Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0723/2019-S4 Sucre, 3 de septiembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 25808-2018-52-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 5 de 2 de octubre de 2018, cursante de fs. 200 a 211, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Emilio Fonseca Herrera contra Omar Michel Duran y Dolka Vanessa Gómez Espada, miembros de la Sala Disciplinaria; y, Javier Renzo Montecinos Valda, Juez Disciplinario Segundo de la oficina departamental de Potosí, todos del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 13 de septiembre de 2018, cursantes de fs. 64 a 72 vta., y el de subsanación de 24 de septiembre (fs. 75 a 83), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su condición de Juez Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colquechaca del departamento de Potosí, conoció la acción de amparo constitucional interpuesta por Luisa Padilla Reynaga Vda. de Rollano contra Jaime Vera Rodríguez, Juez Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Colquechaca del indicado departamento; la cual, de acuerdo a los antecedentes de ese caso, concedió la tutela, al haber advertido que la demanda de usucapión planteada por Máximo Villca Choque y Nieveza Jancko Colque, tramitada por el entonces demandado, fue llevada a cabo en forma irregular "... e incluso un fraude procesal..." (sic), debido a que constató que el referido proceso fue interpuesto solamente contra Porfidio Villca Choque y otra, habiendo sido excluida la entonces impetrante de tutela, quien juntamente con su difunto esposo, se constituían en los últimos propietarios del inmueble en litigio. Dicha Resolución, fue confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante , y puesta a conocimiento de Máximo Villca Choque y Nieveza Jancko Colque, el 2 de junio de 2017.
Sostuvo que los entonces demandados perdidosos, Máximo Villca Choque y Nieveza Jancko Colque de Villca -hoy terceros interesados- al no haber obedecido la Resolución del amparo constitucional, a solicitud de la parte entonces solicitante de tutela, pronunciado el Auto de 19 de abril 2017, mediante el cual, entre otros, ordenó se libre mandamiento de desapoderamiento contra los mencionados, mismo que jamás fue ejecutoriado. Por otro lado, los señalados iniciaron en su contra un proceso disciplinario por haber ordenado la emisión del mandamiento de desapoderamiento, considerando haber adecuado su conducta a la falta disciplinaria contenida en el art. 188.I.12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, que dispone: "Por actuar en proceso que no sea de su competencia o cuando ésta hubiere sido suspendida o la hubiere perdido ", además de cometer supuestamente la falta gravísima inmersa en el numeral 13 de igual precepto legal; es decir, "Por la asistencia a su fuente laboral en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias controladas".
De lo manifestado, el Juez disciplinario -hoy demandado-, dictó la Resolución Administrativa Disciplinaria 40/2017 de 6 de noviembre que declaró probada la denuncia, disponiendo en tal sentido, la destitución de su cargo; motivo por el cual, interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto a través de la Resolución Disciplinaria SP-AP N° 48/2018 de 10 de mayo, cual revocó parcialmente la resolución de primera instancia, solo respecto a la causal establecida en numeral 12 del art. 188.I de la LOJ, pero manteniendo firme la causal estipulada en numeral 13 de igual artículo; es decir, ratificándose en la sanción de destitución.
Sostuvo que ambas Resoluciones lesionaron sus derechos constitucionales por los siguientes motivos:
- a)En cuanto al Juez de primera instancia:
- 1)Desde la denuncia disciplinaria en su contra, pudo observar indicios de parcialización en favor de los denunciantes, -ahora terceros interesados- pues el Auto de admisión de dicha denuncia, fue emitido el 4 de agosto del 2017; es decir, después de casi dos meses de interpuesta la misma -presentada en junio de igual año-; toda vez que, Máximo Villca Choque y Nieveza Jancko Colque de Villca "...no contaba con prueba alguna que demuestre mi culpabilidad (...) este señor logra obtener en ese tiempo de casi dos meses para obtener testigos falsos y otras pruebas que nunca fueron consistentes..."(sic), aspecto, que lesionó el debido proceso y el principio oportunidad, al haber otorgado un excesivo plazo que les sirvió "...para conseguir pruebas falsas principalmente testificales en mi contra..."(sic), contraviniendo el art. 47 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, mismo que solo otorgaba el plazo de cuarenta y ocho horas para admitir una denuncia, aspecto que también implicó una transgresión a los plazos procesales de dicho Reglamento, pues constituía un proceso con calidad sumaria;
- 2)Por otro lado, ese Auto de Admisión, señaló audiencia de inspección para el 22 del citado mes y año, pero su persona, recién fue notificada con esta Resolución, el día 21 de similar mes y año, es decir, un día antes de la referida audiencia, infringiendo el art. 47.I inc. 5) del mencionado Reglamento, el cual, concede el plazo de cinco días al denunciado para presentar informe, así como la prueba que considerase pertinente; sin embargo, en el presente caso, al haber sido notificado un día antes a la indicada audiencia, fue dejado en total estado de indefensión, aspectos que fueron puestos a conocimiento del Tribunal de alzada;
- 3)El Juez hoy codemandado, hizo llamar de oficio a algunos funcionarios judiciales para interrogarlos, quienes corroboraron los argumentos falsos de los ahora terceros interesados, pero esta prueba no fue valorada, so pretexto de que a dichos testigos no se les había contrainterrogado, lesionando con estas actuaciones, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia;
- 4)Los testigos de los entonces denunciantes, según sus relatos, jamás escucharon ni vieron nada, pues no pudieron siquiera, indicar en qué fechas supuestamente su persona hubiera cometido las faltas disciplinarias que se le acusaba;
- 5)Pese a que contaba con abogado defensor, no se le permitió contrainterrogar a los testigos, al ser coartados a momento de pretender intervenir; y,
- 6)Las pruebas de descargo presentadas por su parte, no obtuvieron valor alguno;
- b)En cuanto a la resolución de apelación, emitida por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura:
- i)En alzada, se les hizo conocer las irregularidades cometidas por el juez a quo, como ser, la irregular admisión de la demanda después de casi dos meses de presentada la denuncia y la notificación a la audiencia de recepción testifical e inspección de 22 de agosto de 2017, solo con veinticuatro horas de anticipación, pero contrariamente a lo alegado, se le indicó que con relación a esa audiencia el Juez demandado "...habría suspendido aquella audiencia en aplicación del respectivo procedimiento mediante una ampliación del periodo de prueba..."(sic), lo cual no constituía la parcialización que alegaba, pero si temerarios sus reclamos;
- ii)Los testigos que fueron convocados de oficio por el Juez disciplinario y que atestiguaron que su persona no fue vista en estado de ebriedad en horarios de trabajo, no fueron tomados en cuenta ni valorados a momento de dictar la Resolución de primera instancia, y cuando fue objeto de reclamo, los ahora demandados, refirieron que "...mi persona como disciplinado así como mi abogado nos hubiésemos abstenido de interrogar pero lamentablemente en aquella oportunidad no existía nada más que interrogar ya que los mismos habían sido claros..." (sic);
- iii)Con relación a que las testificales de cargo hubieran generado certeza con relación a que acudía a su fuente laboral en estado de ebriedad; al haber constatado que las mismas no eran firmes ni vehementes, impugnó en alzada la errónea valoración de dichas pruebas, pero por el contrario, los ahora demandados, concluyeron que "...de la declaración testifical de cargo de más de tres testigos y se tiene que los mismos fueron uniformes y contundentes y que le tribunal de primera instancia concluyo correctamente..."(sic), siendo dicha conclusión errada, habiendo los demandados ignorado este agravio, además de no haber tomado en cuenta que esas testificales, no contaban con la firma del Juez hoy demandado ni de su secretario, lo que conllevan a tornarse en declaraciones que carecían de veracidad, debiendo haber sido declaradas nulas; y,
- iv)También se hizo notar que su prueba no fue considerada en primera instancia, así como tampoco se le permitió contrainterrogar a los testigos, porque le fue coartado este derecho, razón por la cual, solicitó las grabaciones de todas esta audiencias, pero lamentablemente en alzada se hizo caso omiso a dicho requerimiento, aspecto que evidenció la inexistencia de las mismas.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la defensa, a la igualdad de partes, a la presunción de inocencia, al trabajo; y, a los principios de "oportunidad" y "contradicción", citando al efecto, los arts. 46.I inc. 1), 48.II. 115, 116.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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