Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0735/2019-S3 Sucre, 10 de octubre de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional
Expediente: 29414-2019-59-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 54/2019 de 21 de mayo, cursante de fs. 213 a 219, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erika Katherine Hurtado Rosado y Raúl Guillermo Almaraz Lobos en representación de NIBOL Limitada (LTDA.) contra María Cristina Díaz Sosa y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera y Segunda respectivamente del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 26 de abril y 6 de mayo de 2019, cursantes de fs. 90 a 105 y 109 y vta., la parte accionante, manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante licitación pública CUCE 13-0906-00-434010-1-1 el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija convocó a empresas interesadas a presentar propuestas conforme el Documento Base de Contratación (DBC) aprobado por Resolución 137/2013 de 31 de diciembre, para la adquisición de maquinaria. Como resultado de dicha contratación pública, se suscribió el contrato 05/2014 de 24 de febrero, entre NIBOL LTDA. y la Entidad señalada, el 18 de marzo de 2014 y protocolizado mediante Testimonio 93/2014 de 26 del mismo mes y año, dándose de esta manera inicio a la entrega del objeto del contrato.
Por memorial de 3 de agosto de 2015, NIBOL LTDA. formalizó demanda contenciosa administrativa de cumplimiento de contrato, orden de intereses establecidos en el contrato, orden de pago de multas y costas procesales, pago de daños y perjuicios y declaratoria judicial de ineficacia absoluta de actos jurídicos por vicios no susceptibles de confirmación y/o convalidación; incoada contra la citada Institución; toda vez que, de la totalidad de los ítems adjudicados fueron entregados y recibidos a excepción del ítem 5 (vibrocompactadora rodillo liso de 10 toneladas) y el ítem 6 (vibrocompactadora pata de cabra de 10 toneladas mínimo) que fueron ilegal y arbitrariamente observados por los miembros de la Comisión de Calificación, procediendo a rechazar su recepción mediante nota de 23 de mayo de 2014, en el entendido de que el "MOTOR ES DE ORIGEN CHINO" (sic) lo cual contravenía lo señalado en las especificaciones técnicas del DBC, sin tomar en cuenta que el equipo ofertado por su empresa tenía como origen "INDONESIA", rechazando los equipos vibrocompactadores marca SAKAI modelo SV512DF.
Ante el hecho suscitado, NIBOL LTDA. realizó las aclaraciones y justificaciones mediante nota CITE C.E. 545/2014 de 23 de junio, misma que, no fue puesta en conocimiento de los responsables directos del proceso de contratación; en esta misma se explicaba que SAKAI es una multinacional de origen japonés que constituyó fábricas en varios países del mundo con igual calidad de sus productos fabricados, por lo cual ofrecía la misma garantía sin importar el país de fabricación. El ensamblado de los equipos se lo realizaba con componentes y materia prima de distintas partes del mundo, los que se encuentran sujetos a normas de controles de calidad, certificando su producto con la empresa SAKAI HEAVY INDUSTRIES LTDA., con casa matriz de Japón. Por carta CITE C.E. 621/2014 de 14 de julio, hicieron conocer esta situación a la Dirección Departamental de Contrataciones de la Entidad pública citada, a los fines de que aplique el procedimiento legal establecido para estos casos y garantice la equidad; de igual manera por oficio con CITE C.E. 142/2015 de 19 de febrero, como muestra de responsabilidad, transparencia y legalidad, procedió a la renovación de las boletas de garantía de cumplimiento de contrato de los ítems 5 y 6 con vigencia hasta el 19 de junio de ese año y al 17 de septiembre del mismo año. A través de CITE C.E. 188/2015 se puso en conocimiento del Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, solicitando se emitan los informes técnicos y legales a los fines de resolver en base al Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009; pues conforme el DBC en el numeral tres, subtitulado como "Generalidades", las características del equipo y motor debían ser de última generación, cumplir con las normas ambientales y no tener partes o sistemas reacondicionados y en cuanto al país de origen señaló: "País de origen; (indicar no chino)"; sin embargo en el numeral cuatro con subtítulo "Especificaciones Técnicas" en lo referido al motor, numeral cinco, en ninguno de los incisos expresaba la prohibición ni la exigencia del origen del motor; infiriendo de ello que los Informes de la Comisión de Calificación, el Técnico 001/2015 de 13 de marzo y el Legal 16/2015 de 9 de marzo, forzadamente sustentaron el ilegal rechazo de los equipos, sin valorar de manera legal y objetiva las especificaciones técnicas del DBC en las que no existía mayor exigencia respecto al origen del motor; contrario a ello el citado Informe Legal no mencionó que:
- a)Los equipos fueron entregados por NIBOL LTDA. dentro del plazo de ochenta y nueve días;
- b)No especificaron sobre las notas aclaratorias C.E. 545/2014, 621/2014 ni se les hizo conocer el informe final;
- c)Soslayaron la póliza de importación de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y el certificado de origen del Ministerio de Comercio de la República de Indonesia que fueron entregados a la precitada Entidad;
- d)No valoraron que el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija no cumplió el plazo de inspección de prueba del vehículo que era de dos días; para finalmente concluir y recomendar la resolución de contrato por la causal prevista en la Cláusula Décima Octava numeral 2.1. inc. e); es decir, por supuesto incumplimiento del plazo dentro la provisión sin que el proveedor adopte medidas innecesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de entrega dentro del plazo acordado.
Por el antecedente expuesto, se inició demanda contenciosa en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, de la que emergió la Sentencia 01/2017 de 17 de marzo, emitida por la Sala Social, Seguridad Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, por la que se declaró probado el proceso de cumplimiento de obligación contractual e ineficacia de resolución de contrato practicada en sede administrativa y pago de daños y perjuicios, precisando que:
- 1)NIBOL LTDA. cumplió con la entrega de los bienes estipulados en el contrato entre ellos los ítems 5 y 6 Vibrocompactadora Rodillo Liso y Vibrocompactadora Pata de Cabra ambos de 10 t., encontrándose los mismos en instalaciones del Servicio Departamental de Caminos SEDECA;
- 2)Dentro de las especificaciones técnicas exigidas para el motor, no se consignó ninguna limitante o condición con relación al país de origen, por consiguiente, la prohibición de motor chino no fue estipulada por la entidad contratante;
- 3)NIBOL LTDA., cumplió con la entrega de los bienes ítems 5 y 6 de procedencia indonesa de conformidad al contrato y a los documentos que forman parte del mismo; y,
- 4)Se rechazó la recepción de los citados bienes sin hacer una objetiva valoración de los documentos base contratación y se incumplió con el procedimiento establecido para realizar la efectiva resolución de contrato.
Incoado recurso de casación por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, como respuesta al mismo los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitieron los Autos Supremos 2 de 10 de enero y de 26 de febrero -sin número de aclaración, enmienda y complementación-, ambos de 2019, que son lesivos a los derechos fundamentales y atentatorio al ordenamiento jurídico porque resolvieron señalando que: "...la sentencia incurre en una apreciación indebida de los hechos que se traduce en un error de derecho en la valoración de la prueba documental..." (sic); asimismo afirmando que: "En consecuencia, ya no existía la necesidad u obligación de consignar en las especificaciones técnicas el origen del motor, puesto que ya estaba expresamente indicado, cuando suprime que el equipo de motor sean chinos" (sic); argumentos con los que el Tribunal Supremo declaró infundado el recurso de casación en la forma y deliberando en el fondo casó la Sentencia 01/2017 y declaró improbada la demanda de incumplimiento de contrato, consecuentemente legal la resolución contractual emitida al efecto.
Por lo que, se violó la garantía y derecho al debido proceso, así como a contar con una resolución debidamente fundamentada y congruente, tanto de manera interna como externa; toda vez que los Magistrados demandados no consideraron sus argumentos y alegaciones expuestas en la contestación del recurso de casación y en relación al fundamento de la parte recurrente cuando alegó error de derecho en la valoración de la prueba documental, precisando que: "...no cumple con el presupuesto establecido en el artículo 153 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil, que exige que el recurrente adjunte a tiempo de formular la casación los documentos y/o actos auténticos por los cuales se demuestren fehacientemente la equivocación en la cual se hubiese incurrido" (sic). De igual manera, se vulneró el principio de congruencia interna, motivación y debido proceso, al señalar en el citado Auto Supremo cuando analizó y valorizando el DBC evidenciaron que no existía la exigencia de que el motor no sea de origen chino, para posteriormente resolver en casación en el fondo y establecer de manera discordante que era una condición el requerimiento de que el motor no sea de fabricación china; existiendo razonamiento contradictorio porque concluyen en el último párrafo que: "...En tal sentido el Documento Base de Contratación (DBC), no se lo interpreta cláusula por cláusula o de forma aislada sino que responde de forma conjunta a condiciones del contratante, para el bien del servicio solicitado..." (sic); existiendo razonamientos contradictorios y antagónicos que hacen de la resolución emitida incongruente, porque primero arriban a la conclusión de que lo resuelto en primera instancia se encuentra debidamente fundamentado y luego analizaron el DBC y adoptaron otra posición, arribando a una conclusión contraria para posteriormente casar la sentencia y declarar probada la misma al establecer que existía la exigencia de que los motores no sean chinos.
Denunció asimismo, la transgresión de la garantía y derecho al debido proceso, ya que los Magistrados demandados, realizaron una labor no peticionada en el recurso de casación en el fondo, resultando violatorio a los arts. 253 y 254 del CPCabrog, ya que no se aplicó objetivamente dicha disposición legal, en cuanto a la revalorización de la prueba debió considerarse todas y de manera conjunta; es decir, confundieron el error de hecho que refiere a la valoración intrínseca de un documento, con el de derecho, relativo a que determinada prueba debe ser revisada conforme su naturaleza probatoria y no de otra manera.
I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados La parte accionante alegó como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia interna y externa; citando al efecto los arts. 14.I, 115 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto los Autos Supremos 2 de 10 de enero y el de 26 de febrero -sin número de aclaración, enmienda y complementación -, ambos de 2019.
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