0732/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0732/2019-S1 Sucre, 12 de agosto de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 28058-2019-57-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 01/2019 de 13 de marzo, cursante de fs. 162 a 168 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Paz Fernández de Bautista, Jovita Mamani de Pacari, Francisco Sanjinés Rodríguez, Lucia Mamani Limachi y Policarpio Mario Sanjinés Rodríguez contra Rubén Darío Salcedo Villarreal, Juez Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Patacamaya y José Antonio Aliaga Bracamonte, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Sica Sica, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de marzo de 2019, cursante de fs. 82 a 88 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentran sustanciando un proceso civil ordinario sobre calificación de daños y perjuicios en ejecución de fallos constitucionales dentro de una fenecida acción de amparo constitucional seguido contra Bernardo Pilco Cuellar, Porfirio Exalto Quispe Chuquimia y Freddy Genaro Paxi Quispe -ahora tereceros interesados-, proceso que se encuentra en etapa de audiencia preliminar, en la que ofrecieron prueba pericial y propusieron perito de parte al Ingeniero Agrónomo Leandro Chacalluca Mamani; en cuyo mérito el Juez Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz -hoy demandado- en audiencia de 13 de noviembre de 2018, admitió la prueba y designó al citado profesional como perito de parte, notificándose con la determinación en el mismo acto a la parte demandada del proceso civil sin que se haya formulado observación alguna; y en audiencia preliminar de 12 de febrero de 2019, Freddy Genaro Paxi Quispe interpuso recusación contra el mencionado profesional aduciendo que no contaba con registros en el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesionales en Ciencias Agropecuarias del citado departamento, en la Nacional ni en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y conforme la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería -Ley 1449 de 15 de febrero de 1993-, se establece que todos los ingenieros agrónomos deben de forma obligatoria estar registrados en sus instituciones matrices, no pudiendo emitir informe o situaciones que provengan de procesos cuando los mismos no se encuentren debidamente acreditados por dichas instituciones; por lo que, solicitó se dé por recusado o en su caso la autoridad judicial determine la apertura de algún plazo para que puedan presentar documentación que refute aquellos informes; ante tal recusación el Juez hoy demandado no corrió en traslado sino fijo día y hora para que el profesional preste juramento el 14 de igual mes y año, disponiendo también que las partes se encontraban facultadas para recusar y a su vez señaló continuación de audiencia para el 20 del mismo mes y año, acto procesal en la que Bernardo Pilco Cuellar tambien interpuso recusación contra el perito de parte aduciendo que no se encontraba registrado en el mencionado Colegio de Ingenieros Agrónomos y cuando realizó el avaluó en julio de 2014, no estaba inscrito ni habilitado para el ejercicio profesional y que recientemente fue actualizado y registrado.

En audiencia el Juez demandado admitió las recusaciones bajo los fundamentos de que el perito nombrado a momento de haber sido propuesto como profesional habilitado al efecto, no cumpliría con la especialidad requerida para el desempeño de la pericia propuesta por la parte actora, siendo evidente la incompetencia en la materia del dictamen conforme al art. 197 del Código Procesal Civil (CPC) no plasmaría con las necesidades y requisitos establecidos por el art. 195 de la citada norma legal.