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TCP

0720/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
22 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0720/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0720/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 57049-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 129 de 20 de julio de 2023, cursante de fs. 2607 vta. a 2611, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Arnaldo Añez Dorado contra Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de julio de 2023, cursante de fs. 2548 a 2565, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 27 de octubre de 2017 se inició una investigación en la República Federativa de Brasil contra Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo y Carlos Añez Dorado, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas.

Asimismo, en Bolivia, se abrió el Expediente FELCN-SC-X 642/2017, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70107650, contra Juana Elena Dorado Ventura de Lima Lobo, Adhemar Lima Lobo Rivarola, María Elena Lima Lobo Dorado y Carmen Iris Lima Lobo Dorado, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. El 5 de abril de 2019 se emitió una resolución de rechazo que archivó el caso a favor de estos cuatro investigados; en la misma fecha, también se emitió una resolución de sobreseimiento a favor de Edward Lima Lobo Dorado; sin embargo, esta fue revocada por el Fiscal Departamental -se infiere, de Santa Cruz-; como consecuencia de esta revocatoria, se formuló acusación fiscal contra el prenombrado por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, siendo remitido el caso al Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz. Finalmente, Edward Lima Lobo Dorado fue absuelto mediante Sentencia 27/2021 de 9 de agosto.

Posteriormente, recurrida en apelación -se infiere, la sentencia absolutoria-, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz pronunció el Auto de Vista 140 de 6 de diciembre de 2021, declarando admisible e improcedente la impugnación, confirmando en su totalidad la Sentencia 27/2021, que a la fecha se encuentra en etapa de recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El 6 de octubre de 2021, se informó al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Beni el inicio de una investigación penal por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas contra Edward Lima Lobo Dorado, así como contra su persona, entre otros, con base en un Informe UIF/DAFL/UAL/354/2021 de investigación financiera y patrimonial, emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) el 27 de septiembre de 2021; este proceso se encuentra registrado bajo el Expediente 328/2021 y el Código Único de Denuncias (CUD) 801102012101893.

Así, en el marco del Expediente 328/2021, el 10 de diciembre de 2021, la defensa técnica de Edward Lima Lobo Dorado presentó un incidente de defectos absolutos ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Beni, que se fundamentó en la presunta vulneración del principio non bis in idem y el debido proceso; admitido el incidente, el Juzgado corrió traslado a todos los sujetos procesales, recibiéndose la contestación del Ministerio Público el 20 de junio de 2022.

Asimismo, el 21 de julio de 2022, el Ministerio Público presentó varios requerimientos conclusivos en el marco de la investigación: en primer lugar, solicitó el rechazo de la denuncia y de la actuación policial a favor de Edward Lima Lobo Dorado, Mario Alfredo Rosales Méndez y María Elena Lima Lobo Dorado; ese mismo día, formuló un requerimiento conclusivo similar a favor de César Cassol y José Antonio Roca Barba; en ambos casos, el Ministerio Público advirtió que la investigación podía ser reabierta dentro del plazo de un año. De igual manera, en la misma fecha, el Ministerio Público presentó un requerimiento conclusivo de imputación formal en su contra y otros implicados, y solicitó la aplicación de medidas cautelares.

El 14 de septiembre de 2022, se celebró la audiencia de consideración del incidente de defectos absolutos interpuesto por Edward Lima Lobo Dorado, fundado en la vulneración del debido proceso -específicamente en su vertiente de seguridad jurídica- y en la existencia de una nueva investigación sobre hechos ya juzgados en el departamento de Santa Cruz y previamente investigados.

Al acogerse dicho incidente, se declaró la nulidad de todas las actuaciones referidas a Edward y María Elena, ambos Lima Lobo Dorado, por haber sido objeto de investigación previa sobre los mismos hechos; asimismo, anuló las actuaciones concernientes a su persona, así como a Edwin Douglas Lima Lobo Dorado; Anita Vaca Oyola de Lima Lobo, Ana Karen y Paula Andrea, ambas Lima Lobo Vaca; Teddy Raúl y Jorge Alberto, ambos Datzer Rodríguez; José Ignacio Lima Lobo Dorado y Luzmila Alvis Mejía de Lima Lobo, por haberse acreditado que constituyen imputados distintos en una segunda investigación sobre un mismo hecho, respecto del cual se alegan nuevas circunstancias; contra esta resolución, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental.

El 30 de septiembre de 2022 se celebró audiencia del recurso de apelación incidental, en su presencia y la del Ministerio Público, entre otros; durante dicho acto procesal, el representante del Ministerio Público planteó un incidente cuestionando la representación jurídica de los mandantes e incidentistas; no obstante, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni reconoció la legitimidad activa del abogado Alex Armando Mejía Suarez y, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 125, 308 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP), ordenó la prosecución del proceso, al haber precluido en todas sus instancias la petición del Ministerio Público.

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