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TCP

0719/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
4 de mayo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0719/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0719/2026-S3 Sucre, 4 de mayo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 52519-2023-106-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 279/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 324 a 331, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eynar Iván Viscarra Anavi y Yolanda Rosario Gonzáles Foronda contra José Antonio Revilla Martínez, y Esteban Miranda Terán, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 2; y de 131 a 146 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la demanda contenciosa presentada en su contra, y otras personas, por Walter Boris Escobar Tórrez, Presidente Ejecutivo a.i. del Directorio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), las autoridades ahora demandadas emitieron el Auto de 12 de abril de 2022, por el que dispusieron la anotación preventiva del inmueble ubicado en la estación central de ferrocarriles Av. Manco Kapac s/n con matrícula computarizada en Derechos Reales (DDRR) 2010990214254; resolución que infringe, suprime y amenaza sus derechos y garantías constitucionales porque impide ejercer su derecho de uso, goce, disfrute y disposición del mismo, ocasionando además el incumplimiento de contratos de compra y venta de locales, y un contrato de préstamo suscrito con una entidad bancaria, con el serio riesgo de inicio de acciones civiles y penales en su contra; que de hacerse uso de algún otro recurso, la medida resulta tardía y se produciría un daño inminente, irremediable e irreparable; de manera que en este caso corresponde hacer la excepción a la subsidiariedad.

La indicada medida fue dispuesta sin previo traslado, impidiéndoles formular oposición o por lo menos ser escuchados, ante tal requerimiento; asimismo, se interpretó de manera incorrecta la norma procesal civil, debido a que la demanda contenciosa debió tramitarse conforme al Código de Procedimiento Civil abrogado, ello por mandato del art. 4 de la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014-, de modo que, según dicho procedimiento la anotación preventiva debió solicitarse de manera fundamentada, lo que no ocurrió, ya que ENFE requirió su aplicación sin demostrar la necesidad fundamentada y sin ser el representante del poder ejecutivo o el fiscal general como exigen los arts. 775 y 776 del Código de Procedimiento Civil abrogado.

Los Magistrados demandados en su caso tampoco verificaron que se haya cumplido con las formalidades de la notificación con la solicitud de anotación preventiva, menos con la notificación con el Auto de 12 de abril de 2022, actuado con lo cual nunca fueron notificados, dejándolos en total estado de indefensión frente a dicha medida (anotación preventiva), razón por la que pudieron presentar oposición o mínimamente ser escuchados antes de asumir tal decisión.

Finalmente, también denuncia que las autoridades demandadas, al emitir el Auto de 12 de abril de 2022, no realizaron ni la mínima fundamentación y motivación con las normas aplicables al caso, para disponer la anotación preventiva de su bien inmueble, ya que tal determinación se basó en una simple petición de la parte demandante, sin establecer cuál era la necesidad para disponer la nombrada medida.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

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