Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0715/2019-S2 Sucre, 21 de agosto de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 28303-2019-57-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 15/2019 de 28 de marzo, cursante de fs. 397 a 402, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Enrique Eduardo Molina Mitru en representación legal de la empresa "Molina & Ávila Construcciones" Sociedad de Responsabilidad Limitada (MOLAVI S.R.L.) contra Alejandra Ortiz Gutiérrez y Adolfo Irahola Galarza, Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Mabel Norma Rocha Vera, Jueza Pública Civil y Comercial Quinta de la Capital de ese departamento, en suplencia legal de su similar Segundo.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 20 y 26 de marzo de 2019, cursantes de fs. 341 a 368; y, 372 a 374, el representante legal de la empresa accionante expresa lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 23 de noviembre de 2015, Sergio Humberto Navarro Rossetti inició acción ejecutiva contra la Asociación Accidental SIGMA, dentro de la que formó parte la empresa que representa, habiendo opuesto de su parte el 25 de mayo de 2016, las excepciones de incompetencia en razón de arbitraje, impersonería de la parte ejecutada, inhabilidad del título ejecutivo y división, respecto a las que el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Tarija, dictó Sentencia Definitiva de 30 de junio de ese año, declarando probada la excepción de incompetencia por razón de existencia de cláusula arbitral, inhibiéndose en consecuencia del conocimiento de la causa dejando sin efecto de manera extensiva todas las medidas provisionales asumidas en el proceso, como las medidas de precaución y auxilio judicial.
Agrega que, como consecuencia de la Sentencia Definitiva señalada la empresa que representa solicitó su ejecutoria fundamentando su irrecurribilidad; no obstante, la autoridad judicial de forma inesperada e ilegal dictó el Auto de 6 de julio de 2016, declarando no ha lugar a lo pedido invocando estar constitucionalizado el derecho de impugnación; por lo que, ninguna ley podía estar en contradicción. Determinación contra la que se formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación, indicando que las decisiones judiciales se hallan sometidas al principio de la doble instancia o revisión de los actos del inferior en grado siempre y cuando la ley permita, no siendo el derecho de impugnación un derecho absoluto, admitiendo la posibilidad de existir determinaciones irrecurribles y no revisables en segunda instancia como en el caso arbitral, en virtud a los principios de irrecurribilidad o impugnación objetiva y taxatividad reconocidos en la doctrina del derecho procesal y en el ámbito constitucional. Por otra parte, el ejecutante formuló recurso de apelación contra la Sentencia Definitiva obviando que la misma no era impugnable conforme se describió.
En consideración al recurso de reposición planteado por la empresa que representa, el Juez de la causa por Auto de 21 de julio de 2016, lo declaró no ha lugar concediendo la alzada de manera equivocada en el efecto diferido; lo que dio lugar a que interpusiera recurso de compulsa al haberse aceptado la apelación en un efecto que no correspondía al ya existir Sentencia Definitiva, respecto a lo que por Auto 01/2016 de 29 de julio, se declaró legal su compulsa modificando el efecto de la concesión al efecto devolutivo. De otro lado, MOLAVI S.R.L., contestó el recurso de apelación deducido por el ejecutante dejando nuevamente constancia que era inviable por expresa calificación de la ley, no siendo permisible formular alzada alguna contra la determinación que resuelve la excepción de incompetencia por arbitraje; por lo que, correspondía rechazar el recurso de apelación y declarar plenamente ejecutoriada la Sentencia Definitiva dictada en la causa.
Enfatiza que en forma posterior, los Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dictaron el Auto de Vista 141/2018 de 20 de septiembre, pronunciándose únicamente respecto al recurso de apelación formulado por el ejecutante contra la Sentencia Definitiva y no así referente a la alzada contra la indebida negativa de declarar su ejecutoria contra la que se formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación; "desentendiéndose" de la irrecurribilidad de la decisión que acogió la excepción de arbitraje y de la inviabilidad de conceder apelación sobre la misma, abriendo su competencia para conocer y resolver un fallo irrecurrible por su naturaleza jurídica; revocando ilegalmente la Sentencia Definitiva en todas sus partes, declarando improbada la excepción de incompetencia por arbitraje; obviando, reitera que por la propia naturaleza jurídica de los procesos arbitrales se limita al mínimo la impugnación en los mismos siendo un medio alternativo al proceso judicial para la solución de controversias, en cuyo mérito la ley establece la improcedencia de los recursos judiciales al respecto, no pudiendo ningún juez incumplir lo que la ley manda con el criterio que ello sea inconstitucional, existiendo la presunción de constitucionalidad de las normas hasta que se defina su inconstitucionalidad. Consignando de otro lado de manera errónea que el contrato privado tenía fuerza ejecutiva obviando que éste derivaba del contrato de transporte primigenio, que tenía la cláusula arbitral que era de aplicación prevalente.
Manifiesta que al disponerse la continuación del proceso ejecutivo se desconocen los arts. 12.III de la Ley de Arbitraje y Conciliación Abrogada (LAC.abrg) y 45.III de la Ley de Conciliación y Arbitraje (LCA) -Ley 708 de 25 de junio de 2015- vigente, existiendo sobre la primera de las anotadas Sentencia Constitucional que declaró su constitucionalidad y por ende su obligatoriedad vinculante en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, por cuanto no todos los fallos son recurribles como en el caso del arbitraje que tiene naturaleza especial; habiendo actuado el Tribunal de apelación sin competencia en previsión de la ley, emitiendo razonamientos absolutamente incongruentes, reiterando que por determinación legal la resolución judicial que resuelve la excepción de incompetencia por arbitraje no se somete al proceso jurídico procesal de la doble instancia; por lo que, los Vocales codemandados debieron devolver obrados al Juez de primera instancia para que ejecute lo decidido en la Sentencia Definitiva que emitió.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Estima lesionados los derechos de la empresa que representa al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, a la propiedad privada en su elemento del derecho al patrimonio, y al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación y congruencia así como interpretación correcta de la ley, además de los principios de taxatividad o impugnabilidad objetiva, de legalidad, a la seguridad jurídica y de la única instancia o irreclamabilidad o irrecurribilidad, citando al efecto los arts. 56, 115.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se dejen sin efecto:
- a)Las resoluciones impugnadas "al Juez" de primera instancia, por las que se acogió el recurso de apelación de la parte ejecutante, concediéndolo y remitiéndolo ilegalmente al Tribunal superior en grado; y,
- b)El Auto de Vista 141/2018 de 20 de septiembre, que asumió ilegalmente competencia para conocer la alzada descrita, disponiendo se emita un nuevo fallo rechazando el recurso de apelación precitado con la remisión de obrados a la Jueza de origen, declarando ejecutoriada la Sentencia en virtud a los cánones de legalidad y constitucionalidad expuestos en la demanda tutelar.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, fue realizada el 28 de marzo de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 390 a 396 vta., produciéndose los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción
El abogado de la empresa accionante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.
En cuanto a las alusiones de la parte demandada refirió:
- 1)La teoría de la impugnabilidad objetiva o taxatividad es formulada por la doctrina constitucional más reciente teniendo base en antecedentes del Derecho Constitucional Colombiano y en el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló el mismo "en algunos fallos con respecto a su contenido y pertinencia";
- 2)La parte demandada y el tercero interesado no refutaron lo fundamentado y sustentado en la acción de amparo constitucional presentada, llamando la atención el silencio respecto a los actos ilegales denunciados en sede constitucional;
- 3)En el caso existen tres contratos, siendo el primigenio el de transporte que contiene la cláusula arbitral, derivando los otros dos de reconocimiento de deuda y de transferencia o sesión de crédito del primero indicado, constando en el segundo la vía ejecutiva respecto a cobros; por lo que, debía primar lo establecido en la relación jurídica original; es decir, la cláusula arbitral;
- 4)Los argumentos descritos en el punto 3) fueron expuestos en la defensa que efectuaron en la audiencia oral dentro del proceso ejecutivo iniciado contra la empresa que representa, habiendo acogido el Juez de la causa la excepción de arbitraje que opusieron declarándose incompetente para conocer el proceso ejecutivo; no obstante, obviando que ningún juez o tribunal ordinario podía "tocar nada con respecto a ese proceso", viabilizó una apelación respecto a lo señalado resultando ello incorrecto conforme a normativa, por cuanto a partir de declararse probada la excepción de arbitraje el Tribunal Arbitral era el único llamado y convocado a pronunciarse sobre el particular conforme a la Ley de Conciliación y Arbitraje, incluso en lo referente a la competencia cuestionada;
- 5)Destaca que el punto medular de la acción de amparo constitucional radica precisamente en la decisión del Juez de la causa, quien pese a declarar probada la excepción de arbitraje, permitió su apelación en supuesta consideración al principio de impugnación, que no es absoluto; aspecto que dio lugar a una serie de irregularidades tomando en cuenta que debió declarar la ejecutoria de la Sentencia Definitiva que dictó;
- 6)En alzada, los Vocales codemandados dictaron el Auto de Vista 141/2018, abriendo ilegalmente su competencia respecto a una decisión que no era recurrible en mérito a las consideraciones ampliamente desarrolladas, efectuando asimismo una interpretación arbitraria sobre el contenido de los documentos; obviando por otra parte que la empresa impetrante de tutela planteó recurso de apelación demandando se deje sin efecto la concesión ilegal del recurso mal formulado por la contraparte de la causa ejecutiva, habiéndose aceptado este erróneamente en el efecto diferido y en forma posterior ante la compulsa que dedujo, en el efecto devolutivo; empero, el Auto de Vista precitado únicamente resolvió el recurso de apelación de la parte ejecutante sin pronunciarse en nada en relación a la alzada interpuesta por la empresa en cuanto al acto indebido de "conceder apelación sobre algo irrecurrible";
- 7)El Auto de Vista 141/2018, omitió por ende referirse a la irrecurribilidad de la Sentencia Definitiva que acogió la excepción de arbitraje, definida por ley, menos en cuanto al principio de impugnabilidad objetiva o taxatividad, aludiendo a temas de competencia "por encima de lo resuelto en esa resolución irrecurrible". En ese marco, incurrió en una motivación insuficiente conforme a lo expuesto por la jurisprudencia constitucional, al no pronunciarse en lo relativo a la irrecurribilidad de la Sentencia Definitiva por la que se acogió la excepción de arbitraje, estableciendo erróneamente cuál es la competencia, sin considerar que en todo caso el tema de la competencia debía ser debatido en el supuesto de no estar de acuerdo en lo decidido en la excepción precitada, por el Tribunal Arbitral, mediante una excepción de incompetencia de la contraparte;
- 8)Los Vocales codemandados también lesionaron el principio de congruencia al indicar que no era aplicable la cláusula arbitral sino otra consignada en otro documento en la vía ejecutiva; asimismo, en ocasión de no resolver su apelación en la que claramente indicaron que no correspondía que el Juez de primera instancia refiera que el principio de la doble instancia es absoluto y que en mérito a ello se haya acogido indebidamente una impugnación ilegal;
- 9)Se vulneró el debido proceso al no tomar en cuenta que la norma arbitral impone que en caso de admitirse una excepción de incompetencia en razón de arbitraje, el juez que debe conocer el conflicto es el Tribunal Arbitral, que se constituye en juez natural al declararse probada la excepción arbitral;
- 10)La jurisprudencia constitucional contenida en las , , , , y , entre otras, se pronunciaron al respecto, por lo que, su petitorio se halla dirigido a que la Sala Constitucional; reconozca que las decisiones judiciales que acogen la excepción de incompetencia por arbitraje son irrecurribles en aplicación de la doctrina y jurisprudencia; resultando por ende viable la tutela solicitada, con costas; y,
- 11)Lo expuesto por los codemandados y el tercero interesado en sus informes escritos y en audiencia, respectivamente, no tiene asidero legal ni desvirtúa las denuncias contenidas en su demanda tutelar. Por lo que, se ratificó en el petitorio de la acción constitucional incoada, pidiendo la concesión de la tutela.
I.2.2. Informe de la parte demandada
Mostrando 23 de 112 parrafos.