0731/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0731/2019-S3 Sucre, 10 de octubre de 2019

SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional

Expediente: 29357-2019-59-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 84/2019 de 5 de junio, cursante de fs. 214 a 219 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan de Dios Doria Medina Cavero, Edwin Escobar Gutiérrez, Luis Edmundo Garrón Carbajal y Edwin Rodolfo Rodríguez Pérez contra José Never Romero Arias, Franklin Arancibia Peñaranda, Eulogio Quintana Humerez, Sandro Paniagua Vargas y Teófilo Plaza Calvimontes, Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales respectivamente del Consejo Disciplinario; Gonzalo Velasco Campos, Jhonny Armando Estrada Morales, Álvaro Joaquín Reynolds Rico, Ariel Lagrava Ugarte y Edwin José Saucedo Serrano, miembros del Directorio, de la gestión 2018-2019; y, Mario Torres Valencia, Secretario de Gobierno, Walter Poquechoque Aguilar, Secretario de Relaciones, Gil Calderón Salinas, Secretario de Hacienda y Grover Basagoitia Chacón, Secretario de Transporte, integrantes del Directorio gestión 2019-2020, todos del Sindicato Regional de Chóferes Sucre "Transporte Pesado".

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de mayo de 2019, cursantes de fs. 40 a 49 los accionantes, expusieron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Son afiliados del Sindicato Regional de Chóferes Sucre "Transporte Pesado", desde hace varios años, en el que desarrollan la actividad de transporte de cemento de la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (FANCESA S.A.) a los diferentes departamentos del país. Se les inició un proceso disciplinario en su contra, sin saber los supuestos hechos sancionables; toda vez que, no se les notificó con la denuncia escrita como manda el art. 49 inc. d) del Reglamento Interno del Sindicato Regional de Chóferes "Sucre"; existiendo además, irregularidades en el proceso como la notificación en fechas pasadas a una presunta reunión de asamblea y a otro de los peticionantes de tutela, el mismo día de realización de dicha reunión, sin darles tiempo de conocer los hechos y desvirtuar los mismos, lo que vulneró su derecho al debido proceso.

El 6 de abril de 2019, el referido Sindicato, llevó adelante la Asamblea General Ordinaria en la que de forma intempestiva, fueron sorprendidos con la lectura de la parte resolutiva de las Resoluciones Consejo Disciplinario S.R.CH.S./C.D. 012/2019, S.R.CH.S./C.D. 013/2019, S.R.CH.S./C.D. 014/2019 y S.R.CH.S./C.D. 015/2019, todas de 5 de abril e inmediatamente sin dejarles verter una sola palabra, fueron desalojados y a partir de ese momento se les dio por expulsados, sin derecho a suministro de carga y los otros derechos de orden sindical.

El 16 de abril de 2019, fueron notificados con las referidas Resoluciones, en las que advirtieron que no existen los hechos por los cuales fueron sancionados, no se describió la compulsa y valoración de la prueba que demuestre que son reincidentes, al no contar con resolución sancionatoria previa y debidamente ejecutoriada, no conocen la razón de la decisión como requisito mínimo de una debida fundamentación; únicamente se transcribieron artículos del Reglamento Interno y Estatutos del indicado Sindicato, por lo que solicitaron fotocopias legalizadas del expediente del proceso disciplinario con la denuncia escrita y la prueba existente a los fines de hacer uso de su derecho a la doble instancia; sin embargo, a pesar de reiterar la solicitud no obtuvieron respuesta, aspecto que consta en el Acta Notarial 006 de 17 de igual mes y año.

A pesar de no contar con la documental solicitada en fotocopias, mediante memorial de 18 de dicho mes y año, presentaron apelación contra las Resoluciones descritas precedentemente. En la misma fecha, recién se notificó a Edwin Rodolfo Rodríguez Pérez con la Resolución Consejo Disciplinario S.R.CH.S./C.D. 013/2019; apelando este último el 24 del mismo mes y año, quien tampoco conoció la documental requerida, ya que por Acta Notarial 008 de la citada fecha, no se contaba aún con respuesta.

El 1 de mayo de ese año hubo cambio de Directorio del señalado Sindicato y al verse perjudicados por la falta de suministro de carga, el 16 del mismo mes y año, se apersonaron a dicho Sindicato a solicitar se les habilite para recibir esa carga, pero les fue negada.

El 20 del indicado mes y año, se apersonaron ante Severino Condori, Secretario General de la Federación Departamental de Chóferes de Chuquisaca, quien les informó que hasta esa fecha no se constituyó el tribunal de honor para que conozca sus recursos de apelación, situación ajena a ellos.

La sanción impuesta se ejecutó de manera inmediata, expulsándolos y privándoles del ejercicio del derecho al trabajo al inhabilitarlos para recibir carga, antes de que la resolución sancionatoria se resuelva por el Tribunal de Honor de la referida Federación Departamental de Chóferes; es decir, los demandados, ejecutaron la sanción en su contra, sin que las Resoluciones antes dichas, tenga calidad de cosa juzgada.

Sin suministro de carga, no pueden acceder a ganar dinero por el flete de transporte de sus camiones y sostener a sus familias en las necesidades mínimas como ser alimentación, servicios básicos, vivienda, vestimenta y otros. Tampoco pueden esperar a que se conforme un tribunal de honor que resuelva su apelación, instancia que debía ser permanente. La espera a que se agote la vía sindical disciplinaria desvirtuaría el carácter protectivo de la acción de amparo constitucional, convirtiendo la misma en tardía e ineficaz, por lo que se encuentran dentro de la excepción a la subsidiariedad, siendo procedente la acción de amparo constitucional.

La falta de aplicación de criterios interpretativos por parte de los demandados el art. 40 del señalado Reglamento Interno en las Resoluciones Consejo Disciplinario S.R.CH.S./C.D. 012/2019, S.R.CH.S./C.D. 013/2019, S.R.CH.S./C.D. 014/2019 y S.R.CH.S./C.D. 015/2019, en estrecha relación al debido proceso, defensa y trabajo, al no observar el criterio interpretativo teleológico de dicha norma, llevándoles a una terrible decisión respecto a la ejecución de la sanción. Por otra parte, la expulsión del Sindicato no puede ser ejecutada de manera inmediata, ya que existen otras instancias a las que pueden acudir, privándoles de hacer uso del derecho a impugnar.

En cuanto a la interpretación sistemática del artículo precitado, se remiten a lo previsto en los arts. 115.II, 116.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), por los que se garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, la presunción de inocencia y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente; por lo que, los derechos citados se ven afectados por la mala aplicación normativa de los demandados al proceder a sancionarlos antes de que se cumpla con las etapas del proceso.