0730/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0730/2022-S1 Sucre, 26 de julio de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 40797-2021-82-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 13/2021 de 28 de mayo, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Yery Wilson Vargas Callizaya contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de mayo de 2021, cursante de fs. 21 a 22 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Indicado Auto de Vista refiere que "...pasa a realizar un análisis de los hechos ocurridos para establecer si corresponde analizar alguna modificación a las medidas, concluyendo que mi persona al ser el probable autor y merecer una pena de 30 años, las medidas están bien impuestas por el Juez aquo" (sic), vulnerando sus derechos a la presunción de inocencia, al trabajo, al debido proceso, ya que realizo un juicio de valor, sin considerar la aplicabilidad de la norma, existiendo un procesamiento indebido e inseguridad jurídica, ante la ausencia de fundamentación y motivación en relación a la inaplicabilidad de lo establecido en el art. 240.6 del CPP, al haber impuesto tanto la fianza personal como la fianza económica, puesto que la autoridad demandada solo dispuso la modificación de la detención domiciliaria con un escolta policial, manteniendo firme y subsistentes las demás medidas impuestas, sin tomar en cuenta el razonamiento de la SCP 0464/2018-S2 de 27 de agosto, que establece que no se pueden imponer de forma simultanea la fianza personal y económica.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la libertad de locomoción y al trabajo, citando al efecto los arts. 22, 23 y 46.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8, 9 y 11 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Celebrada la audiencia virtual el 28 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 39 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, ratifico in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo, refirió que el Auto de Vista 100/2021 de 16 de marzo, únicamente modificó lo referente a la escolta policial, sin establecer un horario de salida a su fuente laboral, careciendo en consecuencia de fundamentación y motivación alguna.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de 27 de octubre de 2020, a través de la cual, Yery Wilson Vargas Callizaya -ahora accionante- solicitó la modificación de dicha medida, señalando que respecto a la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, se enervo el mismo, ya que transcurrieron más de seis meses desde la ampliación de la imputación formal; asimismo, colaboró con la investigación indicando quien o quienes serían los directos responsables del hecho investigado; por lo que, el riesgo de obstaculización ya no estaría latente; motivo por el que, solicitó la cesación a la detención preventiva, considerando el tiempo que se encuentra privado de libertad, ya que desde la audiencia cautelar transcurrieron más de dos años (fs. 2 y vta.).

II.2. Mediante Auto Interlocutorio 133/2020 de 27 de octubre, Moisés Chaile Vilte, Juez de Instrucción Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, concedió la cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, imponiendo medidas cautelares consistentes en la presentación a firmar el libro de asistencia ante el Juez y el Fiscal de Materia cada siete días, arraigo, prohibición de acercarse al lugar de los hechos, arresto domiciliario con dos escoltas policiales, fianza personal con la acreditación de dos garantes solventes, fianza económica en el monto de Bs80 000.-, prohibición de comunicarse con los otros procesados, prohibición de cometer otros hechos delictivos ajenos a los que se están investigando, se establece que fundamento y motivo su resolución señalando lo siguiente:

"...en el caso de autos, hecho el análisis pertinente a los elementos de prueba aportad a este acto procesal , y tomando en consideración las normas jurídicas descrita ut supra, y la nueva línea jurisprudencial N° 0210/2019-S2 y la 584/2019-S2, este tribunal concluye de que ciertamente el imputado YERY WILXON VARFAS CALLIZAYA ha mejorado su situación jurídica , dado que posterior a la detención preventiva no se advierte que el mismo haya realizado actos de obstaculización en la investigación , así lo demuestra las copias del cuaderno de investigación aportado por el procesado por cuanto no existe dentro del mismo ningún informe negativo realizado por el funcionario policial , por otro lado si bien en la audiencia cautelar se estableció de que existía otros procesado por investigar y que se encuentra prófugo , no es menos cierto que en la actualidad esa personas ya se encuentran identificadas por cuanto la autoridad fiscal ya presento su requerimiento de ampliación de imputación formal , a ello se suma que el nombrado procesado adopto un comportamiento positivo en la investigación penal, por cuanto se presentó voluntariamente a la audiencia de reconstrucción de los hechos junto a su abogado defensor lo que posibilito a que materialice dicho acto de vital importancia, por otro lado es menester tomar en consideración de acuerdo las nuevas líneas jurisprudenciales N° 0210/2019-S2 y la 584/2019-S2 y la propia ley 1173,dejo establecido que el peligro de obstaculización ya no se pueden mantener por meras presunciones abstracta, sino que debe está probado y demostrado documentalmente, es decir que se debe probar como o de qué manera el procesado va obstaculizar la investigación o que acción negativa está adoptando en la recolección de los elementos de investigación penal, en el presente caso no se advierte ningún acto negativo de obstaculización que hubiese adoptado el imputado posterior a su detención preventiva, por ultimo tampoco se tiene identificado de forma documentada en que testigo o perito viene influenciando el procesado, por el contrario las dos personas alias el TROZO y el otro de nombre CARLOS CAHUAYA APAZA que en primera instancia el ministerio publico indico que habían participado de manera conjunta en este hecho a la fecha ya se tiene identificado por el propio requerimiento de ampliación de imputación formal que cursa en el cuaderno procesal. En el caso sub judice, los elemento antes descritos constituyen prueba suficiente que generan convicción en el suscrito de que el procesado supra, si enervo el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art.235-2 del CPP, por lo que se hace viable admitir y dar curso a lo solicitado por el procesado , más aun si de acuerdo a la ley 1173 existen medidas alternas que pueden garantizar el cometimiento del imputado dentro de la presente causa , cuyas medidas se tiene establecida en el ar.231 bis del código de procedimiento penal" (sic [2 vta. a 3 vta.]).

II.4. Mediante Auto de Vista 100/2021 de 16 de marzo, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora autoridad demandada-, declaró admisible y procedente parcialmente la apelación presentada por el accionante, en consecuencia modificó el Auto Interlocutorio 133/2020 de 27 de octubre, disponiendo la detención domiciliaria con un solo escolta policial y en las demás partes queda firme y subsistente el fallo recurrido, se establece que fundamento y motivo dicha determinación señalando lo siguiente:

"...respecto a la detención domiciliaria con dos escoltas policiales, se tiene que la detención domiciliaria si es una medida cautelar idónea y necesaria para asegurar los fines de proceso y la presencia del imputado durante el transcurso del mismo; evidentemente si bien es cierto como manifiesta la parte recurrente, se puede asignar escoltas policiales pero también éstos escoltas repercuten en la situación económica del que está siendo beneficiado con la cesación a la detención preventiva, ya que a estos hay que brindarles todas las condiciones y que tienen que acompañar al imputado, además la Policía Boliviana no tiene los suficientes efectivos policiales para darle esa cantidad de escoltas a una sola persona, lo cual se constituye en una medida exagerada, por lo que se modifica esta medida a un solo escolta.

Que, con relación a la fianza personal de dos garantes y una fianza económica de 80,000 bolivianos, primeramente se tiene que tomar en cuenta la posible pena que se le podría imponer al imputado, tomando en cuenta lo manifestado por Ministerio Público, es evidentemente idóneo y necesario estas dos medidas, puesto que tienen que haber personas que garanticen que el imputado no va a fugarse, consecuentemente garantizando así su presencia durante el transcurso del proceso, puesto que si bien los garantes y la fianza pueden ser excluyente, en el presente caso concreto se tiene que velar por el cumplimiento de las medidas cautelares y su finalidad la cual es la presencia del imputado, el cumplimiento de la ley y el desarrollo del proceso, por lo que se mantiene este extremo. Respecto al monto de la fianza de 80,000 bolivianos, el cual puede ser de imposible cumplimiento, pero ese aspecto tiene que ser demostrado por el imputado, acreditando con documentación idónea, que es imposible cumplimiento, tiene este que presentar documentos pertinentes para establecer su situación económica real y que indique que no puede cumplir con el monto de fianza impuesta, por lo que el auto se encuentra debidamente fundamentada conforme al art. 124 del Código Procedimiento Penal, quedando vigente esta medida" (sic [fs. 33 a 36 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así se tiene que dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe "Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada"1, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla; de igual forma la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.22, en esencia precisó como exigencia, el pronunciamiento de una resolución debidamente motivada, en la cual se establezcan la concurrencia de los requisitos de procedencia para la detención preventiva; exigencia, que no solamente alcanza a los jueces de instrucción o cautelares, sino también a los tribunales de apelación.

Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como "La motivación de las resoluciones como obligación del juez", acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

"...cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión" (el resaltado es añadido).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, precisó que:

"...cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas" (el resaltado es nuestro).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado "De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva", refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al "fumus boni iuris" y el "periculum in mora", previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

"En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R de 4 de mayo, 'En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva" (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP3, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado "El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva", señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, al tratarse de la aplicación de medidas cautelares precisó que:

"Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: 'Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad" (negrillas adicionadas).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP4, agregó que:

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP" (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo, 0329/2016-S2 de 8 abril; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre.

Finalmente, siguiendo los razonamientos precedentemente desarrollados, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

"...el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria" (el resaltado nos corresponde).

Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones.

Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.2. La finalidad de la fianza en materia penal

El art. 241 del Código de Procedimiento Penal, respecto a su finalidad y su forma de determinarlo, establece que: "La fianza tendrá por exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del juez o tribunal. La fianza económica se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado, en ningún caso se fijará una fianza económica que sea de imposible cumplimiento. El imputado y el fiador podrán sustituir la fianza por otra equivalente, previa autorización del juez o tribunal".

Ese contenido normativo determina que la fianza económica será determinada tomando en cuenta la situación económica o patrimonial del imputado; es decir, sus posibilidades económicas; asimismo, establece que en ningún caso se impondrá una fianza económica que sea imposible cumplirla.