0733/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0733/2022-S1 Sucre, 1 de agosto de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 40861-2021-82-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 4/2021 de 15 de junio, cursante de fs. 48 vta. a 54, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniela Salvatierra Vega contra Wilson Gonzalo Saavedra Paniagua, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 14 de junio de 2021, cursante de fs. 2 a 4, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de suministro, el Juez ahora demandado ordenó su detención preventiva; posteriormente, ante la solicitud de cesación a dicha medida cautelar, se ordenó a su favor las medidas de detención domiciliaria, arraigo y fianza económica por el monto de Bs10 000.- (diez mil bolivianos); sin embargo, ante la imposibilidad de conseguir ese monto económico más los gastos que erogan los trámites de arraigo y detención domiciliaria; que, por recomendación de su anterior abogado se sometió a procedimiento abreviado, siendo sentenciada en audiencia a una pena privativa de libertad de ocho años. En dicha audiencia, el Juez ahora demandado, le consultó si renunciaba a los plazos procesales y al recurso de apelación, dejando claro ante tal cuestionante, que no renunciaba a los plazos procesales.

Posteriormente, con el apoyo de su madre, consiguió el monto de la fianza y tramitó el arraigo, razón por la cual se apersonó ante el Juez ahora demandado solicitando su libertad inmediata; sin embargo, ese mismo día, la autoridad judicial determinó la ejecutoría de la sentencia porque según él, aquel día se cumplió el plazo para apelar la misma; pese, a que jamás fue notificada con la sentencia; es decir, no se le entregó una copia física en el lugar de su detención; es así que solicitó en varias ocasiones, mediante memoriales se otorgue su libertad, sin embargo, el ahora demandado se niega a la misma alegando que la sentencia se encuentra ejecutoriada.

Una vez su abogado se enteró que la sentencia se encontraba ejecutoriada, se redactó un memorial de apelación contra el Auto que declara la ejecutoría; mismo, que por un error de tipeo, consignó la palabra "Decreto" en vez de "Auto"; y, el Juez de la causa, en vez de aplicar los principios de favorabilidad, pro homine o pro actione, observó el recurso, sin conceder el mismo, desconociendo que el Juez o Tribunal de primera instancia no se puede pronunciar sobre la admisibilidad de un recurso conforme establece el art. 396.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Siendo esta función una labor exclusiva del Tribunal de Alzada, quien puede observar defectos de forma conforme lo determina el art. 399 del mismo código.

Finalmente, el Juez ahora demandado concedió la apelación contra el Auto de declaraba ejecutoriada la sentencia, razón por la cual se encuentra ilegalmente detenida puesto que ya se pagó la fianza, presentó certificado de arraigo y debe acreditar un certificado de registro domiciliario previa orden de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y salud, sin citar norma constitucional alguna que lo contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada pronuncie nueva resolución ordenando su libertad inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, el 15 de junio de 2021, según consta en acta cursante de fs. 48 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Habiéndose notificado al Representante del Ministerio Público Abg. Giovanni Moises Campos Pérez y estando presente en audiencia Pública, manifestó: "...estar a lo que la autoridad Jurisdiccional disponga" (sic).

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan el expediente, se evidencia lo siguiente:

II.1. Dentro el proceso penal seguido contra Daniela Salvatierra Vega -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, por acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 5 de febrero de 2021, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres del mencionado departamento, por el plazo de treinta días, programándose al efecto audiencia, al cumplimiento del plazo de la detención preventiva y a fin de considerar su situación jurídica para el 8 de marzo del citado año, quedando las partes notificadas con la resolución por su pronunciamiento oral en audiencia, posteriormente el abogado de la defensa interpuso el recurso de apelación (fs. 27 a 33).

II.2. Por acta de audiencia de consideración de situación jurídica de 9 de marzo de 2021, el Juez ahora demandado, determinó otorgar medidas cautelares de carácter personal en favor de la ahora impetrante de tutela, siendo las siguientes: La obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada siete días a objeto de que firme el registro biométrico, la prohibición de comunicarse con otros testigos, coautores, instigadores, peritos, siempre que no afecte su derecho a la defensa, una fianza económica en la suma de Bs10 000.- (diez mil bolivianos), la detención domiciliaria, que tendrá que acreditar previamente un domicilio conocido a efectos de asegurar el normal desarrollo del proceso y su arraigo (fs. 34 a 35).

II.3. Mediante acta de audiencia de procedimiento abreviado de 1 de abril de 2021, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, admite la solicitud de aplicación de procedimiento abreviado impetrada por la representante del Ministerio Público contra Daniela Salvatierra Vega (fs. 36 a 37 vta.).

II.4. Cursa Sentencia de 1 de abril de 2021, emitida por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, dicta en procedimiento abreviado, sentencia condenatoria contra la ahora peticionante de tutela, por ser autora material del ilícito de suministro, tipificado y sancionado en el art. 51 de la Ley 1008, condenándola a ocho años de reclusión en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres del citado departamento, debiendo expedirse mandamiento de condena una vez ejecutoriada la Sentencia, quedando notificadas las partes con la presente Sentencia para su pronunciamiento oral, aclarando que la misma es susceptible de apelación restringida (fs. 38 a 39 vta.).

II.5. Consta Auto de 23 de abril de 2021, mediante el cual el Juez ahora demandado, de oficio establece que estando vencido el plazo previsto por los arts. 407 y 408 del CPP, para que las partes planteen recurso de apelación restringida contra la mencionada Sentencia, sin perjuicio de lo establecido por el art. 126 de la Ley Adjetiva Penal, declarando ejecutoriada la aludida Sentencia (fs. 40).

II.6. Mediante Mandamiento de Condena de 23 de abril de 2021, se ordena la reclusión en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba a la ahora impetrante de tutela; toda vez que, se ejecutorió la Sentencia por la cual fue condenada a reclusión de ocho años por el delito de suministro, así se tiene ordenado por Sentencia Condenatoria de Procedimiento Abreviado de 1 del mencionado mes y año, señalando como fecha de cumplimiento de condena el 5 de febrero de 2029 (fs. 41).

II.7. El 29 de abril de 2021, la ahora impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra el Auto de 23 del mencionado mes y año que declaró ejecutoriada la Sentencia de 1 de abril del referido año, alegando que no habría sido notificada con Sentencia alguna, a efectos que se revoque el referido Auto, se deje sin efecto la notificación oral con la supra citada Sentencia y se ordene su libertad, recurso que mereció Decreto de 18 de mayo del citado año emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba que señaló: "En principio se aclara que esta parte ha sido notificada con el Auto referido en fecha 25 de Abril de 2021, conforme consta de antecedentes Fs. 105: En ese entendido, con la aclaración de que el recurso de apelación planteada contra el auto de 23 de Abril de 2021, se encuentra FUERA DE PLAZO, se dispone la remisión de actuados pertinentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (Sala Penal de Turno). previa formalidades de Ley y con la debida nota de cortesía. bajo exclusiva responsabilidad del impetrante." (sic [fs. 45 a 46 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la notificación personal con las sentencias y resoluciones de carácter definitivo.

En relación a este tema, el Código de Procedimiento Penal en los arts. 160 al 166, regula los requisitos, formas y condiciones de la notificación con los actos procesales y resoluciones judiciales pronunciadas durante el proceso penal; así, estas previsiones con las modificaciones introducidas por la Ley 1173 al Código de Procedimiento Penal, quedaron establecidas bajo el siguiente tenor:

"Artículo 160. (NOTIFICACIONES). Las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales. Las notificaciones serán realizadas por la Oficina Gestora de Procesos.

Las partes en su primera intervención o comparecencia en el proceso, están obligadas a señalar su domicilio real con mención de los datos ciertos e inequívocos que posibiliten su ubicación. Desde su primera intervención también deberá asignarse a las partes el correspondiente buzón de notificaciones de ciudadanía digital.

Cuando las partes no cumplan con el señalamiento de su domicilio real, las notificaciones se efectuarán válidamente a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, hasta que señalen uno.

Cualquier cambio de domicilio, obligatoriamente, deberá ser comunicado a la Oficina Gestora de Procesos, al Ministerio Público y a la jueza, juez o tribunal, según corresponda, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, no pudiendo alegar a su favor la falta de notificación. Cuando las partes tengan más de un abogado, la notificación practicada a cualquiera de ellos tendrá validez respecto a todos.

Las resoluciones judiciales que se emitan en audiencia, serán notificadas a las partes presentes con el sólo pronunciamiento de la resolución sin ninguna otra formalidad. El resto de las resoluciones y órdenes judiciales serán notificados por la Oficina Gestora de Procesos obligatoriamente dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su pronunciamiento, a través de sus buzones de notificaciones de ciudadanía digital.

Cuando no sea posible la notificación en el domicilio electrónico por causas de conectividad, las notificaciones se realizarán en el domicilio procesal señalado por las partes."

Artículo 161. (MEDIOS DE NOTIFICACIÓN). Las notificaciones, salvo las de carácter personal, se practicarán por medio de comunicación electrónica a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital.

Las resoluciones que se dicten en audiencia serán notificadas oralmente concluido el acto procesal, sin ninguna otra formalidad.

Artículo 162. (LUGAR DE NOTIFICACIÓN). Salvo las notificaciones practicadas en audiencia y aquellas que deban practicarse personalmente, las partes serán notificadas, en sus respectivos buzones de notificaciones de ciudadanía digital.

Los abogados serán notificados en sus buzones de notificaciones de ciudadanía digital.

Las notificaciones al Ministerio Público, a la Policía Boliviana y demás instituciones estatales se realizarán en sus respectivos buzones de notificaciones disponibles mediante ciudadanía digital.

Artículo 163. (NOTIFICACIÓN PERSONAL). Se notificarán personalmente: 1.La denuncia, la querella o cualquier otra forma de inicio de la acción penal; 2. La primera resolución que se dicte respecto de las partes; 3. Las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo; 4. Las resoluciones que impongan medidas cautelares personales; y, 5. Otras resoluciones que, por disposición del presente Código, deban notificarse personalmente. Cuando la notificación sea realizada en audiencia, se entregará una copia del registro digital dejando constancia de su recepción.

Cuando la notificación no sea realizada en audiencia, se entregará una copia de los documentos o resolución al interesado en su domicilio real o donde sea habido con la advertencia de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción. El imputado privado de su libertad, será notificado en el lugar de su detención y en el buzón de notificaciones de ciudadanía digital de la o el abogado. Si el interesado no fuera encontrado, se la practicará dejando copia de los documentos o resolución en su domicilio real, en presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia; la copia de los documentos o resoluciones también será enviada a su buzón de notificaciones de ciudadanía digital si lo tuviera.

(...)." (el resaltado es nuestro).

Para tal efecto y tratándose de dichos actos, la citada disposición legal -art. 163 del CPP-, además, de enfatizar que la notificación deberá ser personal, determina el cumplimiento de ciertas formalidades con el objetivo de lograr que el acto de comunicación cumpla su finalidad, que no es otra que la de hacer conocer a las partes involucradas el conocimiento efectivo y real de dichas resoluciones, disponiendo entre otras, que para el caso de que la notificación sea realizada en audiencia, se deberá entregar una copia del registro digital dejando constancia de su recepción, de lo que se entiende que, contrariamente a lo previsto en el art. 160 del CPP respecto a que las resoluciones emitidas en audiencia serán notificadas con el solo pronunciamiento sin ninguna otra formalidad; para el caso de las notificaciones personales previstas en el art. 163 de la norma adjetiva penal, cuando la sentencia o resolución sea dictada en audiencia y la notificación se realice en la misma, debe entregarse copia del registro digital sentando constancia de ello, un requisito establecido para dar la efectividad y validez de la diligencia en cumplimiento de la citada norma procesal penal.

En consecuencia, y en el marco de dichas previsiones, se tiene que, la notificación personal con estas resoluciones, entre ellas, las sentencias y resoluciones de carácter definitivo y las formalidades con las que debe practicarse no son un fin en sí mismo, sino que están orientadas precisamente a efectivizar derechos fundamentales como los de defensa, de impugnación de las resoluciones, de acceso a la justicia, los que se verían afectados si acaso el acto de comunicación no cumple con su finalidad.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

El art. 8.II de la CPE, se sustenta entre otros valores: en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta, el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria; entre ellos, el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema.

Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, han previsto medios de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma que en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE1 a través del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa.

En tal sentido, la SC 0044/2010-R de 20 de abril2, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus ?ahora acción de libertad? expuso las tipologías de esta acción, siendo estas, el habeas corpus preventivo y correctivo, agregando la jurisprudencia constitucional al habeas corpus restringido; y ampliando su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

"Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales..."

A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

"Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril)."

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

"...en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad."

III.2.1. Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho

De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia su observancia.

En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:

La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:

Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, su similar 0384/2011-R de 7 de abril3, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:

Asimismo, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP, al tratarse de un actuado de mero trámite, dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de 24 horas:

"...ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento."