0724/2020-S1

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la demandada:

1. a)Presente a la menor AA ante el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro para que mediante la "Dirección de Igualdad de Oportunidades-Defensoría de la Niñez y Adolescencia", puedan informar el estado de la menor AA, en cuanto a su integridad personal, física, psicológica y sexual previa valoración de su equipo multidisciplinario;
2. b)En el día ponga a conocimiento del tribunal de garantías un medio idóneo de comunicación entre la menor AA con su progenitor consanguíneo; y,
3. c)Se inhiba de realizar cualquier acto o medida de hecho que suponga una restricción indebida y arbitraria de los derechos de la menor, vinculados a su libertad de comunicación, que por el ocultamiento ponga en duda la integridad personal de la menor AA.

La parte accionante a través de su abogado ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando el mismo señaló que:

1. 1)En el marco del principio de autonomía progresiva, los menores de edad tienen derecho a manifestar su opinión cuando les favorece y se impone medidas tendientes a proteger sus derechos, especialmente el de integridad física, psicológica; en ese entendido, considerando que en la audiencia de consideración de la acción de defensa se encuentra la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y existe reticencia de la parte demandada solicitó puedan constituirse en el ambiente donde se encuentra resguardada la niña a efecto de establecer de manera directa las lesiones alegadas;
2. b)Que es cierto y evidente que se presentó otra acción tutelar que fue de conocimiento de la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, no obstante, no se entró al análisis de fondo, toda vez que fue rechazado in limine, debido a la legitimación activa; por lo que, no se pretende un doble pronunciamiento;
3. c)Conforme establece el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de libertad procede cuando la vida esté en peligro, y es la "...Sentencia 129/2015 que establece como vertiente el derecho a la vida, tres aspectos fundamentales que es la integridad física, psicológica y sexual..." (sic); en ese entendido, la denuncia que se realiza es respecto a la injerencia realizada hacia la niña (alineación parental), y no solo se tiene que referir que la menor esta con vida sino corresponde entrar al análisis de los aspectos cuestionados que son más dogmáticos, por lo que, se tiene que realizar un control constitucional y de convencionalidad; y,
4. d)Es evidente que existe un incidente de modificación del régimen de visitas presentado ante el Juzgado Público de Familia Octavo de la Capital del señalado departamento, no obstante, no se pudo responder al mismo por la emergencia sanitaria que pasaba el país.

Bolcha Cecilia Guzmán Pinto mediante informe escrito de 20 de mayo de 2020, cursante a fs. 23 y vta. sostuvo que:

1. 1)Conforme el Acuerdo Regulador de Divorcio o Desvinculación de 25 de septiembre de 2017, su persona tiene la guarda y tutela absoluta de la menor AA, estableciéndose un régimen de visitas para Oscar Mauricio Arraya Mier -padre de la menor AA-; no obstante, desde la suscripción "hasta la fecha" -se entiende 20 de mayo de 2020- el referido no cumplió con el horario de visitas determinadas; y,
2. 2)El 7 de mayo de 2020, fue citada con una acción de libertad que contenía el mismo argumento, en la cual, la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro emitió la Resolución 50/2020 de 8 de mayo, denegando la tutela, procediendo a remitir el caso al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Posteriormente refirió que:

1. i)Conforme el art. 46 del CPCo "La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro" (sic), no obstante, no existe legitimación activa debido a que no se pudo establecer los elementos constitutivos -se entiende de dicho contenido normativo- pues la niña está bien y presenta un desenvolvimiento natural; no se pudo establecer si su libertad, integridad física, libertad de circulación, derecho a la vida está en peligro porque no se presentó ningún elemento probatorio; y además, de acuerdo al art. 48.3 del indicado cuerpo normativo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es quien tiene representación de los menores en acciones de defensa, no obstante no existe un caso abierto en dicha instancia;
2. ii)Existe una doble acción de defensa presentada con el mismo asunto, accionante -con otra representación sin mandato-, demandada y la menor AA; y si bien la parte impetrante de tutela refirió que existiría un rechazo in limine, ello no es evidente pues se denegó la tutela con los mismos argumentos "que ahora se presentan" -se entiende a los argumento vertidos por la parte demandada-;
3. iii)Se tiene falta de elementos constitutivos pues no se mencionó "...cuáles serían las garantías, cuáles serían la protección de tutela, la vulneración a la vida e integridad física que mencionan, que se realizar en la persona de la menor (...) simplemente indican que el padre no la ve, que el padre no puede realizar las visitas, que el padre no sabe nada de la menor, entonces aquí el acto es el padre no la menor, aquí por quien se está solicitando es por el padre y no por el bienestar de la menor..." (sic);
4. iv)Nada de lo alegado fue comprobado, la niña se encuentra bajo la guarda de la madre -ahora demandada- lo cual fue dispuesto por el Juez Público de Familia Octavo de la Capital del departamento de Oruro y es el ahora accionante quien podrá visitar a la menor previo acuerdo de partes, por lo que, no se puede soslayar la autoridad de dicho Juez cuando el art. 216.III del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- establece que "En los casos en los cuales la madre o el padre que ha obtenido la guarda no permita de forma recurrente por tres (3) veces consecutivas el derecho de visita, previa verificación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la autoridad judicial revocará la guarda y la confiará al otro cónyuge o un tercero", además no existe una denuncia abierta para que la indicada institución acompañe a Oscar Mauricio Arraya Mier a realizar las visitas, no obstante, acude a la jurisdicción constitucional realizando peticiones como si la niña estuviese en peligro, siendo inclusive que el mismo deslinda sus obligaciones ante el Juzgado que conoce la causa (pago de asistencia familiar). Además, la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional no hacen referencia a la libertad de comunicación, sin embargo, en la acción de libertad se denuncia ocultamiento que pondría en duda la integridad personal de la menor (física, sexual y psicológica) que tendría que ser de conocimiento del juez llamado por ley; y,
5. v)Se presentó un incidente de modificación de visitas por la actitud agresiva de Oscar Mauricio Arraya Mier -padre de la menor AA- pues sin quedar de acuerdo conforme se estableció en el Acuerdo Regulador de Divorcio o Desvinculación, Oscar Mauricio Arraya Mier se presentó en su casa creando estrés y ansiedad a la niña, afectando su integridad psicológica por el amedrentamiento realizado por el prenombrado; por todo lo expuesto, solicitó se deniegue la acción de defensa o directamente se rechace in limine.