0720/2020-S1

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0720/2020-S1 Sucre, 11 de noviembre 2020

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 33892-2020-68-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 04/2020 de 9 de junio de 2020, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Eduardo Araoz Rojas contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de junio de 2020, cursante de fs. 10 a 14 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Violación de Niña, Niño y Adolescente, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 081/2019 de 28 de diciembre, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por concurrir los presupuestos contenidos en los arts. 233.1 y 2; 234.1, 2 y 7, y, 235.2 todos del Código de Procedimiento Penal (CPP), frente al que interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto mediante Auto de Vista 15/2020 de 13 de enero, emitida por Margot Pérez Montaño Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, resolución que considera gravosa a sus derechos y garantías constitucionales, misma que motiva la presente acción de libertad, porque si bien la autoridad demandada admitió el recurso, empero declaró la improcedencia de los cuestionamientos expuestos en audiencia de apelación, respecto a los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 de la norma adjetiva penal.

Citando a las , , y , afirmó que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público, a efecto de sustentar la concurrencia del riesgo procesal previsto en los arts. 234.7, y 235.2, y el art. 231 bis de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y pidió la aplicación del principio de legalidad consagrado por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); de igual manera resaltó que, en audiencia de apelación el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y el denunciante no presentaron ningún dato sobre algún fallo de condena existente contra el imputado que determine la concurrencia de estos riesgos procesales, conforme lo desarrolla la .

Hizo notar que el peligro efectivo para la víctima y la posibilidad de ser influenciada por el imputado habían sido trasladados al art. 235.2 del CPP, por lo que no concurría el peligro que se analiza.

Reclamó que, en audiencia de medida cautelar se usó los mismos elementos de prueba para determinar la probabilidad de autoría, que para los peligros de fuga y peligro efectivo para la víctima haciendo referencia a la . Con relación al peligro de obstaculización descrito en el art. 235.2 del CPP y en relación a la , fundamentó en audiencia de apelación que la autoridad demandada no señaló los elementos de convicción que hicieron concurrir este peligro procesal y cómo el imputado detenido podría influir en la víctima; asimismo reclamó que, el Juez de primera instancia fundamentó dicho peligro procesal en la falta de declaraciones pendientes de los tíos, hijos y hermanos, inclusive descendientes del ahora imputado siendo una fundamentación genérica, por lo que solicitó a la Autoridad de Alzada subsane lo señalado indicando cuáles son las personas que debían declarar, siendo que la víctima es menor de edad y que los hijos del imputado también son menores de edad.

Denunció como agravio la vulneración de los arts. 273 y 124 del CPP; toda vez que, el Juez Cautelar emitió un fallo carente de motivación y fundamentación con argumentos inconscientes e incongruentes. Y por último no se aplicó las y referido al carácter instrumental de las medidas cautelares y la imposibilidad de hacer depender una medida de última ratio por la naturaleza del delito que se investiga, sino que esta debe ser aplicada solo en caso necesario, para lo que debió aplicarse el test de proporcionalidad establecido en la .

Por lo que, la autoridad demandada al no haber respondido de manera fundamentada todos y cada uno de los agravios planteados, incurrió en falta de fundamentación y motivación clara, precisa, fáctica, jurídica, probatoria, jurisprudencial y razonada, que toda resolución judicial debe tener en resguardo del derecho al debido proceso, máxime si se afecta a un derecho fundamental como es la libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; y, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 23, 115.II y 180.I de la Constitucional Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga se deje sin efecto el Auto de Vista 15/2020 de 13 de enero y se dicte una nueva resolución que determine su libertad vía medidas sustitutivas a la detención preventiva; debiendo responder de manera fundamentada todos los agravios denunciados en el recurso de apelación, sin hacer mención de la norma constitucional alguna.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 9 de junio de 2020; según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23 vta.; produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por intermedio de su abogado sin mandato, ratificó en los términos de su demanda tutelar, y añadió que la Vocal demandada no toma en cuenta el principio de inocencia, y que el cumplimiento de la Ley es para todos, no es por el tipo de delito o de hecho cometido.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Margot Pérez Montaño Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito cursante de fs. 19 a 20, indicando que:

a)En su calidad de Vocal de turno emitió el Auto de Vista 15/2020 de 13 de enero, que determinó la admisibilidad del recurso de apelación incidental, y declaró la procedencia en parte de los agravios propuestos por el apelante, considerando desvirtuados los riesgos procesales contenidos el art. 234.1 y 2 y se mantuvo los arts. 234.7 y 235.2 todos del CPP, confirmándose la Resolución 081/2019 de 28 de diciembre;
b)En audiencia el peticionante de tutela identificó tres agravios:
b.1)Con relación a los riesgos procesales establecidos en el art. 234.1 y 2 del CPP, se aceptó que los mismos hayan sido desvirtuados;
b.2)Respecto al art. 234.7 de la norma adjetiva penal respecto al peligro para la víctima, según el impetrante de tutela fueron resueltos de manera escueta e infundada en relación a la invocada para la aplicación de este riesgo; empero para la aplicación de la jurisprudencia constitucional debe existir analogía de los supuestos fácticos, y al ser el presente caso un delito de violación y no de robo no es aplicable la sentencia mencionada, de igual forma tampoco son aplicables a este riesgo procesal las y ; y por último respecto a la oficiosidad de haber incluido el término protección reforzada, esto se encuentra plasmado en el art. 410 de la CPE, que es de aplicación directa por los operadores de justicia y el art. 60 de la carta magna que establece que en casos en los que se encuentre involucrado menores cuentan con garantía reforzada;
b.3)El agravio al art. 235.2 de la norma procesal penal se cumplió con la fundamentación para riesgos procesales establecida en la , con relación a la declaración de los hermanos de la madre, la esposa del accionante y dos menores, delimitándose de esta forma el cumplimiento de este riesgo procesal de manera objetiva; fundamentándose que está debidamente delimitado porque así se solicitó en alzada; señaló también que no se vulneró la libertad del accionante y en el memorial de acción de libertad no se menciona de manera clara y precisa de qué manera habría vulnerado este valor; mas al contrario actuaron conforme a lo establecido en el art. 58.1 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025-; arts. 251 y 398, ambos del CPP; y,
b.4)Las medidas cautelares tienen carácter provisional y pueden ser modificadas y revocadas en cualquier estado del proceso, aspecto que debió ser considerado por el accionante antes de interponer una acción de defensa confundiendo la naturaleza de la misma y las competencias de un Tribunal de garantías.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04/2020 de 9 de junio, cursante de fs. 24 a 26 vta., denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1)Dentro del proceso penal seguido en contra del accionante por la comisión del delito de Violación de Niña, Niño o Adolescente, en audiencia de medida cautelar el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital emitió la Auto Interlocutorio 081/2019 en el que dispuso que el imputado -ahora accionante- sea remitido al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, con detención preventiva al no haberse enervado los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7, y 235.2 del CPP, determinación que fue objeto de apelación;
2)Interpuesto el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 081/2019 de 28 de diciembre, fue resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que emitió el Auto de Vista 15/2020 de 13 de enero, en el que declaró la procedencia en parte de los agravios reclamados y confirmó en parte el Auto de primera instancia, referente a los arts. 234.7 y 235.2 de la norma adjetiva penal, de manera fundamentada;
3)Conforme el art. 398 del CPP los Tribunales de apelación se encuentran obligados a motivar y fundamentar las resoluciones por las que deciden interponer la medida cautelar de detención preventiva, debiendo expresar la concurrencia de los dos presupuestos establecidos en el art. 233 de la norma procesal penal;
4)La acción de libertad no puede ser utilizada para revisar resoluciones dictadas por autoridades judiciales en pleno y legal ejercicio de sus atribuciones judiciales y menos para establecer si se efectuaron una correcta valoración de las pruebas, antecedentes o motivos que fundaron su decisión para determinar la existencia o no de materia justiciable o disponer la detención preventiva como en el presente caso conforme lo establece los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, siendo facultad exclusiva de las autoridades ordinarias que conocieron el proceso. Los Jueces y Vocales al pronunciar su resolución lo hacen dentro de sus atribuciones y competencias que la Ley les otorga estructurando las resoluciones de forma clara y motivada, señalando las normas que sustentan las mismas, basadas en la sana crítica; y,
5)El Tribunal de garantías no puede realizar una nueva valoración a los elementos de juicio o que determinó del juez, pues no es pertinente ni viable, y tampoco se puede dejar sin efecto las resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional, más cuando el Código Niña, Niño y Adolescente en su artículo 8 indica que el Estado está obligado a proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa fotocopia simple del Acta de audiencia pública de apelación incidental, y Auto de Vista 15/2020, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la que declaró la admisibilidad del recurso de apelación formulado por el ahora solicitante de tutela y la procedencia en parte de los agravios denunciados, considerando desvirtuado los riesgos procesales contenidos en el art. 234.1 y 2 del CPP, manteniéndose subsistente los arts. 234.7 y 235.2 de la norma adjetiva penal, por lo que confirmó en parte la Resolución 081/2019 de 28 de diciembre, pronunciada por el Juez de Instrucción anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz (fs. 2 a 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; y, al debido proceso en su vertientes de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Violación de Niña, Niño o Adolescente, mediante Auto de Vista Auto de Vista 15/2020 de 13 de enero, la autoridad demandada, declaró parcialmente procedente al recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 081/2019 de 28 de diciembre que dispone la detención preventiva; manteniendo subsistentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, resolución que carece de fundamentación y motivación, por cuanto no señaló los elementos de convicción que hicieron concurrir estos peligros procesales y cómo podría influir en la víctima; por lo que, solicita se deje sin efecto el Auto de Vista 15/2020 y se dicte una nueva resolución que determine su libertad vía medidas sustitutivas a la detención preventiva; debiendo responder de manera fundamentada todos los agravios denunciados en el recurso de apelación.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, analizando los siguientes temas:

i)La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso; i.a) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal;
ii)La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales: ii.a) El enfoque interseccional; y, ii.b) El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres;
iii)Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia contra la mujer; y,
iv)Análisis del caso concreto.

III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la 2, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3 de la , se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:

a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la 3, precisó que dicho fallo constitucional debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la 4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la 5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

i)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
ii)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
iii)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
iv)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
v)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la -6. Respecto a la segunda finalidad, tanto la como la , señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:
a)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
b)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
c)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
d)Por la falta de coherencia del fallo, se da:
d.1)En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y,
d.2)En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la 7, así como en la 8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la 9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la 10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

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