0714/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0714/2019-S4 Sucre, 3 de septiembre de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad

Expediente: 28799-2019-58-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución de 64/2019 de 10 de abril, cursante de fs. 69 a 73, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ana Julieta Mamani Lazarte en representación sin mandato de Ricardo Condori Machicado contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Maritza Portugal Espinoza, ambos Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de abril de 2019, cursante de fs. 10 a 13 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación, en audiencia de apelación contra el rechazo a su solicitud de cesación a la detención preventiva, los Vocales hoy demandados, vulneraron su derecho a la libertad, al fundar su decisión en base a supuestos hechos, sin valorar de manera objetiva la prueba presentada en dicho actuado procesal, circunscribiéndose a valorar un test de peligrosidad, sin establecer bajo que elementos o métodos el Juez -ahora codemandado-, realizó el mismo, esto frente a un informe suscrito por un profesional psicólogo especializado en la materia, quien estableció que su persona no significaba un peligro para la víctima.

De la misma forma, se omitió valorar el antecedente de la remisión de la víctima a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos en la ciudad de Cochabamba, dispuesta por el Ministerio Público, y las garantías unilaterales que le fueron concedidas; puesto que, al estar privado de libertad resultaba incoherente sostener que seguía siendo un peligro, cuando no existe ningún contacto con ella; además, las garantías brindadas, no son revictimizadoras y menos agravantes, pues al contrario, demostraba su voluntad como imputado de que la misma esté protegida. Si bien corresponde a la parte accionante cumplir con la carga de la prueba para desvirtuar los riesgos procesales, es también deber y obligación del Ministerio Público velar por el bienestar de la víctima y su protección, y brindar las medidas de protección necesarias; por tal razón, solicitó se haga participe a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que por medio de dicha institución se brinden garantías necesarias para la misma.