Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0714/2026-S3 Sucre, 4 de mayo 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 51455-2022-103-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 268/2022 de 26 de octubre, cursante de fs. 133 a 135 vta. pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús Hernán Quispe Ticona contra Vladimir Ávila Pinto, Sub Alcalde; y, María del Carmen Sarmiento Sánchez, Asesora Jurídica de la Unidad Legal de la Sub Alcaldía Zona Sur, ambos del Gobierno Autónomo de La Paz (GAMLP).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 30 de agosto y 16 de septiembre ambos de 2022, cursantes de fs. 29 a 38 y 41 a 47 respectivamente, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Las autoridades ediles demandadas, emitieron la Resolución Administrativa (RA) Macrodistrital 09/2022 de 12 de enero, disponiendo la clausura definitiva de su actividad económica denominada "Salón Bella Mary"; en la cual, le impusieron una multa pecuniaria de UFV18.800,00 (dieciocho mil ochocientas unidades de fomento a la vivienda); ante esa determinación, el 10 de marzo de 2022, el demandante presentó una nota ante la Sub Alcaldía de la Zona Sur del GAMLP, por la que solicitó los motivos por los cuales procedieron a la clausura de su local, prescindiendo del cumplimiento de la RA Prefectural 121/2009 de 4 de marzo; la misma que fue emitida en mérito a que éste cumplió con todas las formalidades y, que durante las inspecciones municipales, su personal exhibió toda la documentación requerida -patentes y permisos de funcionamiento vigentes emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Palca-.
No obstante, la administración municipal evitó pronunciarse sobre el fondo, señalando que la vía administrativa se encontraba agotada y que el plazo para interponer el recurso de revocatoria había precluido.
Posteriormente, el 27 de abril de ese mismo año, formuló un nuevo memorial reiterando la solicitud de pronunciamiento sobre la vigencia de la citada RA Prefectural y denunció la ejecución material de la clausura, así como el decomiso de mobiliario -sillas y mesas- en fecha 23 de abril de 2022; en respuesta a su reclamo, la autoridad administrativa justificó sus actuaciones en cumplimiento de dicha resolución, alegando que la Ley 463 de 1968 que delimita el radio urbano de ciudad de La Paz y que la normativa prefectural invocada no precisaba los puntos en conflicto con el municipio de Palca.
Frente a la negativa de la autoridad de adecuar sus actuaciones a la RA Prefectural 121/2009 -la cual suspende la competencia sancionatoria de ambos municipios en áreas de controversia territorial-; el impetrante de tutela, interpuso un incidente de nulidad bajo el argumento de que la prenombrada resolución sancionatoria, fue dictada sin competencia, considerando que la restricción prefectural fue ratificada por el GAMLP el 17 de enero de 2019; dicho incidente fue respondido mediante nota CITE: SAS-UL 131/2022 de 7 de junio; es decir, la autoridad omitió dictar una resolución formal y motivada, limitándose a ratificar el agotamiento de la vía administrativa.
Para justificar esta omisión, la autoridad edil -ahora demandada- se amparó en una interpretación restrictiva del art. 69 de la Ley del Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 25 de abril de 2022-, además de los arts. 115 y 11 de la Constitución Política del Estado (CPE), argumentando que los plazos de impugnación ordinarios en su caso ya habrían precluido.
En ese contexto, se advierte la vulneración del principio de verdad material; toda vez que, el ente municipal de La Paz conocía la inexistencia de una delimitación territorial definitiva en la zona y la posesión de autorizaciones emitidas por el municipio colindante. Por consiguiente, en el presente caso se tiene el desconocimiento de la RA Prefectural 121/2009, misma que goza de presunción de legitimidad y jerarquía normativa, deviene en un acto nulo que lesiona la seguridad jurídica y su derecho al trabajo.
Finalmente, fundamentó la procedencia de la presente acción tutelar, en observancia de la jurisprudencia contenida en las , y, fundamentalmente, la 1770/2011-R de 2 de agosto; línea doctrinal que establece que toda irregularidad o lesión a normas de orden público dentro de un proceso administrativo, debe ser reclamada obligatoriamente a través de un incidente de nulidad ante la propia autoridad que conoce la causa; bajo este fundamento, el impetrante de tutela, acreditó haber agotado la vía incidental de forma previa, con el fin de cumplir con el principio de subsidiariedad y permitir la apertura de la jurisdicción constitucional.
I.1.2. Derechos, principios y garantías supuestamente vulnerados
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