Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0736/2019-S1 Sucre, 12 de agosto de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 28073-2019-57-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 02/019 de 15 de marzo de 2019, cursante de fs. 473 a 477 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Augusto Agustín Herrera Salinas contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 20 y 28, ambos de diciembre de 2018, cursantes de fs. 399 a 407 vta., y 412, el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso de reivindicación, entrega y devolución de fracción de inmueble, daños y perjuicios instaurado en su contra a instancia de Cirila Rivera Ríos -ahora tercera interesada-, se emitió la Sentencia de 18 de noviembre de 2016, que declaró probada la demanda, por lo cual, interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Auto de Vista SCCF II 77/2017 de 14 de febrero, que confirmó totalmente la mencionada Sentencia, habiendo en consecuencia formulado recurso de casación que fue definido a través del , pronunciado por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -hoy demandados- declarando infundado el mismo, determinación que considera como el acto vulnerador de sus derechos y garantías constitucionales.
Así, manifiesta que el Tribunal de casación incurrió en una incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado sobre el punto IV del memorial de casación en el que acusó que los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, supuestamente cometieron un error de derecho al transgredir lo previsto en los arts. 441 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg) concordante con el 202 del actual Código Procesal Civil (CPC), al no haber valorado correctamente los informes periciales tanto de la actora como del demandado en el proceso en cuestión, incurriendo de este modo en error de derecho al confirmar totalmente la Sentencia apelada, que solo se basó en el informe del perito dirimidor, sin considerar que el principal cometido del mencionado Tribunal como revisor era apreciar y valorar de manera conjunta todos los informes periciales, comparando las conclusiones de cada uno de los peritos, así como las evidentes contradicciones de mensura, motivo de la expresión de agravios en el recurso de apelación interpuesto, concluyendo que el Tribunal de segunda instancia, a tiempo de valorar la prueba, incurrió en infracción de los arts. 441 del CPCabrg concordante con el 202 del CPC, aspecto sobre el cual el Tribunal de casación omitió analizar y resolver dicho motivo, habiéndose únicamente limitado a mencionar que los informes periciales de cargo y descargo llegaron a conclusiones contradictorias y que por ello el Juez de primera instancia consideró contar con un criterio técnico que dirima la controversia, pero nunca se refirió a que si es evidente o no que el Tribunal de alzada incurrió en infracción de los citados artículos, que no observó que se debía valorar no solamente el informe del perito de oficio sino también aquellos realizados por los peritos de las partes, y todos ellos en conjunto; por lo que, al no resolver si los Vocales que emitieron el Auto de Vista impugnado infringieron los precitados artículos, los Magistrados demandados incurrieron en una incongruencia externa, vulnerando su derecho a una resolución congruente al no referirse sobre todos los motivos del recurso de casación planteado.
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
El impetrante de tutela considera lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia de las resoluciones, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada y en efecto se disponga la nulidad del , debiendo dictarse un nuevo Auto Supremo que respete los derechos y garantías constitucionales.
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