto de igual año, se fijó como monto de remate la suma de "$us325 465,181" con rebaja del 20%, y en el remate de 23 de octubre de ese año, mediante Auto de 5 del mismo mes y año, se consignó la suma de $us134 799,08.- (ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa y nueve 08/100 dólares estadounidenses), tras una nueva rebaja vinculada a la reducción de superficie; esta variación fue objetada por implicar una indebida división del inmueble. Pese a dichas observaciones, se adjudicó 305 669,44 m2 del predio como supuestamente urbano, sustentándose en un avalúo pericial que lo ubicaba dentro del radio urbano del municipio de San Joaquín del departamento de Beni, consolidando la transferencia a favor del ejecutante.
En ese contexto acude a la justicia constitucional cuestionando que Katya Cecilia Montero Montero, Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de la Capital del departamento de Beni -ahora demandada- y la autoridad de alzada, indebidamente tramitaron el proceso ejecutivo hasta el remate del predio rustico "La Esperancita", cuando era competencia del juez agroambiental, bajo los siguientes argumentos:
- a)Tanto la Jueza de instancia como el tribunal de alzada, ejercieron competencia material indebida al sustanciar en la vía ejecutiva civil y permitir que, mediante Auto de Aprobación de remate y minuta de transferencia de 23 de octubre de 2023, el ejecutante se adjudique el predio "La Esperancita" sobre una superficie de 305 669,44 m2 cuando la controversia correspondía atenderse por la jurisdicción agroambiental, conforme el régimen especial agrario previsto en la Ley Reconducción de la Reforma Agraria. Ello, porque el Título Ejecutorial PPD-NAL-708818, el folio real, el Testimonio 0173/2015 de préstamo con garantía hipotecaria, la certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el avalúo técnico, acreditan que el inmueble mantiene la condición de fundo rústico y pequeña propiedad agraria, indivisible e inembargable conforme al art. 394.II de la CPE, que incluso fue reconocido por el Auto de Vista 90/2020 al revocar el embargo dispuesto sobre el bien. Es más, si bien la Ley Municipal 031/2018 de 30 de agosto y la Resolución Ministerial (RM) 308/18 de "3" -siendo lo correcto y en adelante 31- de octubre de 2018 -de homologación-, incorporaron el predio al área urbana del municipio de San Joaquín del indicado departamento, dichas disposiciones no acreditan el cambio de uso de suelo de la fracción afectada, requisito necesario para atribuir competencia a la jurisdicción civil conforme al art. 31.1 del Decreto Supremo (DS) 24447 de 20 de diciembre de 1996 (Reglamento de la Ley de Participación Popular). Además, dichas disposiciones al ser posteriores al contrato de préstamo con garantía hipotecaria de 5 de agosto de 2015, a la demanda ejecutiva de 8 de febrero del 2017 y a la Sentencia Inicial de 23 de febrero de 2017, su aplicación retroactiva vulnera el art. 123 de la CPE. Pese a estos antecedentes -conocidos por el Tribunal de alzada a partir del Auto de Vista que declaró ilegal la compulsa, el Auto de Vista que anuló obrados por incumplir del art. 201.I del Código Procesal Civil (CPC) y el Auto de Vista 02/2023 de 9 de enero del 2023- las autoridades judiciales omitieron ejercer el control de legalidad de oficio previsto en los arts. 106 del CPC y 16.I y 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), apartándose de la jurisprudencia constitucional contenida en la ; y,
- b)Mediante "Auto" se dispuso indebidamente la división de la pequeña propiedad ganadera "La Esperancita", sustentado insuficientemente en la mera invocación de los poderes y deberes jurisdiccionales previstos en los arts. 24 y 25 del CPC, y en un plano que redujo la superficie del predio de 740 876 m2 a 305 669,44 m2, lo cual derivó en el remate de 22 de septiembre de 2023 -declarado desierto-, vulnerando los arts. 122 y 394.II de la CP?, que consagran su indivisibilidad.
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