Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0728/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 54382-2023-109-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 19/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 153 a 155, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Alberti Uzqueda contra Marco Antonio Bayón Terrazas, Fiscal General Policial; William Jorge Vidal Quiroga, Presidente; y, "Juan Carlos" Vega Gareca y Dionisio Sarzuri Gonzales, miembros todos del Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz; Rubén Roberto Caetano Reynolds, Fiscal Departamental Policial de La Paz; Willian Freddy Rivero Mamani, Fiscal Departamental Policial de Oruro; Israel Augusto Silva Alberto, Hernán Zeballos Yugar y Mario Ricardo Luna Zeballos, todos Fiscales Policiales de La Paz; Ariel Walter Ocampo Ávila, Fiscal Policial de Oruro; y, José Antonio Vargas Mercado, Asesor Jurídico de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y 115 a 125 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso disciplinario que se le sigue, Ariel Walter Ocampo Ávila, Fiscal Policial de Oruro -codemandado-, el 24 de mayo de 2022, apartándose de lo establecido en el art. 42.3 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, emitió requerimiento fiscal policial solicitando a la Dirección General de Migración (DIGEMIG) información personal y reservada de su persona, omitiendo considerar que el requerimiento únicamente puede pedirse a unidades policiales y no así a civiles.
Así, obtenido el Certificado MG-DGM-UCMA-AFMI 2277/2022 de 1 de junio -de flujo migratorio-, y el informe del investigador, el indicado Fiscal Policial de Oruro no se pronunció con relación a la información ni se arrimó al Caso 085/2022 "...y sin providencia fundamento legal aparece un informe jurídico 123/2022 de fecha 13/06/2022 elaborado Sof. My DAP Abg. José Vargas Mercado ASESOR JURIDICO DE LA FISCALIA POLICIAL DE ORURO quien lo elabora en atención a la hoja de ruta 941 de 13 de junio del Fiscal Departamental My. William Rivero Mamani, quien en supuesta apariencia de legal instruye analizar de acuerdo a ley así el asesor para desvincularse de esta ilegal certificación, lo cual es ilegal!!!! (...) sugiere remitir los ilegales documentos a la fiscalía general los cuales se envían mediante oficio 425/2022 (...) para que el proceso disciplinario se sustancie en la ciudad de La Paz (...) se recibe en la Fiscalía General Policial (...) es remitida en la misma fecha 14 de junio a la fiscalía departamental La Paz asignado la investigación en fecha 14 de junio al Fiscal policial La Paz (...) Tte. Israel Silva..." (sic).
En ese sentido, el certificado de flujo migratorio debe ser excluido por ser parte dentro de otra investigación, mismo que ponía en riesgo su trabajo ante la posibilidad de ser destituido del cargo que actualmente ostenta; toda vez que, el procedimiento para la obtención de las pruebas vulneró derechos y garantías; además, dicha certificación fue obtenida mientras se encontraba con detención preventiva, cuando la Ley 101 establece que el proceso disciplinario debió suspenderse por causa extraordinaria, ya que se le impidió ejercer su derecho a la defensa y observar los actos investigativos.
El proceso disciplinario, emergió del presunto abandono del país mientras se encontraba en funciones policiales, pero lo cierto es que se encontraba con baja médica, por lo que la ausencia o la salida que hubiera tenido del país no se realizó cuando era un funcionario en servicio activo, en ese sentido, cualquier sanción disciplinaria o procesamiento disciplinario debió interponerse cuando la infracción hubiera sido realizada en cumplimiento de sus funciones, supuesto que no concurría en el caso concreto al hallarse con baja médica.
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