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TCP

0715/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
22 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0715/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0715/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 61141-2024-123-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 147 de 29 de noviembre de 2023, cursante de fs. 180 vta. a 185 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilfredo Mariscal Encinas en representación legal de Lido Joaquín Ortiz Ovando; y, Marco Antonio, Víctor Ernesto y María Eugenia Carmiña, todos de apellidos Ortiz Ramírez contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de octubre de 2023, cursante de fs. 78 a 91, la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de noviembre de 2001, Lido Joaquín Ortiz Ovando, suscribió junto a su fallecida esposa, Roxana Josefina Ramírez de Ortiz, un documento privado de reconocimiento de deuda y compromiso de pago por la suma de $us214 333,76.- (doscientos catorce mil trescientos treinta y tres 76/100 dólares estadounidenses) en favor de la empresa "...FREE PORT TERMINAL MARKETING..." (sic) -hoy parte tercera interesada-. Dicho documento, establecía un plan de pagos en cuarenta y tres cuotas mensuales, con vencimiento final el 20 de junio de 2005, y contenía una cláusula de aceleración -cláusula séptima- la cual disponía que la falta de depósito de cualquiera de las mensualidades determinaría el vencimiento total de la obligación y haría exigible la totalidad de la deuda.

Más adelante, en septiembre de 2002, la referida empresa interpuso demanda ejecutiva por el saldo de $us179 606,61.- (ciento setenta y nueve mil seiscientos seis 61/100 dólares estadounidenses), invocando precisamente la cláusula de aceleración. El indicado proceso ejecutivo concluyó con la Sentencia de 14 de abril de 2003, que fue confirmada por el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2004, en el que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró que la deuda ya había sido cancelada mediante cheques posfechados, extremo que no fue objeto de proceso ordinario posterior dentro del plazo de seis meses previsto por el art. 386 del Código Procesal Civil (CPC).

Posteriormente, el 28 de octubre de 2009 (más de cinco años después de la suscripción del documento base de 2001, y de la última cuota -20 de junio de 2005-), la misma empresa acreedora interpuso una demanda ordinaria de cumplimiento de contrato y pago de obligación pecuniaria. En dicho proceso, opusieron las excepciones de prescripción -conforme el art. 1507 del Código Civil (CC)- y de cosa juzgada, las cuales fueron rechazadas en primera y segunda instancia; y, finalmente el 19 de abril de 2023, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitió el de la misma fecha, que declaró infundada la excepción de prescripción.

En dicho Auto Supremo, los Magistrados demandados interpretaron el art. 1503 del CC, referido a la interrupción de la prescripción por actos que constituyan en mora al deudor, sin considerar el art. 1493 del mismo cuerpo legal, que determina el inicio del cómputo de la prescripción desde que el derecho ha podido hacerse valer. Asimismo, efectuaron únicamente una interpretación gramatical y aislada, al contrario de una interpretación sistemática y teleológica; ignorando la naturaleza de la obligación como deuda única con pagos periódicos, y fijó arbitrariamente el inicio del cómputo en la fecha de la última cuota -20 de junio de 2005- en lugar de la data de suscripción del documento -28 de noviembre de 2001-.

Asimismo, no se encontraba debidamente "fundamentada" al no exponer las razones que justificaban el rechazo de la excepción de prescripción, ni el cómputo del plazo desde la fecha de nacimiento de la obligación -28 de noviembre de 2001- en lugar de la última cuota -20 de junio de 2005-.

Por otro lado, los Magistrados demandados incurrieron en irrazonable y arbitraria valoración de la prueba, que impidió encontrar la verdad material sobre el inicio de cómputo del plazo de la prescripción al no valorar el documento base de la demanda ordinaria en su tenor íntegro, omitiendo el análisis de:

  1. a)Las cláusulas que establecían la obligación como única y unilateral por el monto total de $us214 333,76.- (cláusulas 1 y 2);
  2. b)La cláusula que fijó el plan de pagos mensuales (cláusula 3);
  3. c)La cláusula de aceleración que determinaba el vencimiento total ante la falta de pago de cualquier cuota (cláusula 7);
  4. d)La fecha de suscripción del documento -28 de noviembre de 2001-; y,
  5. e)La interposición de la demanda ejecutiva en 2002, en la que la propia acreedora reclamó la totalidad de la deuda desde la primera cuota impaga, reconociendo la exigibilidad anticipada lo que habría determinado que el plazo de prescripción ya había transcurrido cuando se presentó la demanda ordinaria en 2009. En lugar de ello, los indicados Magistrados fijaron arbitrariamente el inicio del cómputo de la prescripción el 20 de junio de 2005 -fecha de la última cuota-, sin determinar si la obligación era periódica o única con pago a plazos. La cláusula de aceleración pactada implicaba que la exigibilidad de la totalidad operaba desde la primera cuota impaga, y la demanda ejecutiva de 2002 así lo confirmó. Por consiguiente, el cómputo de la prescripción debía iniciarse desde la fecha de suscripción -2001-, y que dicha demanda ejecutiva interrumpió el plazo, el cual habría vencido en 2007, dos años antes de la demanda ordinaria de 2009.

Finalmente, invocó la vulneración del principio de verdad material previsto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); toda vez que, los Magistrados demandados no buscaron la verdad histórica sobre el nacimiento y exigibilidad de la obligación, limitándose a una interpretación formalista que distorsionó la realidad fáctica del caso.

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