Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0730/2019-S4 Sucre, 3 de septiembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 28415-2019-57-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 17/2019 de 3 de abril, cursante de fs. 360 a 366, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pastor Carrazana Jiménez contra Alejandra Ortiz Gutiérrez y Adolfo Irahola Galarza, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera y Segunda, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 21 de marzo de 2019, cursante de fs. 261 a 279 vta., y el de subsanación el 28 del mismo mes y año (fs. 283 a 300 vta.), el accionante expuso los siguientes argumentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 23 de julio de 2016, Máxima Cata Castellón inició en su contra, un proceso sumario de regularización de derecho propietario, el cual fue tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo Primero del departamento de Tarija, en cuyo memorial de demanda confesó que ingresó en posesión del lote de terreno en forma pacífica a partir del 3 de octubre de 2007, hecho que resulta contrario a la previsión contenida en el art. 10.I.1 de la Ley 247 -Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda de 5 de junio de 2012-, el cual dispone que la posesión debe ser no menor a cinco años anteriores a la promulgación de la indicada norma legal, resultando claro que la actora no cumplió con dicho requisito, aspecto que reclamó durante todo el proceso, incluyendo en la apelación; empero, no fue escuchado, puesto que la Sentencia de "16" -siendo lo correcto 13- de abril de 2017, declaró probada la demanda y el Auto de Vista SC1° AV - 124/2018 de 20 de septiembre, la confirmó.
Añadió que tres son las razones por las que considera que la Resolución de la apelación es vulneratoria de sus derechos y garantías constitucionales:
- a)El Auto de Vista SC1° AV - 124/2018, lesiona el derecho a una resolución motivada y congruente con relación al derecho a la tutela judicial efectiva;
- b)Lesiona su derecho al debido proceso por realizar una valoración de la prueba que no se ajusta a parámetros constitucionales; y,
- c)Infringe su derecho a la motivación de los fallos judiciales por interpretación inmotivada de los arts. 10 y 11 de la Ley 247.
En relación a la primera vulneración denunciada, señaló que el Auto de Vista, no dio respuesta a cuestionamientos tales como obtener una interpretación gramatical del sentido que debía darse a la previsión contenida en el art. 10 de la mencionada Ley; tampoco, existió pronunciamiento expreso sobre la prueba y su valoración, fundamentalmente respecto a la confesión espontanea de la actora en su demanda, cuando señaló que ingresó en el predio el 3 de octubre de 2007, lo cual resultaba relevante a los fines del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de regularización propietaria.
Por otra parte, el indicado Auto, unió dos agravios denunciados, el segundo y el tercero, brindando una respuesta genérica, sin especificar cada uno, lo cual ya constituye una lesión al derecho a la tutela judicial efectiva porque no resolvió el fondo de cada agravio.
Señaló también, que la Resolución de alzada vulnera su derecho al debido proceso por no haber valorado en forma integral la prueba, incurriendo en omisión valorativa, porque como consecuencia de la transgresión anterior, el fallo de segunda instancia refutado, no expuso criterio a favor ni en contra de la "prueba documental consistente en la demanda de fs. 19, 24 y 49, folio real de fs. 98" (sic), la cual era elemental para considerar el fondo de su recurso de apelación, principalmente el agravio segundo, que demuestra el incumplimiento de un elemento esencial de procedencia de la demanda, como es la posesión continua, pública, pacífica y de buena fe del bien inmueble, durante por lo menos cinco años anteriores a la publicación de la Ley 247.
A efecto de lograr el control de constitucionalidad sobre la valoración de la prueba, siguiendo los lineamientos de la , apuntó que la prueba indicada no fue valorada en lo absoluto, porque el pronunciamiento que se buscaba, resultaba necesario de acuerdo con la previsión del art. 157 del Código Procesal Civil (CPC); es decir, que requería que se emitiera criterio sobre el valor probatorio de la confesión judicial espontánea efectuada por la actora en la demanda. Tampoco existió pronunciamiento sobre el folio real de fs. 98, lo cual implica también, omisión valorativa. Reiteró que la demandante -hoy tercera interesada-, señaló en su demanda, que ingresó al inmueble el 3 de octubre de 2007, de manera que hasta la fecha de interposición de la demanda, no cumplió los cinco años de posesión anteriores a la promulgación de la ley, lo cual repercute directamente en la procedencia de la demanda, porque de no concurrir dicho requisito, debió plantear la usucapión y no la acción de regularización del derecho propietario.
Lamentablemente, los Vocales demandados, pese a su reclamo expreso, no consideraron la prueba indicada en lo más mínimo, lo que les llevó a la construcción de argumentos que no se ajustan a criterios de razonabilidad al no haber advertido dichas normas; añadiéndose que en materia civil, no es posible que el juez pueda modificar los hechos expuestos en la demanda, como emergencia del principio dispositivo.
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