0729/2019-S1

En revisión la Resolución 02/2019 de 11 de marzo, cursante de fs. 330 a 331 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raquel Mendoza Fabricano en representación legal de Paulino Mendoza Arias contra Jerónimo Manú García y Juan Carlos Candia Saavedra, Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni y Roberto Ismael Nacif Barrios, ex Juez Público Civil y Comercial Primero del mismo departamento y actual Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública de dicho Tribunal Departamental de Justicia. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 8 de febrero de 2019, cursante de fs. 298 a 307, la representante del accionante expuso los siguientes argumentos: I.1.1. Hechos que motivan la acción Ante el entonces Juzgado de Partido Civil Primero del departamento de Beni -ahora Juzgado Público Civil y Comercial Primero de dicho departamento- el 9 de noviembre de 1994, el Banco Mercantil Sociedad Anónima (S.A.) inició proceso ejecutivo en contra de Ruperto Mendoza Arias, demandando en pago de la suma de Bs31 200.- (treinta y un mil doscientos bolivianos) más intereses y costas procesales, garantizados con la hipoteca del bien inmueble de propiedad de Delmira Arias Ibañez vda. de Mendoza, ubicado en calle Jorge Henrich de la ciudad de Trinidad con una superficie de 1.214,75 m² inscrito en la Partida 591 del Libro de Propiedades Capital y Cercado de 24 de octubre de 1973 -se aclara que la demanda no se dirigió contra la garante hipotecaria-; de esta forma se emitió el Auto Intimatorio de Pago -no refiere fecha-, se citó al ejecutado y se dictó Sentencia 68 de 20 de diciembre de 1994, que declaró probada la demanda, ejecutoriándose la misma el 18 de enero de 1995. Ya en la etapa de medidas previas al remate, se adjuntó certificación de avalúo que acreditaba que la propiedad del bien dado en garantía correspondía a Delmira Arias Ibañez vda. de Mendoza, quien la adquirió por vía de sucesión hereditaria de su fallecido esposo Ruperto Mendoza Guaseve; por lo que, la Jueza de primera instancia dispuso que se notifique con el avalúo del inmueble tanto al ejecutado como a la garante hipotecaria conforme a los arts. 1479 del Código Civil (CC) y 534 y 539 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrog), lo que se efectivizó a fs. 32 vta. (del expediente original que cursa en fotocopia legalizada), cuando la aludida Sentencia ya se encontraba ejecutoriada; es de anotar que en las publicaciones de los avisos de remate se consignó que el inmueble tiene una superficie de 420 m²; pese a esos defectos, y ante la ausencia de postores, el inmueble se adjudicó en favor del Banco Mercantil S.A. el 29 de septiembre de 1995. A solicitud del ejecutante adjudicatario, para proceder a la posesión y entrega del inmueble, el Oficial de Diligencias del aludido Juzgado representó que Delmira Arias Ibañez vda. de Mendoza había fallecido, en consecuencia, se ordenó la notificación de sus herederos mediante edicto, actuación, que jamás se realizó, vulnerando el derecho a la sucesión previsto en el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE); luego, el 6 de noviembre de 2015, se reiteró la notificación para la entrega del bien rematado, lo que se cumplió solo con relación al ejecutado y no así a los herederos de la garante hipotecaria fallecida, llegando a la etapa de impetrar el apoyo de la fuerza pública para proceder al desapoderamiento del referido inmueble. Con base en estos antecedentes, planteó incidente de nulidad, que fue resuelto por Auto Interlocutorio 237/2018 de 14 de mayo, que rechazó lo solicitado, señalando que si bien la jurisprudencia indica que la acción ejecutiva debe dirigirse contra el deudor y el garante hipotecario; no obstante, no es ley, por lo que no es de cumplimiento obligatorio; a efecto de garantizar el derecho a la defensa de la garante hipotecaria, la misma fue notificada en la etapa de ejecución de sentencia el 29 de marzo de 1995; y, fue por decisión propia que no se apersonó ni interpuso excepción alguna en su favor; impugnado el referido Auto, el mismo fue resuelto mediante Auto de Vista 186/2018 de 11 de octubre, que confirmó lo apelado señalando que a pesar que la demanda no fue dirigida contra la garante hipotecaria, a fin de garantizar su derecho a la defensa, y según la línea jurisprudencial citada por el Juez a quo, se le notificó personalmente y la misma no ejerció su defensa, toda vez que, existe posibilidad de oponer excepciones en proceso monitorio tipo ejecutivo conforme a los arts. 380.III y 383 del Código Procesal Civil (CPC), resaltando la fuerza vinculante y obligatoria de los fallos emanados del Tribunal Constitucional Plurinacional. El Auto Interlocutorio 237/2018 y el Auto de Vista 186/2018 vulneran el debido proceso, ya que Delmira Arias Ibañez vda. de Mendoza, no tuvo oportunidad de ejercer su defensa en igualdad de condiciones que el ejecutante, restringiendo su derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto a su derecho a obtener una resolución de fondo, sin considerar lo alegado y probado, dando lugar a una resolución sesgada, imprecisa, incorrecta e injusta, con una incompleta y errada exposición de los hechos y de los medios de prueba aportados, resultando incoherente con el ordenamiento jurídico, sostener que podía plantear excepciones en ejecución de sentencia en 1995, sobre la base del Código Procesal Civil promulgado el 19 de noviembre de 2013; asimismo, se lesionó el principio de verdad material al incumplir la orden -hasta el presente- en sentido de convocar a los herederos de la garante hipotecaria, cuyo fallecimiento fue informado por el mencionado Oficial de Diligencias. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados El accionante consideró como lesionado su derecho al debido proceso, en su componente de derecho a la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, que conforme a su exposición se amplía a sus elementos congruencia, fundamentación y omisión en la valoración de la prueba, además al derecho a la tutela judicial efectiva y "principio de verdad material", citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 del Pacto de San José de Costa Rica; y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela, restituyendo los derechos y garantías constitucionales conculcados, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 186/2018 que confirmó el Auto Interlocutorio 237/2018, ordenando se dicte una nueva resolución, más la reparación de daños y perjuicios. I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías Celebrada la audiencia pública el 2 de marzo de 2019, según se tiene del acta cursante de fs. 328 a 329, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La parte accionante representado por su apoderada, por intermedio de su abogada, ratificó simple y llanamente la acción tutelar planteada. Con la facultad prevista en el art. 36.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la Jueza de garantías interrogó, en qué fojas del expediente adjunto en copias legalizadas, cursa la documentación que demuestre legitimación activa del ahora accionante, así como el fallecimiento de Delmira Arias Ibáñez vda. de Mendoza; lo que fue absuelto en sentido que "...por error involuntario omitimos presentar el Certificado de Nacimiento del accionante..." (sic), y "... solo en el memorial de demanda de usucapión de los herederos, en el proceso ejecutivo, no existe documentación que demuestre la relación entre el Sr. Ruperto Mendoza Arias..." (sic). I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Jerónimo Manú García, Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, presentó informe escrito de 19 de febrero de 2019, cursante a fs. 326 y vta., refiriendo que:

1. a)La afirmación en sentido que la garante hipotecaria, una vez notificada, no utilizó los medios de defensa que pudieran favorecerle, incluidas las excepciones previstas en el Código Procesal Civil, es incorrecta, pues con base en las Disposiciones Transitorias Cuarta y Quinta del citado Código, el proceso ejecutivo que fue iniciado antes de la vigencia plena del tantas veces referido Código, en la ejecución de sentencia se rige por la nueva norma, más propiamente en sus arts. 380.III, 381 y 383 (excepciones en proceso monitorio ejecutivo), otorga la facultad de oponer excepciones;
2. b)Al no haber opuesto excepciones, se tiene que estuvo conforme con los efectos de la acción civil ejecutiva, dando lugar a la convalidación, sin posibilidad de resucitar nuevos escenarios de defensa, reiterando que la justicia constitucional no puede expurgar vicios procesales que pudieron ser invocados y reparados en la instancia ordinaria; y,
3. c)En cuanto a la falta de notificación a los herederos, se debe aclarar que la notificación con las medidas previas al remate, se verificó con bastante tiempo antelado al fallecimiento de la garante hipotecaria. Juan Carlos Candia Saavedra, Vocal de la Sala Penal convocado a la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, Roberto Ismael Nacif Barrios, ex Juez Público Civil y Comercial Primero del mismo departamento y actual Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública de dicho Tribunal Departamental de Justicia, no presentaron informe escrito ni concurrieron a la audiencia, pese a sus legales citaciones cursantes a fs. 309 y 310. I.2.3. Intervención del tercero interesado Delhy Parada Canido de Chávez en representación del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., por intermedio de su abogado, refirió:
4. 1)De acuerdo a una "Sentencia Constitucional" (sic), una vez notificada la garante hipotecaria, y después de la emisión de la Sentencia 68, tenía todo el derecho de ejercer su defensa; y,
5. 2)Si bien no se notificó a los herederos con la aludida Sentencia, si se les notificó con la solicitud de posesión, porque ese fue el estado del proceso. I.2.4. Resolución La Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del departamento de Beni, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2019 de 11 de marzo, cursante de fs. 330 a 331 vta., denegó la tutela sin ingresar al análisis de fondo, en base a los siguientes fundamentos:
6. i)La parte accionante, a pesar de haber tenido la posibilidad de acreditar su calidad de heredero del acervo fincado por Delmira Arias Ibáñez vda. de Mendoza, no acreditó documentalmente su legitimación activa para interponer la presente acción tutelar;
7. ii)La legitimación activa consiste en la identidad de la persona del sujeto activo con la persona a la cual la ley concede el derecho de promover la acción de amparo constitucional, en ese sentido tendrá legitimación activa quien sea titular de uno de los derechos fundamentales o garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado, citando al efecto las SSCC 1082/2003-R de 30 de julio y 0169/2002-R de 27 de febrero; y,
8. iii)Siendo la legitimación activa un requisito de procedencia para la activación de la acción de amparo constitución, el impetrante de tutela debe demostrar de manera fehaciente y documentada la vinculación entre el acto que impugna y su derecho legítimo supuestamente vulnerado, cuando no se compruebe que tales actos han afectado directamente sus derechos, consecuentemente la acción de defensa corresponderá ser denegada.